El 22 de setiembre, cuando Mendoza termine la actual fase del DISPO (según la terminología “albertista”), habrá cumplido seis meses de la cuarentena más larga del mundo, como la llama con saña la oposición, o del “desastre”, como la calificó el martes con dureza un columnista del diario inglés The Telegraph.
Sean récord o no, las restricciones impuestas por la Nación desde el 20 de marzo -y renovadas cada 15 días desde entonces- parecen haber llegado a un límite de tolerancia social justo cuando más se necesitan. Esa es la paradoja que le dio de comer a Chris Moss, el columnista en cuestión, para embestir contra la política del gobierno argentino en materia de pandemia.
“La Argentina ofrece evidencia irrefutable de que las cuarentenas prolongadas son un desastre”, escribió el periodista inglés después de que nuestro país entrara el lunes en el triste top ten de países con más casos de Covid-19.
El presidente Alberto Fernández no necesita leer a este columnista para entender que después de casi seis meses, la población no soporta más el encierro y la limitación de movimientos, sobre todo para salir a buscar el pan que la parálisis económica -agravada por la pandemia- le ha quitado a miles de familias.
Esta agonía financiera es la luz roja que se la ha prendido a los gobernadores como Rodolfo Suárez, que ven que volver a cerrar todo -como lo exige la Nación para evitar saturar aún más el sistema sanitario- significa ponerle una lápida a pymes y empresas de todo tipo que vienen sobreviviendo a duras penas gracias a los ATP que reparte Fernández. Una ayuda que no es suficiente: hasta julio, como ya publicó Los Andes, habían cerrado 600 empresas en Mendoza.
Ayer, horas antes de que se registrara otro récord de contagios (444 casos y un altísimo 45% de positividad), Suárez casi le suplicó a los mendocinos que tomen conciencia y se cuiden, antes de advertirles que la situación no da para más: si no baja la curva, el 22 de setiembre Mendoza vuelve a Fase 1. Es decir, al mismo lugar en el que estaba seis meses antes, pero ahora con el sistema sanitario colapsado y la economía en ruinas.
Para dar esta última chance, el Gobernador debió soportar el reto de Fernández sobre las preocupantes cifras del coronavirus en la provincia (“Yo advertí que esto iba a pasar”, le dijo el Presidente). Fue un ultimátum que no cayó nada bien en Casa de Gobierno, aunque después fue minimizado por los funcionarios de Suárez. En el entorno del Gobernador valoran que en el decreto nacional se mantuvo a Mendoza en DISPO y que incluso las restricciones anunciadas ayer por Suárez son menores a las que se pensó inicialmente.
Es que en el tablero de control el Gobernador, así como las cifras del coronavirus, también juegan fuerte los números de la economía provincial. “Necesitamos que las empresas sigan funcionando”, dijo Suárez. Sin la posibilidad de emitir dinero (facultad que sí tiene Fernández), para provincias grandes como Mendoza, donde las remesas de la Nación tienen menos peso en los ingresos totales, paralizar otra vez la actividad significa no solo el ahogo financiero de los particulares, sino también el del propio Estado.
Un Estado que, en nuestra provincia, aún tiene pendiente el pago del aguinaldo a los estatales y el cierre de la negociación de su deuda con dos acreedores de peso: los bonistas (en dólares) y el Banco Nación (en pesos). Y mientras los vencimientos con la entidad bancaria siguen drenando recursos cada mes, la recaudación no para de caer: según el ministerio de Hacienda, en los primeros siete meses del año la baja fue de 17% en tributos provinciales y 15% en los nacionales. Al mismo tiempo, los gastos siguieron creciendo: la inflación acumulada hasta julio en Mendoza fue de 15,5%.
Con estos números rojos y tras seis meses de dura cuarentena, Suárez debe gestionar haciendo equilibrio sobre un filo cada vez más fino: para un lado cruje la economía; para el otro, el sistema sanitario. Atrás tiene a Fernández presionándolo; y adelante, neblina, mucha neblina.
