El escándalo en la Inspección de Cauce de Los Corralitos escala día tras día, con nuevas irregularidades que salen a la luz por parte del suspendido inspector Alejandro Currenti y complican también al exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien llevó adelante convenios con él por obras hídricas desde 2019 al 2023.
El concejal de Guaymallén, José Pozzoli (PJ), se presentó hoy como querellante en la causa penal que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli, y amplió la denuncia con más hechos de corrupción que habría perpetrado Currenti. Se incorporan entonces al faltante de $1.3 millones de fondos destinados a obras hídricas, por el cual lo suspendió el Departamento General de Irrigación (DGI) durante 60 días y se le inició la investigación judicial posteriormente.
En el texto presentado hoy, Pozzoli solicita que se investiguen los polémicos contratos que habría realizado Currenti con su propia esposa Romina Cagol, que trascendieron la semana pasada, como también el comodato que firmó con el DGI para trasladar la sede de la Inpección a un terreno propio en 2018. Pero además, denunció un posible caso de robo de identidad, a través de un delegado que fue electo en el 2022, estando ya fallecido.
El concejal peronista sostiene que “conforme información obtenida de la propia página del Departamento General de Irrigación el día 5 de noviembre del 2022 se realizaron elecciones de inspecciones de cauce en toda la provincia y en la inspección Vertientes Los Corralitos fue reelecto Alejandro Currenti como Inspector de Cauce y como primer delegado fue electo Pedro Vicente Pelayes”.
Pelayes había sido el primer delegado de la inspección Vertientes Los Corralitos durante el periodo 2018-2022 y resultó electo nuevamente como primer delegado para el periodo 2022-2026. “Entre las funciones de los delegados en este caso, el primer delegado es firmar los cheques y autorizar los pagos en conjunto con el inspector de cauce”, explicó Pozzoli.
Entonces apuntó que “resulta llamativo, preocupante y no menor que de acuerdo con la información que tenemos, el señor Pelayes falleció el 23 de octubre del 2022″. El edil citó como prueba el edicto con su sucesión publicado en el Boletín Oficial N°31828, del lunes 20 de marzo de 2023.
“Es decir que, conforme lo sostenido el día 5 de noviembre del 2022 cuando fue electo Pedro Vicente Pelayes como delegado ya estaba muerto”, sostiene Pozzoli. Pero plantea el agravante de que su cargo como primer delegado, implica la firma de cheques y autorizaciones de pagos junto con el inspector de cauce.
“Es decir que durante todo este período, tanto la firma de Pelayes para la firma de los cheques como el manejo de los fondos que necesitaban su autorización, han sido dispuestos en función de una persona que estaba fallecida”, enfatizó.
Pozzoli manifiesta que los pagos de las inspecciones, en su gran mayoría, se realizan a través de transferencias bancarias que deben ser autorizadas por los token del Inspector y el delegado. “Uno de los puntos a investigar es, sí Pelayes fue elegido y aun más preocupante también, si su token aún seguía siendo utilizado para aprobar las transferencias y pagos, después de haber fallecido”, aseguró.
También aportó que “resulta aún más grave” que la hija del fallecido Pelayes, Marisa Carina Pelayes, fue miembro de la comisión de vigilancia de la Inspección, la cual en la última asamblea de rendición de cuentas del 31 de mayo, “aprobó un balance de cuentas con 12 millones de déficit”.
La denuncia contra Marcelino
En el mismo texto, Pozzoli arremetió contra el exintendente Marcelino Iglesias por la entrega de “millones de pesos en materiales para la construcción y combustibles” que debían estar destinados a la construcción de canales de riego por parte de la inspección de cauce conducida por Currenti.
Precisamente la comuna le otorgó hormigón, hierro, alambre, herbicida y fenólicos a Currenti, señaló Pozzoli. Y dijo que según testimonios de regantes de la inspección, “muchos de estos materiales no llegaban a destino y eran comercializados y no se utilizaban para la construcción de dichos canales”.
También, indicó que parte de estos materiales eran “retirados por Eduardo Salpietro, esposo de Marisa Pelayes”, quien como empleado de la inspección de cauce de Vertientes Los Corralitos, era unos de los que “semanalmente retiraban 1500 litros de combustible” y distintos tipos de materiales de construcción de la Municipalidad de Guaymallén, “no constando en las auditorías de la misma, donde se entregaba ese combustible y materiales, y cuál era el destino de los mismos”.
“Por lo tanto considero que por acción u omisión debe investigarse cuál ha sido el accionar del exintendente Marcelino Iglesias en los hechos denunciados, ya que la pasiva actitud tomada por la Municipalidad de Guaymallén en controlar en que eran utilizado los cuantiosos materiales que se le daba a la inspección, debe ser materia de investigación por parte de esta fiscalía”, sostuvo.
El descargo del exintendente
En contacto con este diario, el exintendente Iglesias afirmó que tiene “la conciencia tranquila” y que está a disposición de la Justicia para dar las respuestas que se necesiten. Apuntó contra una suerte de revancha política del concejal kirchnerista, por la condena de Luis Lobos.
“A mí no me toma por sorpresa esto, porque yo nunca tuve dudas de que el objetivo de Pozzoli era tratar de embarrar la cancha y tirar un manto de sospecha sobre la gestión. Las causas las tengo muy claras, haberlos derrotado y aportado las pruebas para que la Justicia condene a Lobos en dos causas judiciales y sea investigado en una tercera y una cuarta”, respondió Iglesias.
Y continuó: “Yo sabía que esto iba a llegar y tomando de los pelos todo. Obviamente que no tengo nada que ocultar y estoy a disposición del fiscal o de quien fuere para que se brinden los datos. Yo puedo explicar la mecánica de los convenios y los datos los posee el municipio, son públicos”.
“Así que tengo la conciencia tranquila. Los 32 mil metros de canales se hicieron. Está certificado y sigo sosteniendo que fue una obra fantástica, que nunca se había hecho”, aseguró el exjefe comunal.
Y anticipó: “Mi defensa va a ser técnica, cuando lo solicite la Justicia. No voy a poner subterfugios ni nada, le contestaré lo que sé y lo que no sé, lo averiguaré. Fue una gestión muy transparente, me la he pasado dando cuentas de lo que me corresponde y lo seguiré haciendo”.
“Fue una gestión juzgada por la gente, con aciertos y errores. Otra cosa son delitos”, asumió Iglesias y completó con una chicana: “Un kirchnerista denunciando corrupción es como una pared meando los perros”.
Irrigación realiza nuevas auditorías
El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, solicitó ayer al Honorable Tribunal Administrativo (HTA) que pusiera en marcha una nueva auditoría por los contratos que realizó Currenti con su esposa Cagol a principios de 2024. Hoy, con más hechos a la luz por la denuncia de Pozzoli, desde el HTA confirmaron a Los Andes que también lo pondrán bajo la lupa.
Desde la secretaría del órgano de control de Irrigación, respondieron que “todo esto entra en la nueva auditoría contable que se está realizando en la Dirección de Fiscalización del HTA”.
“Ya se le ha pedido a la Inspección de Cauce y a la Asociación Tercera Zona de Riego que remitan la documentación contable, estamos a la espera de ello, el plazo les vence hoy”, afirmaron.
Currenti realizó un contrato de servicios con su esposa, que consistía en el pago de honorarios de $5.040.000, divididos en cuotas de $420 mil por el plazo de un año. Y además, elaboró otro referido a un “préstamo” de un tractor de su propiedad, con una compra de ruedas nuevas si presentaban un desgaste superior al 20% al momento de devolverlo.
En tanto, sobre el traslado que realizó Currenti de la sede de la Inspección a un terreno propio en Los Corralitos en el año 2018, Marinelli respondió que se trata de un comodato a 20 años y está en condiciones legales, tras ser respaldado por los propios regantes de la Inspección: “Ese comodato había pasado por la asamblea y lo había aprobado. Está regularizado como tal”.
