El Gobierno argentino, a través de su representante ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, presentó una denuncia formal contra el gobierno de Nicolás Maduro. La acusación señala “el asedio” a la embajada en Caracas, donde se refugian seis dirigentes opositores al chavismo desde marzo.
Desde hace varios días, el Gobierno de Venezuela cortó el suministro de energía eléctrica y agua de la embajada. Cabe mencionar que, actualmente, el consulado se erige bajo bandera de Brasil, luego de la expulsión de la delegación diplomática argentina en agosto.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, sostuvo Oyarzábal, quien es además el embajador argentino en Países Bajos, informó Noticias Argentinas.
El diplomático también advirtió sobre el “asedio” a la embajada en Caracas “por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro”. Las seis personas asiladas son colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, mientras que el Gobierno de Maduro sospecha que se encargan de planificar acciones “terroristas”.
La solitud de Mario Oyarzábal ante la Corte Penal Internacional
En tanto, Oyarzábal solicitó a la CPI, con sede en La Haya, que actúe “con determinación” para juzgar los “crímenes de lesa humanidad” que le atribuye al Gobierno venezolano.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía”, señaló. Según señaló, “desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado”, consideró Oyarzábal.
Al respecto, aseguró que las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” requieren investigaciones “rigurosas”. “La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, concluyó.
