Mientras asegura que los delitos violentos van “a la baja” en Mendoza, el Gobierno provincial intentará enfocarse de lleno a partir de ahora en la prevención de los delitos “menores”, que tienen a maltraer a parte de la ciudadanía mendocina, que sufre a diario el robo de celulares, bicicletas y autopartes, entre otros.
A través de un proyecto que envió el Poder Ejecutivo hace algunas semanas, que rápidamente la Legislatura convirtió en ley, se dotará de más poder a la Policía de Mendoza, para que pueda inspeccionar -y en cualquier caso desbaratar- los negocios, muchos de ellos informales, que comercializan bienes muebles, que en muchos casos ingresan al mercado de manera ilegal, producto del robo.
Para eso, la Cámara de Senadores convirtió en ley este martes, y de manera unánime, el proyecto que crea un Sistema Preventivo de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, que forma parte del paquete de Leyes de Seguridad remitido por el Poder Ejecutivo.
Esta medida busca “actualizar y sistematizar” el régimen existente, estableciendo controles “rigurosos, especialmente en el ámbito de las autopartes”.
Más poder a la policía
En diálogo con Los Andes, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que asistió a la sesión, admitió que actualmente los efectivos policiales no pueden inspeccionar los negocios donde se comercializan este tipo de bienes muebles; y que en muchos casos incluso tienen indicios que podrían llegar del mercado negro o clandestino.
De esta forma, se implementará un sistema digital de registro de quienes se dedican a la venta de bienes muebles, cuyos dueños deberán llevar un inventario de los artículos que compran y venden, para tener una “trazabilidad” de los productos, y por ende, combatir la venta ilegal, que en muchos casos proviene de robos.
Para el Gobierno, disponer de un marco legal y normativo, más el trabajo de la Policía, lo que generará es, por un lado, intentar desalentar el robo particularmente de bicicletas, autopartes, celulares y demás, que son “fáciles” de desprender una vez que se roban; y en paralelo también establecer una defensa de los vendedores legales, que tienen sus negocios en regla, ya que en gran parte de las situaciones, quienes venden productos del mercado ilegal, manejan precios sensiblemente menores.
En este sentido, fuentes legislativas aseguraron a este medio que sin esta ley, los policías estaban en cierto sentido “atados de pies y manos”, teniendo en cuenta que no podían actuar ni inspeccionar, y debían tener elementos probatorios para presentar a la fiscalía. “Si no hay controles ni inspecciones, ¿cómo se pueden desbaratar negocios ilegales?”, se preguntaron.
“A partir de hoy el Estado puede tener control de los lugares que venden bienes usados. La policía, una vez que se promulgue y reglamente la ley, tendrá funciones de inspeccionar establecimientos y verificar los bienes en stock de los informados en un sistema”, marcó Rus. También podrán dar aviso a la fiscalía de turno en caso que se detecten irregularidades mayores, mencionó la Ministra.
Y especificó que “habrá un registro con los negocios y los bienes se declaran. Es una situación similar a lo que estamos haciendo con el cobre.
Multas de hasta medio millón de pesos
Por otro lado, un cambio sustancial se dará con el tema de las multas. La Ministra sostuvo que los casos donde se detectaban irregularidades, con la ley vieja regían multas irrisorias, que iban de los $700 a $3.000.
De esta forma, habrá nuevas multas “acordes a la realidad” con el cual se establecerá un régimen sancionatorio para quienes vendan bienes muebles sin prueba de su origen lícito.
De acuerdo a la nueva ley, las sanciones incluyen multas de 1.000 a 4.000 Unidades Fiscales, es decir, de $127.000 a $508.000; o arresto de 40 a 60 días, según el nuevo Artículo 116 bis incorporado a la Ley 9099, Código de Contravenciones.
Se espera que en los próximos días aparezca en primer lugar el decreto reglamentario, con los alcances de cada uno de los artíoculos y también la especificación de quiénes serán los sujetos alcanzados. Luego de eso, se desarrollará el sistema de registro, junto con los plazos para la realización de la inscripción de aquellos que estén alcanzados.
El debate legislativo
La senadora María Galiñares fue quien informó que la propuesta que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, busca actualizar la legislación sobre la compraventa de bienes muebles usados. Esta iniciativa reemplaza la antigua Ley 8124 de 2009, la cual establecía un procedimiento analógico para este tipo de transacciones.
Dada la evolución tecnológica desde entonces, se plantea ahora un sistema digital que facilite el control y registro de estos bienes.
La legisladora radical explicó que, además de modernizar el sistema, la Ley contempla la creación de un registro público de bienes muebles usados. Este registro permitirá a cualquier ciudadano verificar si el vendedor está autorizado y conocer el origen del bien. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia, con la posibilidad de colaborar con organismos nacionales, provinciales y municipales.
El sistema propuesto también incluye un control riguroso de los establecimientos dedicados a la compraventa de estos bienes, así como la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los mismos. Se otorgan facultades al Ministerio de Seguridad para inspeccionar y actuar de manera inmediata en caso de infracciones, de acuerdo con las leyes vigentes.
Dudas y sugerencias
Durante el debate, el senador Dugar Chappel del Partido Verde manifestó su apoyo al proyecto, aunque sugirió la necesidad de una mayor fundamentación jurídica sobre las implicancias de la registración. A pesar de estas reservas, reconoció la importancia de dotar al Ministerio de Seguridad de las herramientas necesarias para combatir el creciente delito.
Por su parte, el senador Armando Magistretti del Partido Demócrata también adelantó su voto afirmativo, destacando la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas para reducir la inseguridad en la Provincia.
El senador Germán Vicchi, jefe del bloque de La Unión Mendocina, apoyó la iniciativa, pero señaló la necesidad de especificar qué tipos de bienes se incluirán en el registro, ya que la definición de «cosa mueble» en el Código Civil es muy amplia. Subrayó que el decreto reglamentario debe ser claro y preciso para evitar interpretaciones confusas.
Desde el Partido Justicialista, el senador Pedro Serra expresó su apoyo al proyecto, pero criticó su falta de especificidad y su enfoque limitado a las transacciones físicas, sin abordar adecuadamente el comercio en línea, que considera el principal foco de delitos relacionados con la compraventa de bienes usados.
En respuesta a estas preocupaciones, la senadora Galiñares aclaró que el proyecto incluye un artículo específico en el Código de Contravenciones (artículo 116 bis), que contempla sanciones para la venta de bienes muebles usados a través de internet sin justificación del origen lícito. Esto permitirá a los agentes informáticos perseguir y sancionar estas actividades.
¿Qué es lo que contempla este proyecto?
La iniciativa destaca la necesidad de modernizar la Ley N°8124 y su Decreto Reglamentario N°1189/10, instaurando un sistema de control e inspección policial más estricto. El objetivo es combatir el mercado ilegal de bienes, que, al mantenerse fuera del control estatal, fortalece el delito.
El texto del proyecto subraya que muchos bienes, como las bicicletas, actualmente quedan fuera del registro establecido por el Decreto N°1189/10, a pesar de ser comúnmente objeto del mercado ilegal. Además, se critica la Ley 9169 sobre autopartes por limitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad, al someterlas al Ministerio Público Fiscal. La nueva legislación permitirá a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y verificar la legalidad de los bienes y su documentación.
El sistema de control propuesto, incluye la creación de un registro sistematizado para el seguimiento de bienes muebles usados en venta, con el fin de regularizar este mercado y eliminar el comercio ilegal. El sistema reemplazará el antiguo método analógico de la Ley N°8124, utilizando herramientas digitales para la trazabilidad de los bienes.
La nueva legislación también establece que los municipios podrán ser depositarios de los bienes secuestrados y que estos podrán ser subastados, destruidos, compactados o adquiridos por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En el caso de las autopartes y repuestos usados, se requerirá que cualquier persona o entidad que comercialice o almacene estas piezas esté inscrita en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac) y cumpla con las normativas de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
