El expresidente Alberto Fernández buscó despegarse de la denuncia por el negocio millonario con los seguros del Nación que contrataba la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que fue definida como otra “caja negra” de la política. Como alguna vez hizo con su pareja Fabiola Yáñez en la fiesta clandestina de Olivos, esta vez la responsabilidad se la dio a su secretaria.
Fernández fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.
Se lo investiga, entre otros delitos, por malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del exmandatario, María Cantero.
En concreto, el decreto de Alberto F. -que dio de baja la gestión de Javier Milei- establecía que los contratos debían realizarse mediante convenio interadministrativo para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios deben seguir los procedimientos de sus respectivos regímenes de contratación. Se prohibió explícitamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se mencionó expresamente la exclusión de gestores.
Diversas fuentes afirman haber recibido llamadas de Cantero, quien fue colaboradora de Fernández durante 30 años, solicitando en distintas entidades gubernamentales la designación de Martínez Sosa como proveedor de seguros.
En diálogo con diario La Nación, Fernández se desligó este miércoles del escándalo, negó que haya realizado gestiones con funcionarios para que contraten a Martínez Sosa y que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, para que lo haga.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró el exjefe de Estado.
La práctica denunciada en la Justicia obligaba a las dependencias estatales a canalizar los contratos a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un bróker y a empresas privadas, de referentes vinculados a Fernández y el exministro de Economía, Sergio Massa. Entre los intermediarios aparecen Pablo Torres García, cercano a Massa y Martínez Sosa, marido de la secretaria del expresidente.
Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias.
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