En sintonía con lo votado por el Senado nacional la semana pasada, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto por el cual habilitó a Ana María Figueroa a continuar como jueza por unos cinco años más. La magistrada ocupa un lugar en la Cámara de Casación Penal, máxima instancia judicial previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La magistrada había sido cesada por la Corte Suprema, por tener más de 75 años. El Senado de la Nación, no obstante, insistió con su confirmación como jueza por considerar que el trámite se había iniciado previo al tope de edad impuesto por la Constitución Nacional.
La semana pasada, tras un empate en 35 votos entre el oficialismo y la oposición, la senadora Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional, definió a favor de la aprobación de los pliegos de Figueroa y de otros magistrados.
El primero de los temas que se trataron en el Congreso aquel día fueron los pliegos judiciales, que incluyó el de Figueroa, la ex jueza de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia que la Corte Suprema de Justicia definió que se debía jubilar el pasado 9 de agosto cuando cumplió los 75 años de edad.
Tras la firma de Fernández, el último paso constitucional para la continuidad de Figueroa, resta ahora la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
A partir del aval presidencial, es posible que este miércoles el plenario del Consejo de la Magistratura aborde la discusión sobre la jueza Figueroa.
Si bien el tema de la camarista no figura en el temario, se prevé una pulseada en el Consejo entre quienes sostienen que corresponde convocar al concurso para cubrir el cargo de Figueroa, cesada por la Corte Suprema, y el oficialismo que pujará por la continuidad de la jueza.
El 6 de septiembre la Corte Suprema decidió por unanimidad cesar en sus funciones a la jueza en atención a que había cumplido los 75 años y no había conseguido un nuevo acuerdo del Senado para ejercer como magistrada cinco años más.
En el alto tribunal sostienen que el tema Figueroa es un “asunto concluido” tras la decisión de desvincularla del 6 de septiembre y que no parecen haber nuevos elementos que cambien aquella decisión.
En donde más expectativa hay sobre la definición de Figueroa es en la misma Cámara Federal de Casación, que resolver cómo encarar el nuevo escenario que se abre.
Una vez que el decreto se publique, el actual presidente del máximo tribunal penal federal del país, Mariano Borinsky, definirá los pasos a seguir, explicaron a Télam fuentes judiciales. Una de las posibilidades es analizar la situación en un plenario de todos los integrantes de Casación la semana próxima, pero tampoco se descartaba ir en consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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