El escenario del juego en Mendoza está un tanto revuelto. Una licitación más que interesante se dio en el Casino de Mendoza por los tragamonedas. Jugadores importantes del rubro presentaron ofertas y finalmente Traylon S.A, cercana al empresario K Cristóbal López se quedó con el premio mayor.
No obstante, desde Plaza Central UTE, que tiene a Alfredo Luis Vila como cara visible y quien tiene actualmente la concesión de los tragamonedas, se quejó formalmente y pretende torcer el destino que lleva 19 años bajo la misma administración. Aduce que la firma ganadora presentó una oferta inviable y pide una nueva licitación. El Instituto Provincial de Juegos y Casinos que preside Ida López debe responder formalmente.
La sede del Casino de Mendoza ubicado en Godoy Cruz había atraído las miradas de los empresarios del juego por la concesión de las máquinas tragamonedas. Traylon, una empresa liderada por Ricardo Benedicto, histórico socio y amigo del empresario K Cristóbal López se quedó con la licitación. La inversión total de Traylon será de $2.236.650.305,98, de los cuáles $1.859.146.709,56 corresponden a las tragamonedas nuevas. El resto corresponde a obras en la sala.
Después de 19 años la empresa Mendoza Central Entretenimientos, cuya cara visible es Alfredo Luis Vila, hermano del reconocido Daniel Vila, perdía esta porción del mercado. A fin de mes, Mendoza Central Entretenimientos debe sacar sus máquinas, para que lleguen las de Traylon. Sin embargo, Vila no se da por vencido y presentó un recurso de revocatoria a la resolución del IPJyC para evitar que un nuevo jugador administre los tragamonedas.
De acuerdo al texto, al que tuvo acceso a Los Andes, expone una serie de antecedentes del proceso licitatorio y puntualmente ancla su exposición en dos ejes. Uno es la inviabilidad de la oferta económica de Traylon S.A. y habla de “daño irreparable al mercado del juego de la provincia de Mendoza”. Invoca el artículo 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 9.003 y pretende que Ida López le quite la adjudicación a la empresa vinculada al empresario K.
Para Vila, la cuenta no cierra
Alfredo Vila Santander aseguró a Los Andes a fines de junio iba a recurrir la decisión del Instituto de otorgarle la concesión a Traylon. El empresario sostiene que hay varias irregularidades en la oferta ganadora. “Hay cosas graves. Reducen la sala de paños (black jack, ruleta que pertenecen al Instituto), trasladan la sala de poquer que estaba prohibido, reducen la superficie del bar y acomodan máquinas no a la distancia requerida”.
Luego completa: “800 máquinas nuevas, no sólo no entran en el salón, a 15.000 dólares por máquina, la inversión llegaría a 12 millones de dólares; en 10 años no hay forma de que lo recuperen. No van a poder cumplir”.
El canon mensual en concepto de única retribución, del 52% y “sin aclarar si dicho monto incluye el IVA o no”. Hubo una serie de consultas que respondió el organismo que preside Ida López aunque para la empresa perdedora “resulta curioso que la Comisión de Preadjudicación manifieste que detraer el impuesto del canon ofertado dejaría en manos de dicha Comisión una facultad que claramente no posee, cuando es el propio Instituto el que mediante la respuesta a la consulta Nº 4 tomó una decisión que claramente excede su ámbito jurisdiccional”.
“Ello, en tanto la decisión de si el objeto de la licitación es una prestación de servicios o una coexplotación no corresponde al Instituto, sino que es facultad de la Administración Federal de Ingresos Públicos determinar los impuestos aplicables a la actividad en cuestión”, remarca el escrito.
Adjunta una comparación dos certificaciones contables con la correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, que contienen los flujos de caja del negocio de acuerdo a lo ofertado por Traylon S.A. para ambas posibilidades: coexplotación de salas de juegos (IIBB 21.5%, IVA exento, IIGG 41.5%) y prestación de servicios de máquinas tragamonedas (IIBB 4%, IVA RI 21%, IIGG 35%).
De acuerdo a estos flujos de caja, en el caso de la coexplotación “la pérdida del negocio durante los 10 años de duración de la licitación es de U$S12.434.533 mientras que en el caso de prestación de servicios, la pérdida del negocio durante los 10 años de duración de la licitación es de U$S11.364.858.
“En otras palabras, la oferta económica efectuada por Traylon S.A. es inviable desde el punto de vista económico financiero, lo cual implicará tarde o temprano un pedido por parte de Traylon S.A. de una renegociación del canon con el Instituto. Una vez más, el principal perjudicado por esto va a ser el Instituto, y el estado provincial en forma indirecta, en tanto van a estar vinculados contractualmente con quién no estará en condiciones de cumplir con el Contrato o con alguien que intencionalmente irá a pérdida a fin de afectar a las restantes licenciatarias de juego en la provincia de Mendoza”, expresa la firma Plaza Central UTE.
Para la firma que fue derrotada y de acuerdo a sus argumentos, la adjudicación de Traylon S.A. “admite la participación de un actor al cual claramente no le interesa tener un negocio rentable, y que está dispuesto a tener rentabilidad negativa con tal de eliminar a la competencia para luego obtener réditos en virtud de ello”. Y lo nombra con todas las letras: “dumping”.
Luego de estos extensos argumentos, la firma perdedora solicita que “se deje sin efecto la Resolución, y se deje sin efecto el procedimiento licitatorio de referencia, debiendo disponer el Instituto un nuevo procedimiento licitatorio a los fines de evitar la afectación de derechos de terceros”.
No obstante, y ante el rechazo al recurso presentado por Plaza Central UTE (en la que están asociados Mendoza Central Entretenientos y el casino del hotel Hyatt) que podría realizar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC), se reserva la posibilidad de concurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el organismo que preside Ida López evitaron opinar al respecto ante la consulta de Los Andes ni tampoco informaron cuándo responderán el recurso.
