La escuela inicial y primaria doctor Carlos Padin, ubicada en el oeste de Godoy Cruz, tiene unos 140 alumnos, pero podría recibir muchos más. “Han venido muchos chicos, pero no hemos podido darles banco”, lamenta un celador del establecimiento. Tienen un problema allí para satisfacer la demanda: la estructura principal del colegio, que tiene dos pisos, aulas grandes y hasta un ascensor, no se encuentra en uso por graves problemas edilicios y la están restaurando por completo.
¿Llegarán a repararla para el inicio de clases 2024? Algunos obreros y directivos dudan. Tal vez estén listas las aulas de una de las plantas. El trabajo es amplio, porque el deterioro era tal que estaba cediendo la estructura y hay que reparar prácticamente todo: pisos, paredes, techos, baños, etcétera.
En las planillas del Ministerio de Educación de la provincia, la escuela Padin figura con un presupuesto de 35 millones de pesos para refuerzo estructural, cañerías de gas y provisión de artefactos nuevos, entre otras cosas. Es uno de los presupuestos más altos, pero muchas más escuelas de la provincia aparecen también en las planillas con fondos destinados para arreglos importantes, para los que hay un tiempo acotado: el receso veraniego.
La pregunta de muchos llega a oídos del encargado de solucionarlo: el flamante subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo: ¿llegarán todas las escuelas de Mendoza en condiciones para cuando arranquen las clases?
El funcionario, con pocos días en ejercicio de su cargo, es optimista, pero evitar ser concluyente: “Vamos a intervenir al menos el cincuenta por ciento de los edificios escolares. Estamos viendo que no haya problemas en el inicio del ciclo lectivo y trataremos de llegar de la mejor manera posible”, afirma.
Fondos millonarios
Mendoza tiene 1.340 edificios escolares en total, para primaria y secundaria, y a la subsecretaría de Daparo le han destinado 15.000 millones de pesos para conseguir el objetivo de que todas o gran parte de ellas estén en condiciones al menos para el 26 de febrero, cuando comienza el próximo ciclo lectivo.
No se sabe si 15.000 millones de pesos es mucho o poco en un país con la inflación marchando al ritmo del 25% mensual y el peso cada vez más devaluado. Lo que es un hecho es que el Gobierno escolar los quiere invertir rápido, para que le rindan: “13.000 millones de pesos están en ejecución”, señala Daparo.
La plata se viene gastando desde diciembre. Antes de que comenzara esta gestión se firmaron 40 contratos de obra con pymes de la construcción por cifras no inferiores a los 200 millones de pesos cada una. El 8 de este mes, agrega Daparo, se sellaron otros 36 contratos de similares características.
En la Subsecretaría de Infraestructura destacan unas 200 obras grandes por 2.300 millones de pesos en total (baños nuevos, recambio de techos, renovación de pisos) que no se pueden demorar más de 30 días. El funcionario se juega con un pronóstico respecto de ellas: “Las vamos a terminar a mediados de febrero o en los primeros días de marzo”, afirma.
Cómo se hacen las obras
Para las reparaciones, el mapa de Mendoza ha sido distribuido en “zonales”, en los cuales se aplica lo que en el mundo de la obra pública se denomina “sistema de coeficiente de impacto”.
Dentro de cada zona hay un número determinado de escuelas y cada contrato señala las obras que las empresas tienen que hacer. En otras palabras, no se licitan obras en particular, sino un “paquete” de reparaciones diversas en distintos colegios. Cada paquete es de 200 millones de pesos, en promedio.
Hay más de 60 pymes ocupadas de los trabajos que les han encargado. Cecim, la cámara que agrupa a las pequeñas empresas de la construcción de Mendoza, agradece que esta porción de la obra pública se esté moviendo en un contexto recesivo, aunque tiene observaciones sobre la forma de cobro de los trabajos (ver aparte).
Más allá de eso, en el Gobierno Escolar miran el vaso medio lleno y señalan que hay decenas de empresas constructoras pequeñas en plena actividad por estos días, gracias a la urgencia que tiene por reparar los colegios.
Explica Daparo que el criterio ha sido pensar en el verano, pero también en las inclemencias del invierno. Por eso destaca que hay 350 colegios en los que se instalarán para el comienzo de clases 2.000 ventiladores de pared, mientras, a la par, hay contratos firmados por 1.500 millones de pesos para la renovación de la red de gas natural o envasado en 50 escuelas.
Además, señala que se están pintando entre 400 y 500 escuelas, con personal propio y con participación de los municipios. También promete que, más allá del inicio de clases, su área habilitará cuadrillas de tres personas con vehículos utilitarios para salir a atender urgencias edilicias que surjan durante el dictado de clases. Y habla de una de las innovaciones de este gobierno: la capacitación de celadores para que se ocupen de hacer arreglos menores.
Actualmente hay unos 60 celadores que adquieren conocimientos en electricidad, plomería y gas para ocuparse de los arreglos que sean necesarios. “A fin de 2024 tiene que haber al menos un celador capacitado por colegio”, se plantea como objetivo.
Bancos, sillas y más plata para los directores
En la última Vendimia, el SUTE hizo que se viralizaran fotos de niños tomando clases sentados en tachos de pintura. La DGE dijo que eran viejas y desmintió que hubiera un problema grave con el mobiliario. Más allá de la polémica, el nuevo gobierno asegura que a fines de febrero habrá bancos y sillas para todos los alumnos.
“En 15 o 20 días se van a entregar 2.000 sillas y 1.000 mesas en los colegios. También hay un proceso de recuperación del mobiliario, se reparan 200 sillas y mesas por semana”, afirmó Daparo al respecto.
A todo lo detallado, el subsecretario de Infraestructura Escolar le agrega los recursos que el Ministerio de Educación depositará en las cuentas de las escuelas como “fondo de inicio de clases”, para que los directivos puedan afrontar recargas de matafuegos, limpieza de tanques de agua y elementos de limpieza.
El fondo en cuestión se ha ampliado, según el Gobierno provincial, más de 100%, y va a tener un piso de 280.000 pesos y un techo de 900.000. Según el Gobierno, la plata está llegando desde el fin de semana pasado a las cuentas de los colegios.
“Antes íbamos detrás del problema, a partir de este año nos estamos anticipando”, asegura Daparo, a modo de síntesis. Sostiene además que el operativo de reparación de escuelas se aceleró al doble en las últimas semanas y que los municipios “están acompañando”.
Considera, como el gobernador Alfredo Cornejo, que el énfasis debe estar en mantener y ampliar las escuelas que hay, más que pensar en hacer nuevas. Señala también que uno de los fenómenos que alteran toda planificación es el vandalismo, que ataca bastante seguido en unos cuantos colegios de Mendoza.
Mientras los funcionarios explicaban planes y hablaban de dinero, en la tórrida tarde del viernes último, todavía había un grupo de obreros que seguía trabajando cerca del pedemonte, en la escuela Padin. Pintaban y colocaban pisos. Ellos y los celadores estaban contentos con el trabajo que se ha hecho hasta aquí.
No sabían si el abandonado ascensor de este edificio que tiene 30 años de antigüedad tendrá alguna cabida en los arreglos que se están haciendo, pero por lo pronto, destacaban que las obras sirvieron para evitar un colapso general de la estructura edilicia.
Algunas aulas todavía eran depósitos de materiales, pero todos querían llegar a tiempo, para el inicio de clases, con lo que más se pueda arreglar. Por alguna razón, de la fachada del colegio de Godoy Cruz nunca fue descolgado un viejo cartel de 2016 con el anuncio de una obra por 2 millones de pesos. Una ínfima parte de lo que apenas 8 años después se está gastando para evitar que el colegio se venga abajo.
El reclamo de los constructores
Los pequeños empresarios de la construcción celebran el sistema aplicado por el Gobierno para reparar escuelas, pero también tienen una queja: las demoras en el pago de las obras.
Atilio Calzetta, vicepresidente de Cecim, señaló ante la consulta de este diario que “este sistema camina bien”. Lo dice en referencia al sistema de coeficiente de impacto, por el cual cada firma accede a hacer los arreglos de cinco o seis escuelas por un monto determinado de dinero.
Pero agrega: “Debido a que estas obras se han licitado con otra macroeconomía y hemos tenido 130% de devaluación, la forma de pago es lo que debe cambiar”.
“Las empresas son pymes, no tienen espalda para la forma de pago que establece la ley de obra pública, que es de 60 días. Se deben cobrar a los 25 días como máximo, porque si la obra se ejecuta en diciembre y se cobra a fines de febrero, no se llega más con los reajustes”, plantea Calzetta.
Desde Cecim han pedido una audiencia con el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, pero hacer este planteo, que no es nuevo en el sector de la obra pública mendocina.
Por su parte, el funcionario aludido dijo a Los Andes que están acortando el plazo de pago a las empresas. “Estamos tratando de llegar a los 45 días”, señaló.
