La Cámara de Diputados trató varios proyectos de distinta índole -que presentó el Poder Ejecutivo- y les dio media media sanción, en la víspera de la presentación de otros proyectos urgentes e importantes, tales como el Presupuesto 2025 y las declaraciones de Impacto Ambiental de 34 proyectos mineros de cobre.
En este caso, hablamos de la expropiación de otros terrenos del parque de nieve Los Penitentes, la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Régimen de Incentivo a zonas turísticas. Además, también se debatirán cambios en el Registro de Contratos Agrícolas.
Fuerte crítica a la expropiación de Penitentes
El proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a tres polígonos propiedad de “Los Penitentes Centro de Esquí S.A.”, ubicados en el distrito de Uspallata, en Las Heras. Esta iniciativa tiene como antecedente expropiatorio la Ley N° 9175, por la que se hizo lo propio respecto a seis de los nueve polígonos que componían el predio del ex Centro del Esquí.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo que fue aprobada en votación nominal por 25 votos a favor, 18 negativos (interbloque LUM y PJ) y 2 abstenciones (Gustavo Cairo –LLA- y Mauro Giambastiani –MM-), tiene como antecedente expropiatorio la Ley N° 9175, por la que se hizo lo propio respecto a seis de los nueve polígonos que componían el predio del ex Centro de Esquí.
Se trataba de una superficie total de 42 has y 9.013,52 metros cuadrados, que tras el proceso expropiatorio, culminó con la toma de posesión por parte de la Provincia de Mendoza de dichas fracciones, para luego licitarlas.
La finalidad de esa licitación pública, fue la “refuncionalización integral, administración, explotación comercial y puesta en valor de los bienes inmuebles y demás instalaciones e infraestructura adheridas a los mismos; la prestación de los servicios turísticos y de apoyo de actividades recreativas y deportivas para el funcionamiento del “Centro de Esquí y Parque de Montaña Los Penitentes”.
En la fundamentación del proyecto, se explica que en ese marco, “durante los años 2021 a 2023, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, se tramitaron distintos permisos de uso precario y procesos licitatorios, que no pudieron concretarse por razones varias” y que “intertanto, la empresa expropiada, ha iniciado demanda contra la Provincia”.
En consecuencia, la Ley Nº 8845 de Turismo Provincial, la Ley Nº 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Decreto Nº 1447/75, “brindan herramientas idóneas y efectivas para dar cumplimiento a la determinación de utilidad pública de las tres parcelas restantes del inmueble”, añade, y por tanto, “se impone avanzar en el dictado de un instrumento normativo” que posibilite tal acción.
Desde el gobierno provincial resaltan también al respecto, el valor de la actividad turística como prioritaria dentro de las políticas de Estado “por su función socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo de la Provincia”.
En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV), adelantó el voto negativo de su espacio. Sostuvo que “no entendemos qué se busca, hacia dónde se quiere ir”, y manifestó que “Mendoza perdió puestos de empleo, actividad económica, dinero. Inclusive hay un juicio en el medio por la expropiación que se lleva adelante”.
A su turno, la diputada Cintia Gómez (PRO-Propuesta Republicana) realizó un repaso de la situación de Penitentes en los últimos años. Consideró que los terrenos mencionados “han sido mal expropiados, porque se ha hecho de a poco”, y agregó que “esta expropiación de tierras de Penitentes solo busca arrebatarles a sus dueños lo que les pertenece”
En un sentido similar, se expresó el diputado Edgardo Civit Evans (Bloque de los Jubilados Auténticos), quien planteó que el proyecto “deja muchos interrogantes”. “No se votó por unanimidad en LAC este proyecto”, aseveró y consideró que sus dudas estaban relacionadas a “cuál es el fondo de la cosa, me llama la atención, por un lado hablamos del RIGI para el desarrollo del turismo y por otro lado estamos expropiando (terrenos) a una de las pocas empresas que se animaron a invertir en Mendoza”.
Finalmente, el diputado Germán Gómez (PJ), titular del bloque, adelantó el voto negativo de su espacio. Manifestó que “es difícil acompañarlos, se equivocaron y se vuelven a equivocar. Nos quieren hacer cómplices de esta situación, hay posibilidad de revertir esto”, a lo que sumó que hay “inseguridad jurídica”, y que en esas condiciones “nadie querrá invertir en Mendoza”.
Disolución del EPAS
En el proyecto de disolución del EPAS, se establece que particularmente se transferirá desde el organismo a Irrigación la “asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas”.
Parte del personal del EPAS será absorbido por Irrigación. Actualmente la estructura del ente de control mantiene a 62 empleados de planta y se destinan $100 millones por mes, lo que da un monto de $1.200 millones al año, del cual el 90% está destinado a sueldos, informaron.
Desde el Gobierno justificaron la idea de que los trabajos de control y análisis tarifario los realice Irrigación, ya que “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
De esta manera, se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su “sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”.
Además, señalan que la institución cuenta con una “extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos”.
En el proyecto también se aclara que “resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
La votación fue por mayoría, con el acompañamiento del interbloque de Cambia Mendoza (UCR, PRO Libertad, Unión PRO); el bloque PRO (del interbloque LUM) – Laura Balsells Miró, Stella Huczak, Jimena Cogo y Cintia Gómez –, Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).
Régimen de Incentivo a zonas turísticas
Otra iniciativa es la de la creación de un Régimen de Promoción de Inversiones para el desarrollo sostenible en zonas turísticas. El Gobierno provincial espera “fomentar el desarrollo sostenible de diversas zonas turísticas, identificadas como Unidades de Integración Territorial (UIT), según el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley N° 8999″. Salió aprobado por amplia mayoría.
La herramienta con la que esperan contar en el Poder Ejecutivo consiste en incentivar al sector privado a invertir en las zonas comprendidas como Montañas, Oasis Uspallata, Zona de Paso de La Carrera, Piedemonte Uspallata, Norte Precordillera, Sur Macizo San Rafael, sector de Huayquerias y La Payunia. Cabe destacar que dichas áreas presentan un alto potencial turístico, actualmente desaprovechado por la falta de servicios adecuados.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en coordinación con el Ente Mendoza Turismo, será responsable de la implementación de la ley. La actividad deberá comenzar en un plazo no mayor a dos años, tras la aprobación de la ley.
Respecto a los incentivos, la propuesta es la de otorgar beneficios fiscales para las inversiones realizadas en estas zonas, que estarán vigentes por un plazo determinado. Por un lado se otorgará una exención al Impuesto Inmobiliario que estará limitada al inmueble afectado. Y además, habrá exención al Impuesto de Ingresos Brutos y estará relacionada con la propuesta de inversión aprobada.
Una de las consideraciones es que “no podrán beneficiarse de este régimen quienes ya reciban incentivos similares, quienes tengan deudas impositivas o previsionales o entidades gubernamentales”. Los proyectos aprobados gozarán de estabilidad fiscal por un período de cinco años.
Desde el Gobierno provincial destacaron que “este proyecto busca revitalizar localidades estancadas, generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. De esta manera “la atracción de nuevas inversiones contribuirá al desarrollo sostenible de estas regiones, beneficiando tanto a residentes como a visitantes”.
“Es importante destacar que con la creación de este régimen de promoción, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de los servicios turísticos, con el objetivo de ofrecer un futuro de desarrollo para las zonas menos favorecidas”, subrayaron.
Además, se contempla la creación de un Fondo para la Financiación de Obras Hídricas, destinado a mejorar la red hídrica y satisfacer la demanda de recursos hídricos, para proyectos comerciales y turísticos. Estará administrado por el Departamento General de Irrigación y se conformará con los recursos provenientes de los permisos precarios que se otorguen en las distintas cuencas de los ríos provinciales afectados por este Régimen de Promoción de inversiones.
