“Reforma institucional”. Ya en el nombre el proyecto para avanzar en la renovación de la Carta Magna provincial mostró la intención de un Gobierno que, desde sus inicios, intenta mostrar que no se necesita hacer política para gestionar el Estado. Para Rodolfo Suárez, la política tradicional no puede cambiar las instituciones, como lo es una Constitución que va a cumplir 105 años. Así, en la lógica del Gobernador, hay que evitar la rosca, la negociación tras bambalinas, y usar los canales institucionales para tratar los temas que pueden modificarle la vida a la gente. Es decir, cambiar la política no usando la política, sino las instituciones que la política creó -como la Legislatura- para beneficiar a los ciudadanos y no a los políticos.
Esta concepción del gobierno se ha convertido en una paradoja para Suárez, porque le ha garantizado una buena base de apoyo social (no hay encuesta que le de menos de 50% de aceptación), pero le ha generado una serie de fracasos con proyectos nucleares de su gestión. El último de ellos la reforma de la Constitución, tras el rechazo del PJ a dar el debate, lo que significa que el oficialismo no tendrá los dos tercios necesarios para aprobar la Ley.
“Invito a la oposición a dar el debate en la Legislatura. Ese es el ámbito”, insistió el fin de semana Víctor Ibáñez, el ministro político de Suárez que descreyó siempre de la política como instrumento para avanzar con el proyecto.
Ahora, precisamente la política (la del peronismo) le sepultó su reforma institucional: no es la academia, el mundo en el que mejor se mueve el constitucionalista Ibáñez, la que le va a decir a los políticos cómo hay que configurar un debate legislativo; sino al revés. Los proyectos del Gobierno no se “revolean”, dicen en el PJ, sino que se dialogan (se negocian) previamente. Y más en un año electoral, donde el principal partido de la oposición se juega su destino: si se hunde más en el barro de una década de derrotas o si resurge de la mano del camporismo hacia una nueva alianza con la clase media mendocina.
Esa porción del electorado, siempre tan volátil (votó por igual a Cristina y a Macri, a Pérez y a Cornejo), es la que llevó a la Gobernación a Suárez. Y a la que, casi como una obsesión, mira siempre como el termómetro de sus políticas. Esos votantes anónimos (los ciudadanos), y no algún ministro, legislador o asesor (los políticos), son los que lo convencieron de dar marcha atrás en decisiones que se leen como tropiezos de su gestión. La pueblada en Casa de Gobierno generó la derogación de los cambios a la ley minera; las quejas de docentes lo obligaron a frenar la nueva Ley de Educación; la indignación de miles de contribuyentes le mostró que la suba en el Impuesto Automotor era excesiva.
Esa “voz de la calle” no se escuchó nunca al hablar de la reforma constitucional, aunque Suárez ha dicho que tiene encuestas donde “más del 80%” está de acuerdo con esta modificación. Lo que es lógico, porque la marca principal del proyecto es bajar el gasto de la política.
Por eso resulta terco, por no decir ingenuo, que el Gobierno haya confiado que sin política podía convencer a los políticos (a los ajenos, pero también a los propios) de eliminar una cámara legislativa, una elección intermedia y hasta reducir el poder de los intendentes con la autonomía municipal. Y todo en un año electoral, en medio de una guerra fría con el gobierno nacional y una caliente con el principal partido opositor que comparte color político con la Nación. Al “gobierno del diálogo”, un leit motiv de Suárez, parece haberle faltado diálogo con la política para avanzar con un proyecto de reforma que nació sin política y termina muerto por ella.
