En la Suprema Corte de Mendoza hay incertidumbre. El mandato del actual presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, vence el 25 de noviembre. Si bien es cierto que la rosca por los votos se estira hasta el último suspiro, la convocatoria a dirimir la cuestión siempre se hace con cierta anticipación. Esta vez, la invitación a debatir la sucesión todavía no se hace.
Para algunos la postergación en esa convocatoria es un dato: “la tiene que hacer el presidente y no la ha hecho. Parece que no tiene los votos para seguir”, dicen en los pasillos de tribunales. Otros indican que Garay ha estado ocupado colaborando con la Justicia Federal en la organización del balotaje presidencia que este domingo.
Hace casi un mes, Los Andes indicaba que había charlas preliminares y que había dos supremos en carrera: el actual titular y José Valerio. A una semana de la renovación de autoridades esos nombres siguen en pie, pero ninguno suma la cantidad de votos suficientes para llevarse la presidencia. Dicen que Garay tiene tres votos de siete (incluida su propia voluntad) y Valerio dos (incluido el propio). Si esa versión es cierta, habría cinco posiciones definidas y quedan dos indefinidos.
La importancia de los números
Hay un elemento nuevo en la definición, introducido por la nueva ley que regula el funcionamiento de la Corte, la 9423, sancionada en octubre del año pasado: hacen falta cinco votos para elegir a nuevo presidente; si ninguno de los candidatos lograra el número mágico en la primera ronda de votación, debería hacerse una segunda, en la que se reconsiderara el voto. Nota al pie: otro dato que estira la definición y genera más incertidumbre acerca de por qué no se ha convocado aún a debatir la sucesión.
El artículo 5 dice que “si luego de dos rondas de votación no se llegara a un acuerdo, en tercera ronda de votación podrá ser elegida/o por simple mayoría de votos computada sobre la totalidad de sus miembros”.
Pero además, hay otro detalle que no se suele mencionar. Hay que elegir dos vicepresidentes. Esas tres autoridades conforman lo que se denomina sala administrativa. El artículo 3 de la ley 9423 dice que la “Sala Administrativa, integrada por la Presidencia y las Vicepresidencias Primera y Segunda”, tiene entre sus funciones designar funcionarios y empleados; organizar Tribunales Inferiores y Juzgados; constituir sedes alternativas de los Tribunales; “ejercer el control general y permanente sobre la administración de justicia y sus sistemas de administración financiera, administración de bienes y servicios, administración de recursos humanos”.
Todas atribuciones que definen el uso de la caja del Poder Judicial y de sus recursos humanos. A eso se suma también intervenir en el proceso de selección de futuros magistrados, dato que también la sala administrativa tiene la facultad de “convocar y fiscalizar el proceso de elección de magistrados/as para integrar el Consejo de la Magistratura”.
Así pues, la elección del presidente de la Corte es más que un proceso de rosca judicial. A partir de la modificación introducida por la ley, los candidatos podrían establecer alianzas con otros magistrados para conformar la poderosa sala administrativa de la Corte. Y eso redefine el proceso de obtención de los cinco votos que se requieren para ser presidente de la Corte, porque se empieza a analizar el control de la caja, los recursos humanos y la influencia en la selección de los candidatos a jueces.
La institucionalidad en juego
En este punto, conviene recordar la ya conocida “grieta judicial”: la Corte tiene tres supremos nombrados en gobierno peronistas (Mario Adaro en el de Celso Jaque; Omar Palermo y Julio Gómez en el de Francisco Pérez), mientras que cuatro lo fueron en gestiones radicales (Pedro Llorente en el de Santiago Felipe Llaver, Dalmiro Garay y José Valerio en el de Alfredo Cornejo y Teresa Day en el de Rodolfo Suárez). La Constitución de Mendoza establece que los ministros de la Corte son propuestos por el Gobierno de turno y votados por la Cámara de Senadores.
Esta grieta empezó a agitarse cuando Alfredo Cornejo llegó por primera vez a la Gobernación de la provincia. Durante esos cuatro años las relaciones entre Poder Ejecutivo y Judicial atravesaron momentos tensos, sobre todo entre el entonces mandatario y el ala peronista de la Corte. Así la vuelta de Cornejo al sillón de San Martín es una sombra que se extiende desde Casa de Gobierno hacia el Palacio judicial.
Para algunos de los que observan la pelea por la presidencia de la Corte, Garay es el “caballo del comisario Cornejo” (nota de la redacción: Garay fue ministro de Gobierno en la primera mitad del primer mandato), mientras que Valerio es “la astilla del mismo palo”, nombrado en 2016 a propuesta del entonces gobernador y futuro mandatario, pero con cierta autonomía: “Los que estamos acá todos somos corporación judicial, pero Valerio es expresión más tradicional frente a Garay, por tiempo de pertenencia (fue fiscal correccional, juez de instrucción y camarista antes de llegar a la Corte) y por formación”.
“Hay una presión fuerte de allegados a Cornejo para que sea Garay el elegido. Si la Justicia es independiente habría que dar un gesto: mientras Conejo no era gobernador, no hay problema, pero con Conejo gobernador no está bien que el presidente de la Corte sea su ex ministro de Gobierno. Además, Valerio es radical y la verdad es que suma algunas concreciones: organizó los juicios por jurado y los tribunales colegiados, quizá de las mayores reformas de la Justicia”, dice un analista de la rosca judicial.
Las muestras de independencia de Valerio parecen jugarle en contra entre los propios y granjearle la simpatía de alguno de los ministros nombrados por el peronismo. Dicen que uno de ellos lo banca, mientras que los otros todavía analizan el panorama.
Por el otro lado, Garay tendría el apoyo de los otros dos supremos nombrados por el radicalismo: Teresa Day y Pedro Llorente y le hacen falta dos votos mas para ser ungido presidente en primera o segunda vuelta. ¿Habrá una oferta o un pedido de los dos supremos indefinidos para que ocupen alguna o las dos vicepresidencias?
Lo mismo podría ocurrir con Valerio, si pudiera mantener posiciones hasta la tercera vuelta, en la que se define por simple mayoría y podría estar secundado con dos vicepresidencias de supremos propuestos por el peronismo.
El conflicto caliente
El 31 de octubre informábamos de una pelea que calentaba las relaciones. En julio pasado, en plena feria judicial, el Consejo de la Magistratura decidió remover a todos los integrantes de la comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, por “incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo”. De acuerdo a los argumentos, todos los miembros de la comisión penal fueron removidos luego de que se detectaran supuestas “faltas al reglamento” en el desarrollo de las pruebas orales a quienes quieren ser magistrados.
La desafectación alcanzó a magistrados, abogados e incluso ex funcionarios provinciales que tomaban los exámenes de los aspirantes a jueces. Para algunos la decisión habría sido una maniobra orquestada en las sombras por Cornejo, para influir en la selección de magistrados. Otra vez la cuestión de la institucionalidad aparece en el debate.
Los ecos de ese conflicto se escuchan todavía en los pasillos de tribunales. Y los señalados son Garay y Teresa Day; por eso el tema entra en el ruido preelectoral en la Corte. Casi como un eco paralelo al balotaje de este domingo, la consigna “continuidad o cambio” también se escucha en el Poder Judicial.
