Los esfuerzos del Gobierno nacional y la Justicia dieron resultado, ya que Argentina evitó caer en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, según se anunció este jueves en el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De haber entrado, se esperaban consecuencias sobre la reputación de la economía y los mercados.
El GAFI aprobó el examen, llamado Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, que valoró si nuestro país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Analizó las leyes y la efectividad en el dictado de condenas y sanciones administrativas.
La última evaluación formal había sido en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
A principios de año, un grupo de evaluadores viajó a Buenos Aires para avanzar en los poderes del Estado y el sector privado. Luego, en agosto, una comitiva nacional fue a Francia para reunirse con los encargados de certificar con el fin de ratificar que estuviera encaminada la evaluación positiva. Se estaban considerando las acciones tomadas durante el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este 2024, por lo que había cierta cautela.
La comitiva argentina que fue a París está integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Finalmente, la votación entre las 200 jurisdicciones que integran la red mundial del GAFI se hizo esta mañana, con presencia de la delegación nacional, y dio favorable a Argentina.
Si el resultado era negativo, Argentina hubiera terminado en una “lista gris”, junto con Venezuela y Haití, con consecuencias sobre la economía y los mercados.
Según Clarín, más que la gestión del gobierno de Fernández entre 2019 y 2024 que usó a la Unidad de Información Financiera (UIF) para lograr la impunidad de Cristina, pesó en la decisión del GAFI el avance de la Justicia en las condenadas y decomisos de bienes a lavadores de plata de la corrupción, el narcotráfico o la evasión impositiva, entre ellas la de Lázaro Báez, condenado a diez años de prisión por “la ruta del dinero K”.
En total, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante y titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) Juan Tomás Rodríguez Ponte, informó que el periodo 2019 a marzo de este año se dictaron 91 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos.
“El Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, reconociendo que el país aún enfrenta desafíos importantes en esta lucha. Con responsabilidad, asumimos nuestra tarea de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el firme objetivo de recuperar la confianza internacional y asegurar un crecimiento económico que beneficie a todos los argentinos”, dijo el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.
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