En menos de un mes, la Justicia Federal de Mendoza -junto con San Luis y San Juan- tendrá un cambio estructural en materia penal, con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya se implementa en Salta, Jujuy y Rosario, y que implica el paso del sistema mixto (inquisitivo) al sistema acusatorio.
Este sistema es el mismo que se utiliza en tribunales provinciales y iotorgará mayor poder a las fiscalías, que llevarán adelante todas las investigaciones, mientras que los jueces, que participaban de este proceso, ahora controlarán garantías del proceso y juzgarán en una segunda etapa, en el marco de audiencias orales y públicas, lo que también significará el fin de los expedientes papel.
Ante tamaña reforma hay alarma e inquietud en las altas esferas de Tribunales Federales, sobre todo porque este sistema comenzará a implementarse desde el 5 de agosto, tal como anunció el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; y aún hay varias preguntas sin resolver en torno a los recursos, inversiones y establecimientos destinados para cada sector en el mundo judicial.
Desde Tribunales Federales entienden que las condiciones todavía “no están completamente dadas” para implementar los cambios de forma óptima, tanto en infraestructura, porque necesitan “con urgencia” un nuevo establecimiento para el Ministerio Público Fiscal (MPF), como también más reformas para acondicionar las salas de audiencias.
En tanto, desde el gremio de judiciales, su secretario general en la región Cuyo, Gabriel Chirino, aseguró a Los Andes que si bien están de acuerdo con la efectivización de la reforma y que trabajan para una buena implementación, “así como están las cosas el sistema seguramente colapsará, sobre todo en el ámbito de las fiscalías”.
En este sentido, puso foco en la cantidad de empleados, particularmente en el sector de las fiscalías, que tienen “un tercio de la cantidad de empleados de los juzgados. Van a estar completamente sobrecargados”, denunciaron.
Inconsultos
Fuentes judiciales indicaron a este medio que la decisión del día de implementación “fue inconsulta” por parte del Ministerio de Justicia, y que no hay nada que indique que pueda postergarse la fecha.
“En principio comenzará, no hay pedido de postergación oficial”, marcaron a Los Andes. No obstante, aclararon que “los más perjudicados de estos cambios son los del Ministerio Público Fiscal en toda esta situación que fue inconsulta. No hay margen para no hacerlo”, se lamentaron.
En este sentido, marcaron algunas decisiones que el Ministerio de Cúneo Liberona debe tomar “de forma urgente”: por un lado, que encuentre algún establecimiento fuera del edificio de Tribunales Federales, para que se pueda instalar el Ministerio Público Fiscal.
“Es responsabilidad del Ministerio. Están en plena búsqueda, pero no hay soluciones hasta el momento”, aclararon desde la Cámara de Apelaciones.
Hacia mediano plazo, en lo que respecta a infraestructura, deberán enfocarse en otro establecimiento o lugar donde funcione todo el sector de los defensores oficiales.
Pero por otro lado, otra de las urgencias tiene que ver con el acondicionamiento de las salas de audiencias, no sólo con remodelaciones sino también en términos tecnológicos, teniendo en cuenta que la oralidad implica la finalización del expediente papel, por lo que se necesita avanzar más en la adquisición e implementación de salas vinculadas con cámaras y grabadoras.
Acciones
Sobre el trabajo dentro de Tribunales Federales, sostuvieron que han comenzado a adaptarse a todo lo que implica el nuevo Código, particularmente con capacitaciones al personal.
“En el sistema procesal acusatorio los fiscales llevarán adelante la investigación y los jueces serán, en una primera parte, los que tendrán la obligación de controlar las garantías del proceso; y en la segunda etapa de juzgar”, acotaron. No obstante, también admitieron que esto significará “que se sobrecargará la estructura de los fiscales”.
Según el sitio oficial del Gobierno Nacional, en la actualidad los jueces “dirigen las investigaciones y también toman decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar”.
En Tribunales, con el paso del sistema mixto (inquisitivo y acusatorio) al acusatorio, se crearán, con la misma cantidad de jueces que hay, 3 colegios o “pools” de jueces: de Garantías (hoy con juzgados federales), de Revisión (hoy jueces de Cámara) y de Juicio y Ejecución (hoy jueces orales).
Actualmente hay 5 fiscales titulares; pero adelantaron que “se crearán cargos de fiscales auxiliares que colaborarán”, y agregaron que “ya lo están ejerciendo”.
En tanto, en el tema jueces, hoy hay 5 jueces de Garantías: 1 en Mendoza -está vacante el de Walter Bento-, 1 en San Rafael, 1 en San Juan, 1 en San Luis y 1 en Villa Mercedes; más 6 de Revisión; y 12 de Juicio y Ejecución.
Al no preverse por ahora la creación de más cargos de jueces, la Cámara de Casación Penal resolvió el 12 de junio pasado que, teniendo en cuenta “el escaso número de jueces en etapa de garantías ante la competencia de instancia de juicio” dispuso que “el Colegio de Jueces de Garantías del distrito Mendoza, se componga también con magistrados de los Tribunales Federales de Juicio del distrito que hayan, previamente, manifestado su disposición para actuar como jueces penales con funciones de garantías”.
Cargos para la creación de la Oficina Judicial
Por otro lado, de parte de la Corte Suprema se dispuso la creación de 16 nuevos cargos dentro de tribunales para la creación de la Oficina Judicial, que es la que llevará adelante la parte administrativa, con la coordinación de todas las causas en toda la jurisdicción de Cuyo, ya sea en cada una de las salas, los horarios y los trabajos de los colegios de jueces.
De los 16 cargos, 12 se desempeñarán en la sede de Mendoza, 1 en San Rafael, 1 en San Luis, 1 en Villa Mercedes y el restante en San Juan.
Los sueldos de los flamantes funcionarios rondarán el millón y los dos millones de pesos (según el cargo, en el que se respetará el escalafón y antigüedad) y los nombres fueron resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, no sin antes haber realizado consultas a los jueces titulares de las provincias y ciudades mencionadas.
De los 16 puestos, fueron, en el ámbito de los funcionarios, un Secretario Letrado (Gonzalo Gassull, que se postuló para ser juez federal); 4 Secretarios de Juzgado (Santiago Petra, Amparo Giuffré, Cecilia Endeiza y Mariano Rodríguez); y 2 Prosecretarios Administrativo (Osvaldo Gagliardi y Emilio Báez Grau).
Respecto al personal administrativo y técnico, habrá 2 Jefes de Despacho (Jorge Suárez y Paula Rodríguez Raffo); 2 Oficiales (Alejandro Ferri y Matías Medina) y 4 Escribientes (Cecilia Nasisi, Brian Villegas, Montserrat Martiarena y Pamela Fernández).
Por último, en Personal de Servicio, habrá un Medio Oficial, que será Aníbal Astesiano.
Si bien no hubo quejas por parte del gremio de Judiciales, sí ha causado malestar en parte del personal de Tribunales Federales el hecho que no se haya establecido un concurso para este tipo de cargos que, según se mencionó, tiene sueldos superiores al millón de pesos y podría resultar un “ascenso” dentro del espacio judicial, que también impacta en los antecedentes a la hora de rendir concursos para magistrados.
Por otro lado, de todos los nombrados, hay 3 que se presentaron en el concurso para ser juez federal en el cargo vacante que tenía Walter Bento (Gassull, Giuffré y Báez Grau).
Peligro de “colapso”
Desde el gremio de Judiciales, Chirino se centró en los problemas que podrían tener sobre todo las fiscalías con la implementación del sistema Acusatorio; y expresó que aguardan también mejoras tanto en más personal, como además en infraestructura.
En este sentido, sostuvo que además de la falta de sede en Mendoza para el Ministerio Público Fiscal, se suman problemas en San Rafael, que “están en un edificio del Correo con condiciones inadecuadas”; además de otros inconvenientes en las ciudades de San Juan y San Luis.
“Queremos marcar que el gremio está a favor de la implementación, pero no de esta manera de forma intempestiva”, señaló; y puso foco en el comienzo de la feria judicial, que arrancará la semana que viene, lo que quedará, desde el retorno a Tribunales, “menos de 10 días hábiles para que comience a correr el nuevo sistema”.
Chirino expresó que la falta de empleados en las fiscalías “sobrecargará” a los trabajadores; y señaló que hoy los juzgados “triplican en personal a las fiscalías, que tienen no más de 10 empleados en cada una de ellas”.
Como ejemplo, sostuvo que “el Juzgado Federal 1 tiene casi 40 empleados; y el 3 tiene por lo menos 25; que son los que hoy llevan las causas, sin sumar a los prosecretarios, secretarios y fiscales. Pero ahora todo el trabajo lo hará el MPF, en el cual cada fiscalía no llega a 10 trabajadores”.
Por otro lado, el gremialista sostuvo que incluso Julio Piumato, secretario general de Judiciales a nivel nacional, envió un documento al procurador Eduardo Casal, manifestando “una falta de adecuaciones y condiciones mínimas” particularmente para las fiscalías.
“Hasta ahora, no se ha conseguido igualar la estructura que tenían los juzgados cuando eran responsables de la instrucción de las causas, una tarea que ahora realiza el MPF”, señalaron.
Y finalizó: “Esta organización sindical no objeta el sistema acusatorio, pero sí demanda a las autoridades seriedad en su implementación, garantizando previamente, las condiciones apropiadas de trabajo, y el respeto a la dignidad de los trabajadores del MPF”.
Tras esto, Chirino resaltó: “Al dia de hoy la decisión está tomada pero el sistema puede colapsar”.
