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hace 4 horas
Hecho el miércoles el anuncio del proyecto de Reforma Judicial y girado ayer al Senado para empezar su discusión, desde la Casa Rosada y la Quinta de Olivos se convino en que ahora empieza otra etapa: explicar los alcances de la iniciativa, sobre todo para cruzar las duras críticas hechas, mayormente, por la coalición opositora Juntos por el Cambio que ve en el proyecto un intento “por colonizar la Justicia” y “blindar con impunidad” a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en los distintos procesos judiciales que afronta.
Como viene ocurriendo desde que asumió la Presidencia, Alberto Fernández es el principal vocero del gobierno. En esta oportunidad confirmó esa centralidad. “¿Alguien me puede decir que la Justicia Federal ha funcionado bien en los últimos veinte años? El que me dice esto es un gran cínico”, dijo ayer el Presidente en una larga entrevista que concedió a la Radio Con Vos.
Si bien durante la charla procuró explicar distintos aspectos técnicos del proyecto de ley, Fernández no eludió el terreno político. Recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri, se derogaron por decretos de necesidad y urgencia una ley que fijaba normas de conducta de los jueces y el funcionamiento del sistema acusatorio fijado por el Código Procesal Penal Federal. No mencionó el intento de nombrar dos jueces de la Corte también por decreto. “¿Esos son los que hablan y me quieren explicar la República? A mí, no, diría Beatriz Sarlo”, dijo.
“Lo que hice fue mandar un proyecto de ley al Congreso, no firmé un decreto de necesidad y urgencia cambiando la Justicia. La oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres y proponer sus correcciones”, explicó.
También defendió la creación de un consejo de expertos que en noventa días le presentará sus conclusiones sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, entre otros puntos.
“Los consejos que reciba no tienen por qué ser unánimes; puede haber dictámenes de minoría y luego todo lo que (decida) va a ir al Congreso para su aprobación o rechazo”, dijo el Presidente. “Hay una gran falacia. Cuando me dicen ‘a estas cosas hay que consensuarlas antes de ir al Congreso’ me están proponiendo que repartamos los jueces; yo quiero que se nombren jueces dignos”, sostuvo.
Desde la oposición se criticó la oportunidad de presentar el proyecto. “No puedo esperar que pase la pandemia; la Justicia no funciona bien”, respondió. Otras críticas se refieren al costo de implementar los cambios. “Presupuestariamente es nulo el costo: cada tribunal, cada juzgado federal, cada juzgado en lo penal económico, tiene dos secretarías; la reforma dice que ahora habrá una secretaría; esa secretaría que sobra, se convierte en un nuevo tribunal”, dijo.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, en una entrevista radical, replicó ayer un punto que preocupa a la oposición: “las causas van a continuar con los jueces naturales”, afirmó. “¿Cuál es la impunidad?”, se preguntó Losardo en una entrevista radial.
El proyecto debería pasar sin inconvenientes por el Senado; en Diputados, los números están más justos y allí estará la apuesta de Juntos por el Cambio. El diputado nacional por la UCR, el mendocino Luis Petri, es una de las voces más críticas. “Este proyecto sintetiza lo peor de la Reforma Judicial del menemismo, con el escandaloso Proyecto de Democratización de la Justicia del Kirchnerismo, que designó jueces subrogantes irregularmente. Y culmina con la ampliación de la Corte con la vuelta de la mayoría automática”, dijo.
En la oposición no dejan de señalar, sobre todo, a dos integrantes del comité de expertos, la otra pata de la reforma judicial: los apuntados son León Arslanián y el abogado defensor de Cristina Fernández, el penalista Carlos Beraldi. “En el comité también está Andrés Gil Domínguez, muy crítico de la Ley de Medios que impulsó Cristina”, dijo Fernández. En la Quinta de Olivos también mencionan, en defensa de la pluralidad ideológica del consejo asesor, la convocatoria a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg. Macri quiso llevarla a la Corte Suprema.
El Presidente insiste en que pretende modificar el funcionamiento de la Corte y que el aumento o no de sus miembros es una discusión vana. Siempre recuerda que en el gobierno de Néstor Kirchner, la Corte de siete miembros quedó con cinco y en vez de completar las vacantes se impulsó un proyecto de Cristina Fernández, por entonces senadora nacional, para quedar en aquel número.
En el proyecto de ley establece un procedimiento distinto para la subrogación de jueces mientras se tramitan los concursos. “Impulsamos que la Cámara de Casación Nacional (en lo Criminal y Correccional) nos mande un listado de jueces para subrogar esos 23 juzgados (nuevos); todo eso va al Consejo de la Magistratura, donde se necesitan dos tercios para que me lo eleven y después yo pida el acuerdo del Senado. Lo único que me puse son límites”, argumentó el Presidente. Petri ve en este punto “un intento de control de la Justicia”. Dice que esa Cámara es “afín al gobierno” y a la agrupación “Justicia Legítima y que en el Senado, al tener mayoría, el oficialismo impondrá “sus jueces amigos”.
