El presiente Alberto Fernández le negó hoy a la Confederación General del Trabajo (CGT) el manejo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y le dijo a sus líderes que ya tiene el nombre de quien asumirá la conducción de ese organismo, que tiene una caja multimillonaria.
Fernández debe nombrar en los próximos días el reemplazante de Eugenio Zanarini, quien el martes fue encontrado muerto en su vivienda del barrio porteño de Caballito, víctima de un ataque cardíaco.
El Presupuesto de la Administración Nacional tiene previsto este año destinar recursos por 37.131 millones de pesos a la SSS. De esos fondos, el 93,7% estarán destinados este año para la asistencia financiera a Agentes del Seguro de Salud, incluidas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
En el encuentro, que se organizó en pocas horas, Fernández estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
También estuvieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; y la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Pamela Ares, informó el Gobierno.
Del otro lado de la mesa se sentaron los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y los sindicalistas integrantes de la misma central obrera Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Sergio Romero, Roberto Fernández y Jorge Sola.
Al margen de la discusión por los fondos para las obras sociales, los sindicalistas le reclamaron a Fernández por el incremento de la inflación, dado que va erosionando con celeridad los incrementos salariales que van negociando los gremios. “Nos preocupa la inflación y al Presidente también, está trabajando en eso”, dijo Caló.
“Ya tengo el reemplazo”
Según fuentes consultadas por este medio, Daer y Acuña le manifestaron a Fernández la intención de acercarle una propuesta para un candidato que ocupe el lugar del fallecido Zanarini.
Pero el jefe de Estado les respondió que ya tiene decidido quién será el funcionario que ocupará la titularidad en la SSS, aunque no les reveló el nombre. Sólo les aclaró que es una persona de su confianza, que ya viene trabajando en el tema, respondiéndole a él en forma directa.
En las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que sea Liliana Korenfeld quien reemplace a Zanarini, quien ya había ocupado el cargo entre 2012 y 2015. Es una funcionaria del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, que incluso actualmente es gerenta general de la Dirección de Ayuda Social del Personal del Congreso de la Nación (DAS). Desde el Poder Ejecutivo no confirmaron este dato.
Los dirigentes gremiales hablaron de las dificultades que la pandemia de Covid-19 le ha imprimido a la gestión de las obras sociales, dado que hubo un proceso doble: han perdido afiliados (ingresos) baja en los puestos de trabajo registrados y se les dispararon los gastos por el avance del coronavirus.
Los números de las obras sociales están en rojo. El Fondo Solidario de Redistribución (FDS) que se financia con el aporte mensual que cada empresa hace por cada trabajador registrado y por las contribuciones patronales anotó un déficit de 15.000 millones de pesos el año pasado.
Con este fondo, las obras sociales financian los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos. En 2020 tuvo ingresos por 64.000 millones de pesos, pero, en el mismo período, anotó gastos por 79.000 millones.
Ese déficit fue cubierto por desembolsos específicos de la SSS para “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud” durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como para el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios.
Pero la pandemia sólo ha venido a profundizar un problema estructural de las obras sociales. Desde 2017, los gastos están 20% de los ingresos debido al impacto de la inflación, a la caída real de los salarios y a la baja en la cantidad de aportantes.
El Presupuesto de la Administración Nacional para 2021 indica que el déficit de este año podría estar en torno a los 2.986 millones de pesos. Pero el rojo de las obras sociales podría alcanzar los 20.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el agujero registrado en 2020.
Los sindicalistas que visitaron a Fernández, en tanto, consideran que el déficit podría dispararse hasta los 31.000 millones si el Gobierno concreta un aumento de las prestaciones por discapacidad.
Los datos oficiales indican que el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales (casi un 37%) corresponde al pago del rubro discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que en 2020 representó unos $28.700 millones.
