Tanto Lázaro Báez como Cristina Kirchner comparten la misma acusación en el caso Vialidad. Ambos fueron condenados por el delito de administración fraudulenta, maniobra que los involucró y que, según el criterio del Tribunal Oral Federal 2, representó un perjuicio de 80.000 millones de pesos para el Estado.
En la jornada de hoy, en la anteúltima audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal -responsable de revisar la condena- la defensa del empresario patagónico pidió su absolución, rechazó los fundamentos de los jueces y la pena de seis años de cárcel, según detalló Clarín.
La audiencia de Lázaro Báez
Minutos después de las 10, el abogado Juan Villanueva inició su exposición, anticipando que la condena dictada por el Tribunal de juicio, respondió a una “errónea y arbitraria valoración de la prueba” y que por ese motivo “la sentencia debe ser revocada”. Añadió a ese criterio que los magistrados que condenaron a Lázaro Báez “renunciaron a la verdad material, algo incompatible con el servicio de justicia”.
Además, para el abogado del dueño del Grupo Austral, el Tribunal incurrió en una “violación del principio de inocencia, de legalidad, del principio de congruencia, violación al derecho de defensa y reiteró, una violación al principio del juez natural”. Se refirió en primer término a la acusación central: el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
Se trata de 51 procesos licitatorios con “sobreprecios, colusión empresarial y una situación de excepcionalidad en Santa Cruz”. La defensa rechazó esos tres elementos centrales y acusó al Tribunal de “inventar una pericia (que determinó los sobreprecios), al no poder demostrar las acusaciones”.
Cabe destacar que la justicia federal señaló en este expediente que sin Lázaro Báez no habría existido la maniobra bajo investigación. Los fiscales del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral -esto es 51 contratos por $46.000 millones-, se refirieron a un accionar delictivo por parte del ex socio comercial de los Kirchner.
De esta manera, cuando la sentencia llegó al máximo tribunal penal para su revisión, tras todas las apelaciones formuladas, el Ministerio Público Fiscal ponderó como agravante “la creación del armado societario para receptar los contratos viales, como también el lucro personal que se expone en su incremento patrimonial”.
Esa referencia se vincula directamente con dos números que son parte del expediente: el incremento en un 12.000% de la fortuna de Lázaro Báez a quien el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) le adjudicó 1.412 bienes muebles e inmuebles por 205 millones de dólares a valores de 2016.
El otro número es 46.000% y responde al incremento del patrimonio de Austral Construcciones a quien la justicia comercial le comenzó a rematar en el marco de la quiebra, el extenso listado de bienes para cumplir con la distribución entre los acreedores, entre los que se encuentra la AFIP con un reclamo cercano a los $2.000 millones.
Asociación ilícita: el pedido de la fiscalía
En su apelación, la fiscalía insistió en que a Báez le corresponden doce años de prisión porque se le debe atribuir, al igual que a la ex vicepresidenta, el delito de asociación ilícita. En el caso de Cristina Kirchner en carácter de jefa y al empresario como organizador.
En ese marco, cuando se solicitó ante la Sala IV de la Casación Federal que la sentencia acusatoria sea modificada y que se apliquen penas mayores, el fiscal general Mario Villar se refirió a Báez en varios tramos, como “un empresario creado” para que la asociación ilícita pueda cumplir con su finalidad: direccionar contratos viales, desviar fondos públicos.
Ante la Casación Federal, Villar manifestó que “se trata de graves hechos de corrupción” al analizar este primer cuadro delictual. Y señaló que hubo una “estructura delictual organizada”, en relación al delito que busca que se la atribuya a Cristina Kirchner. Con una mirada diametralmente distinta a la misma, la defensa de Báez insiste en que los delitos atribuidos “no existieron”.
Dicha defensa defendió en su apelación los contratos adjudicados, revistiéndolos de total legalidad y bajo los circuitos administrativos correspondientes. En este punto ya había argumentado que “no existió ninguna administración fraudulenta ni ningún perjuicio al Estado y sería entonces imposible que Lázaro hubiera sido el organizador de una asociación ilícita siendo que no tenía injerencia en nada vinculado a los contratos confeccionados ni presupuestos asignados”.
Según el Ministerio Público Fiscal, la asociación ilícita está integrada por Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, “que realizaron los hechos investigados y se “organizaron para cometerlos”. En el caso Vialidad “se cumplen los elementos de la asociación ilícita: se da el elemento organizacional, la voluntad unificada de sus participantes y la indeterminación de los delitos”.
De acuerdo a este último concepto, el fiscal refutó el criterio de la mayoría del Tribunal de juicio, cuyos jueces entendieron que las 51 licitaciones adjudicadas a Báez constituyeron “un sólo hecho de administración fraudulenta, no habría planes múltiples y no se da el número de integrantes de la asociación ilícita”.
En un sentido opuesto a esto, la fiscalía considera que cada licitación es una defraudación en sí misma, es decir, cada proceso licitatorio constituyó un delito individual.
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