Hace poco más de un año, al inicio de la gestión nacional del Frente de Todos (FDT), se conjeturaba en el mundo de la política y entre los periodistas sobre el rol que tendría la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti en la nueva estructura de poder de la Argentina.
En aquel momento, se mencionaba la posibilidad de que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza se convirtiera en la presidenta provisional del Senado, cargo que terminó en manos de la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tras un acuerdo político forjado entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Gerardo Zamora, su esposo, para ampliar lo máximo posible al FDT, tanto en la Cámara Alta como en la Baja.
También se mencionaba la posibilidad de que Fernández Sagasti fuera la jefa de ese futuro bloque oficialista, que en el Senado ostenta una mayoría invencible, de 41 sobre 72 senadores. Pero el puesto quedó para el formoseño José Mayans, un hombre que responde fiel y directamente al histórico caudillo peronista Gildo Isfrán.
A Fernández Sagasti, en cambio, le tocó en el reparto de ravioles, como se dice en la jerga política, la vicepresidencia del bloque FDT, que podría haber sido para cualquiera de las otras 16 senadoras de la bancada. Pero quedó para la ex candidata a gobernadora en 2019.
Pero la cosa no quedó ahí: tras esos nombramientos políticos, en la distribución de las funciones de índole institucional a Fernández Sagasti le tocaron dos puestos de mucha mayor relevancia que los de Ledesma Abdala y Mayans.
Estos dos puestos son la presidencia de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal y la de la comisión de Acuerdos, por donde desfilan todos los candidatos a jueces que decide el Poder Ejecutivo.
Se trata de dos comisiones clave para la suerte de la Justicia, el poder del Estado donde Cristina Kirchner tiene puesta toda su atención desde siempre y en crecimiento, con el correr de los años, y con aún mayor obstinación desde que empezó a enfrentar diversas causas de corrupción.
En el Congreso afirman que Fernández Sagasti responde directamente a las órdenes de la presidenta del Senado y que, junto con la santafesina María de los Ángeles Sacnun, otra ultracristinista que preside otra comisión estratégica de esa cámara, la de Asuntos Constitucionales, son los dos brazos ejecutores de sus planes judiciales en el ámbito parlamentario.
En esta agenda judicial de la vicepresidenta hay que colocar el último hecho político surgido de las entrañas de una comisión que preside Fernández Sagasti: la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial firmada únicamente por diputados y senadores del Frente de Todos (FDT), que activa una serie de artículos del Código Procesal Penal Federal (CPPF) que, según sostiene la oposición, supone un nuevo avance en el plan de impunidad para corruptos que lleva a cabo el oficialismo.
