La Pampa nunca baja la guardia en su pelea contra Mendoza. Cuando el presidente Alberto Fernández llegó a nuestra provincia para tomar posesión de la mayoría accionaria del Estado nacional en Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), se encendieron alarmas. El gobierno pampeano pidió a la Nación que, como accionista mayoritario, retire a Impsa del consorcio Malal Hue que aspira a construir la represa Portezuelo del Viento.
La traba para que Mendoza adjudique la licitación y ponga en marcha el proyecto hidroeléctrico es política: por un reclamo pampeano hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que fue decidido por el Gobierno nacional en noviembre pasado y ratificado a mediados de marzo.
La duda que surge en la vecina provincia es que, como ahora la Nación conduce la empresa, podría influir sobre la construcción del complejo hidroeléctrico. Y si cambia la postura nacional, las otras provincias que son parte de la cuenca del río Colorado (Buenos Aires, Río Negro y Neuquén) podrían darle la espalda al reclamo de La Pampa.
Nada nuevo. Esas jurisdicciones, que con el cambio de gobierno empezaron a jugar en sintonía con las pretensiones del gobernador Sergio Ziliotto, en la era Macri apoyaban Portezuelo. De hecho, habían aprobado la obra, el impacto ambiental y el plan de llenado de la represa.
El domingo, el gobierno pampeano emitió un comunicado donde aluden al rescate de Impsa: “que el Estado nacional sea ahora el principal accionista de Impsa resulta para el país una muy buena noticia y se celebra que la compañía recomponga su capital de trabajo y se proyecte para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos. No obstante, no puede usarse para tapar las inconsistencias técnicas, ambientales, legales y económicas de una obra como así pretenden actores mendocinos”, dice.
Sostiene, además, que “esta estatización no subsana los defectos que el propio Estado nacional, en coincidencia con La Pampa, ha observado a la obra Portezuelo del Viento. Tal como se ha indicado, la obra carece de los estudios ambientales para poder llevarse a cabo, los cuales deben ser integrales sobre toda la cuenca del río Colorado”.
Mas aún, pone en duda la tarea realizada por el gobierno mendocino y los dos estudios de impacto ambiental, uno realizado por la UNCuyo y la UTN local y, el otro, por las universidades nacionales de La Plata y del Litoral: “se está en presencia de un proyecto de obra confeccionando hace más de 30 años, en base a conocimientos, tecnologías y exigencias muy disimiles de las actuales. Es una obra inviable desde el punto de vista ambiental, e inviable desde la generación de energía. Portezuelo representa todo aquello que una empresa que quiera consolidarse en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos no debería siquiera considerar”, remarca.
“Ahora que el Estado Nacional es accionista mayoritario, y dadas todas las observaciones y críticas que él mismo realizó sobre Portezuelo, sería razonable que respalde sus palabras con acciones y retire a Impsa de la licitación de una obra que se encuentra cuestionada por 4 de los 5 condóminos de la cuenca”, reclama.
Una de las principales obras que Impsa tiene en agenda para lograr su despegue es justamente Portezuelo del Viento. La empresa que fuera fundada por la familia Pescarmona es parte de la Unión Transitoria de Empresas Malal Hue, que lideran la constructora china Sinohydro, Ceosa y Obras Andinas y que conforman unas 50 pymes locales.
El flamante miembro del directorio de Impsa por el Estado provincial Pablo Magistochi, había señalado a Los Andes que “este rescate viene con un compromiso de Nación de generar contratos, porque Impsa no necesita solo capital, sino que una de las cosas que la llevó a esta situación es que perdió los contratos locales. Se le complicaron los contratos en el exterior, perdió la capacidad de financiarse en el exterior y en el país, y terminó en esta situación”.
Más adelante, Magistochi también lanzó otra frase preocupante para La Pampa: “el controlante de esta compañía ahora es el Estado nacional, nosotros tenemos una posición minoritaria y no ejercemos la voluntad societaria de Impsa, pero estamos para cuidar los intereses de Mendoza. Va a depender muchísimo de la capacidad del Estado nacional para generar negocios para que Impsa pueda recuperar lo que alguna vez hizo”.
Las alertas en La Pampa se completaron con una nota de opinión publicada en la edición dominical de Los Andes, firmada por la senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti. Allí, la también presidenta del PJ mendocino indica que Impsa “podrá actuar como proveedora en los Proyectos hidroeléctricos en El Tambolar San Juan, Portezuelo del Viento en Mendoza, como también los proyectos de reparación y repotenciación de la central Yacyretá y de muchas otras centrales cuyas concesiones revierten en el 2023”.
El aval político los futuros trabajos que podría hacer la empresa incluyen no sólo Portezuelo, sino también otra obra que los pampeanos resisten, ubicada en el río San Juan, la represa Tambolar. Hay que recordar que La Pampa hizo una presentación ante la Corte Suprema de la Nación para que se imponga el criterio de cuenca hídrica en el río Desaguadero, del cual el río San Juan es afluente, así como casi todos los ríos de Mendoza (salvo Atuel y Grande).
La beligerante La Pampa
La vecina provincia tiene un conflicto histórico con Mendoza por las aguas del río Atuel. Acusan a nuestra provincia de “robarse un río”. Ese conflicto está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver el plan de obras para garantizar que lleguen a La Pampa un mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo.
La segunda pelea es por la construcción de Portezuelo del Viento. El proceso para llegar a la construcción de la represa empezó a acelerarse cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, a pesar de la resistencia de La Pampa. La situación cambió con la llegada de Alberto Fernández al poder. En junio del año pasado, el Presidente dijo: “No quiero financiar una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias”.
La última avanzada pampeana es por el río Desaguadero. Se presentó a la Corte nacional para solicitar la conformación de un comité de cuenca que abarcaría a las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.
