La cámara de Senadores dio sanción final a un proyecto impulsado por el diputado Jorge Difonso, en el cual marca que se quitarán beneficios a quienes usurpen tierras en la provincia.
La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Al momento de la exposición, la senadora peronista Cecilia Juri criticó que la propuesta en cuestión, solo fue aprobada en la Cámara de Diputados por el bloque oficialista.
“Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas”, indicó.
Por su parte, el representante del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, manifestó que votarían en contra del proyecto impulsado por Difonso.
La legisladora Andrea Blandini y el senador Ernesto Mancinelli expusieron que no van a acompañar la propuesta. “Otras soluciones que se han buscado en estos días como la represión en Guernica menos aún lo resuelven y agravan más la crisis. El problema del déficit habitacional es un tema no solo a nivel local sino también nacional”, comentó Mancinelli.
Por su parte, desde el bloque Socialista Fernando Alin expresó que no está de acuerdo con este proyecto. “La falta de vivienda es la mayor falta de dignidad que puede tener el ser humano. Creo que esta ley no soluciona nada”, dijo. En tanto, el senador Héctor Bonarrico expresó que se abstendría a votar este proyecto.
Por último, el senador Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Jorge Difonso. “De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos está mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del Estado”, precisó.
Qué dice el proyecto
El texto aprobado hoy, dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.
Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
En la fundamentación del proyecto, Difonso sostiene que “resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas, en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz”.
“Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas”, añade el diputado.
La intención, sostiene en los fundamentos, es “no sólo la pronta sanción de la presente Ley, sino también la pronta difusión por medios masivos de comunicación de que en Mendoza ya se está previendo el avance de esta modalidad de toma de tierras, por lo que a fin de evitar problemas mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su medida”.
