Organizaciones ambientalistas se manifestarán hoy en las afueras de la Legislatura provincial, en rechazo al proyecto de reforma de la ley 7722 que enviará en los próximos días el intendente de Malargüe Juan Ojeda, a través de la senadora sureña Jésica Laferte.
La concentración se realizará hoy a las 10 en la puerta de la Legislatura, en momentos en los que el Senado provincial sesionará. El evento fue convocado por la Asamblea Popular por el Agua, que agrupa a otras varias organizaciones radicadas en diferentes departamentos de la provincia.
Desde las organizaciones ambientalistas han notado cómo se ha ido gestando esta iniciativa por parte del intendente de Malargüe, luego de la frustrada reforma de la ley a fines del 2019, con los que el gobernador Rodolfo Suárez y el arco político buscaban la ampliación de la matriz productiva, flexibilizando la norma para habilitar la minería metalífera en el territorio provincial, que utiliza sustancias que hoy están prohibidas bajo la 7722.
No obstante, Ojeda en su presentación intentará flexibilizar la normativa puramente en la zona de Malargüe, donde sostiene que hay licencia social para practicar la minería.
Manifestación de ambientalistas
Por este motivo, se prendió el alerta de las organizaciones ambientalistas, que se manifestarán hoy bajo el lema “No a la zonificación minera: la ley 7722 no se toca”.
“Una vez más Ojeda, el intendente de Malargüe, amenaza con un proyecto para modificar la ley 7722, guardiana del agua”, manifestaron.
Además indicaron, en un comunicado, que “según los medios hegemónicos, parece que esta vez va en serio, y este mes la senadora Laferte (esposa de Ojeda) presentaría un proyecto de ley para zonificar Malargüe, dando así vía libre a la megaminería en sectores del departamento -o sea, de Mendoza- donde la ley 7722 quedaría derogada”.
“Si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cianuro y otros tóxicos. El agua y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de contaminación y saqueo, con la sola aprobación del Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Legislatura”, acusan en el comunicado.
También aseguraron que “una vez más, machacarán con los mismos espejitos de colores y promesas mentirosas de siempre sobre miles de empleos, miles de millones de dólares, máximo cuidado y nulo riesgo ambiental, con audiencias públicas como supuesta ‘novedad’ y ‘garantía’”.
“La Ley 27.566 ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental: reducir el alcance de la Ley 7722 sería pues inconstitucional. Pero no podemos confiar en que los legisladores, o los jueces, respeten ese acuerdo y principio”, acotaron.
Finalmente pidieron a los mendocinos que “no dejemos que el sector político-empresario se burle de nuestra voluntad, ya expresada innumerables veces!! Con masiva movilización popular, en diciembre de 2019 logramos recuperar nuestra LEY 7722: ¡basta de insistir, esa vez debió ser la vencida!”
Entre las organizaciones firmantes del comunicado, se encuentran las asambleas por los Bienes Comunes de Malargüe, por el Árbol, Arte por el Agua, Popular y de: Tunuyán, Maipú, Uspallata, Guaymallén, San Carlos, Las Heras, Luján, General Alvear, Tupungato, Guanacache, Potrerillos, San Rafael, Godoy Cruz y Zona Este.
El proyecto de Ojeda para flexibilizar la 7722
La clave del proyecto que se presentará propone delimitar zonas de interés minero donde se puedan utilizar sustancias químicas. De las cuatro zonas que se establecerán, hay una de ellas que será la “tierra fértil” para los emprendimientos mineros.
El proyecto tiene previsto una delimitación de estas zonas. Por un lado, se excluye a las zonas limítrofes, teniendo en cuenta el que une al departamento de Malargüe con el de San Rafael, al norte; hacia el sur, el límite con Neuquén; al este el límite de Mendoza con la provincia de La Pampa y hacia el oeste, el límite nacional con Chile.
Las zonas pobladas, parajes, ciudades, los humedales que estén reconocidos por leyes nacionales, provinciales o tratados y las reservas naturales también reconocidas por leyes, también están excluidas de la actividad minera. En estos territorios no se utilizarán sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Es decir, no se hará uso de estos compuestos en cercanías al Rio Atuel, Río Salado, Río Grande, Río Malargüe, Rio Barranca, Rio Colorado y sus afluentes.
Según remarcó Ojeda, “lo más importante es que hacia adentro de la zonificación estamos protegiendo áreas sensibles donde se termina prohibiendo la actividad como cerca de los lagos, ríos, lugares habitados”.
El pedido puntual que hará el proyecto es habilitar el uso de sustancias químicas y procedimientos para el tratamiento dentro del marco legal nacional -exceptuando algunas zonas que se conocerán próximamente- y correrlo de los alcances de la ley 7.722. Así, será clave para Ojeda dar precisiones sobre los puntos en los cuales podrán instalarse los emprendimientos mineros.
Una de las solicitudes que se haría en el proyecto final, será la creación de una Empresa Provincial Minera con participación estatal en la explotación de recursos. Por ese motivo, realizar la cartografía de las zonas que estarían habilitadas para estos desarrollos será de vital importancia para el control ciudadano y para establecer reglas claras en cuanto a lo que se vaya a realizar.
