El presidente Alberto Fernández decidió ratificar el despido de un funcionario que se negaba a aumentar tarifas eléctricas en Buenos Aires y respaldó así al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en las últimas horas sufrió una embestida propiciada por la agrupación política La Cámpora, con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, dejará el gobierno en las próximas horas. Guzmán le pidió la renuncia por medio del secretario de Energía, Darío Martínez. Y luego el pedido fue reiterado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ante la resistencia inicial, Fernández le hizo comunicar el fin de semana al funcionario que no hay vuelta atrás en la decisión.
No sólo fue ratificado el despido de Basualdo, sino que podría haber más pedidos de renuncias. Según pudo saber La Voz de calificadas fuentes oficiales, también hay descontento en el Gabinete con el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, por una postura similar a la de Basualdo. Ambos responden a Cristina.
La vicepresidenta y todos los funcionarios que le responden o que directamente son representantes de La Cámpora quieren evitar los aumentos de tarifas hasta asegurar un buen resultado electoral este año en la provincia de Buenos Aires, donde se define gran parte del esquema de poder nacional. Eso fue lo que llevó a La Cámpora a operar mediáticamente la resistencia de Basualdo en el cargo gran parte del fin de semana y también la supuesta posible salida de Guzmán. Esto generó dudas y consultas cruzadas entre la CGT y las cámaras empresarias UIA y AEA, según pudo saber La Voz. Generó preocupación porque hay temor de que si eso ocurre, Cristina avance definitivamente sobre la política económica. “No hay posibilidad de que se vaya Martín”, respondieron ayer en el entorno del Presidente.
Lo que está en juego en definitiva es si el Gobierno irá hacia un esquema de estabilidad económica con un grado progresivo de previsibilidad, lo cual ya de por sí es dificultoso en el contexto de pandemia, o si en función de mejorar las chances electorales, avanzarán medidas de corte populista, de corto plazo.
En Casa Rosada agregan que incluso mirando el corto plazo aún no saben cuán violenta será la segunda ola de la pandemia y hasta dónde deberán avanzar las restricciones sanitarias. “Sabemos la pobreza que hay, nadie lo tiene que venir a explicar. Necesitamos asegurar poder de fuego para el gasto social por si hay un confinamiento mayor”, dicen.
Fernández habló con Guzmán el fin de semana y, tras respaldarlo, le dijo que avance con el aumento de tarifas. Por lo que tras el primer alza del 9% desde el 1 de mayo, habrá una segunda suba en el segundo semestre, para llegar a un acumulado del 15% en el AMBA. En el resto del país, las tarifas vienen incrementándose. Lo que lamenta el albertismo es no poder segmentar los incrementos justamente porque Basualdo no generó el sistema que se le encargó.
En el AMBA, tras el congelamiento de dos años, los usuarios residenciales abonan sólo el 55% de la tarifa real de la electricidad. Sin aumento de tarifas, este año pasarían a pagar sólo el 43%. Pero el objetivo de Fernández es al menos sostener el porcentaje para no tener que incrementar los subsidios, porque no hay margen de caja para hacerlo.
El Gobierno quiere usar los datos que recabó en 2020 con las inscripciones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para ir hacia una segmentación. Un integrante del Gabinete le dijo a La Voz: “No queremos recortar subsidios a ciegas y a todos por igual. Tenemos la obligación de redistribuir los subsidios, porque un country en el AMBA hoy tiene una asistencia estatal que no recibe un barrio de emergencia en Córdoba, Mendoza, Chaco u otra provincia. El costo de la energía está subsidiado en el país vía Cammesa, pero el transporte y la distribución no y eso es una inequidad flagrante”.
Por ese motivo, el Presupuesto 2021 plantea que los subsidios vayan atados a la variación del PBI: crecerán 5% este año, para amortiguar parcialmente el impacto de la crisis y la inflación en el bolsillo de los usuarios. Mientras, se descongelan tarifas para que no ocurra lo mismo que entre 2007 y 2014, cuando lo subsidios llegaron a cubrir el 90% del consumo eléctrico en Buenos Aires.
“Nosotros sabemos el impacto que tendrá un 9% de suba de tarifas en la inflación. Pero es imposible anticipar con exactitud el impacto que tendrá un fuerte aumento del gasto público y de la emisión monetaria para financiarlo si vamos a un esquema de mayores subsidios”, agregó la fuente consultada por La Voz en el Gabinete de Fernández.
