Tres días después de votar contra una resolución por los derechos de las pueblos originarios, Argentina se vio envuelta este jueves en una nueva polémica dentro de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Nuestro país fue el único en oponerse a un documento -presentado ante el organismo el pasado 11 de noviembre- en apoyo a la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
El escrito cuenta con las rúbricas de naciones tales como Alemania, Chile, España, Bolivia, Italia, Ucrania, Uruguay y Venezuela, entre otras. Todas y cada una de ellas se comprometen a “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.
A diferencia de Argentina, 170 países votaron en favor de la resolución -incluido Estados Unidos e Israel- y sólo 13 se abstuvieron: Bielorrusia, Burundi, República Popular de Corea, Irán, Libia, Mali, Nicaragua, Níger, Nigeria, Rusia, Senegal y Siria.
A lo largo del documento, de 19 páginas de extensión, se destacó “la importancia de combatir la trata de personas para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas por medio de la aplicación de manera plena y efectiva del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
Se remarcó también que “las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel importante a la hora de empoderar a las mujeres y las niñas para que ejerzan todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de opinión y expresión, y de posibilitar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y, en su caso, de las niñas en la vida política, económica, cultural y social, y poniendo de relieve a este respecto la necesidad de colmar las brechas digitales dentro de los países y entre ellos, en particular la brecha digital de género, a fin de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.
Argentina y los derechos de los pueblos indígenas
El lunes, en la primera votación de Argentina ante la Asamblea General de la ONU con Gerardo Werthein al frente de la Cancillería, nuestro país también había sido la única nación en votar contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para aquel caso concreto, 168 países que formaron parte del encuentro se pronunciaron a favor -uno de ellos fue Estados Unidos, con el que la administración Milei busca alinearse; Israel, otro aliado estratégicos del Presidente, no participó de la asamblea-.
Además hubo un total de siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia. La primera versión del documento de la resolución fue presentada en el mes de octubre. El pasado lunes se hizo entrega ante el organismo de un nuevo borrador, con la rúbrica de 22 países miembro: Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Islandia, Liberia, Noruega, Nicaragua, Perú, Paraguay, Suecia y Venezuela.
El escrito busca adherirse, en rasgos generales, a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas. Al momento de hacer uso de la palabra, la ministra plenipotenciaria de la tercera comisión de la misión permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, Andrea Repetti, explicó la postura del país: “La Argentina favorece la protección de los derechos de las poblaciones indígenas en sus diversas tradiciones culturales en la medida en que la riqueza y la diversidad cultural aporta a la vida social (sic)”.
Y agregó: “Considera, sin embargo, que en el documento sujeto a votación no figura suficientemente garantizado el acceso a los derechos humanos a las poblaciones indígenas sin discriminación”. “La afirmación de la promoción de prácticas ancestrales puede dar lugar a la validación de tradiciones que podrían estar encontradas con los derechos fundamentales de mujeres y niñas, o el derecho a la salud y acceso al progreso científico”, señaló Repetti.
Y concluyó: “El uso de terminologías ambiguas y amplias dificulta y confronta con derechos humanos de garantía universal. Argentina celebra el respeto a la libertad religiosa y cultural de todas las personas, siempre en el marco de la universalidad de los derechos humanos para todos y quiere seguir contribuyendo y trabajando para que esa garantía sea realidad sin discriminación alguna”.
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