El problema surgió a principios de año, cuando el Gobierno nacional benefició a la comunidad mapuche con el reconocimiento de ocupación de territorios en la Localidad de Los Molles, Malargüe. En ese momento, Suárez alegó que la comunidad no contaba con la personería jurídica y por ende era inconstitucionalidad el reconocimiento. Ahora, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a través de la resolución 79, oficializó la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y le otorgó “la personería jurídica a la comunidad Lof Suyai Levfv, perteneciente al Pueblo Mapuche, ubicado en la Localidad de Los Molles, Departamento Malargüe”.

Con esto se destraba el conflicto y ahora, con la resolución emitida el 5 de enero, la comunidad obtiene la personería jurídica a la cual se refería el gobernador, perdiendo este argumento en la larga lucha que lleva el poder ejecutivo mendocino en contra de las comunidades originarias.

El conflicto viene desde hace tiempo. En enero de este año, el Gobierno nacional emitió una resolución muy cuestionada por el Gobierno provincial, reconociendo “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Suyai Levfv, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Mendoza, con Personería Jurídica en trámite”.

De acuerdo al INAI, la comunidad Lof Suyai Levfv obtiene la personería jurídica ya que cumplió con los requisitos del artículo 2 de la Resolución Ex SDS N° 4811/96. “La Comunidad referida ha cumplimentado los requisitos: nota de solicitud de inscripción de su personería jurídica; nombre y ubicación geográfica; reseña que acredita su origen étnico-cultural e histórico; descripción de sus pautas de organización y mecanismos de designación y remoción de autoridades; nómina de integrantes; mecanismos de integración y exclusión de sus miembros.

Sin embargo, a principios de este año, el gobierno provincial ya había planteado la inconstitucionalidad del reconocimiento de los territorios en la localidad de Los Molles. Suárez, en su momento, dio dos argumentos para no reconocerlos: el primero, que la comunidad no tenía personería jurídica, y el segundo que los mapuches no son originarios de Mendoza. Con la resolución emitida el 5 de diciembre, se resuelve de manera contundente su primer argumento, que era el más sólido.

El conflicto entre la provincia y las comunidades ubicadas en el sur de la provincia continuará. Pero, por el momento, la comunidad mapuche tendrá en su posesión los territorios de la localidad de Los Molles.

Qué dijeron desde el gobierno

Uno de los principales argumentos defendidos por el Poder Ejecutivo es que, según el gobernador Suárez, los mapuches nunca estuvieron en Mendoza. “En Mendoza nunca hubo mapuches. Aquellos que se autoperciben mapuches deberían haber buscado otra comunidad originaria para hacerlo”.

En sus redes sociales, horas después de conocerse la resolución que les reconocía la ocupación de territorios, el gobernador escribió: “Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia”.

No fue el único que salió con los tapones de punta, Cornejo apuntó al “kirchnerismo” de querer entregar 21 pozos petroleros que, según el ahora gobernador electo, se encuentran activos en la zona de Los Molles, departamento de Malargüe.

A fines de junio, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, comunicó que el Poder Ejecutivo presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para plantear la falta de cumplimiento de los requisitos formales.

Incluso la Cámara de Diputados de Mendoza, el 30 de marzo de este año, se expidió sobre el tema en la resolución N° 1390: “Afirmar con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.