Claudio Parra (46) es un agente municipal que trabaja en General Alvear y tiene rango de capataz. El obrero, con 27 años de antigüedad, se las rebuscó para cumplir con una sentencia de seis meses de prisión y, como si nada pasara, continuar cobrando el salario con total normalidad. Incluso en el bono de sueldo percibió un ítem que es solo para el personal en actividad.
El fraude del empleado estatal se concretó por medio de certificados médicos; por varios meses estuvo con una supuesta licencia psiquiátrica.
El caso salió a la luz a partir de un pedido de informes de concejales opositores y luego, con las pruebas en mano, la Municipalidad inició un sumario administrativo. Como Parra ya se había reincorporado, también lo suspendieron preventivamente por 90 días.
A fines de agosto ediles justicialistas iniciaron un expediente solicitando información sobre el agente Parra porque aparentemente había estado preso pero siguió percibiendo el salario mensual todo ese tiempo.
Ante el reclamo opositor, desde la asesoría letrada del Municipio solicitaron información al tribunal en Alvear y cuando recibieron la respuesta se llevaron tamaña sorpresa.
Desde la Justicia les confirmaron que efectivamente estuvo detenido desde el 7 de marzo de este año y lo condenaron a seis meses de prisión. La sentencia se cumplió en la modalidad de arresto domiciliario y para asegurar el cumplimiento de la medida judicial, le colocaron una tobillera electrónica para el seguimiento satelital.
“Cuando nos llegó el expediente empezamos a averiguar y efectivamente en el juzgado nos confirmaron que el empleado estuvo detenido desde marzo y lo sentenciaron a prisión efectiva”, comentó Sergio Alonso, abogado del municipio.
“Acá el problema es que nunca nos enteramos de la sentencia porque no se nos notificó. Ahora le pasó a la Municipalidad pero le puede pasar a cualquiera, también a los privados”, agregó el asesor legal.
Claudio Parra arrastraba una condena por un accidente de tránsito en el que falleció una persona alrededor de 2011. En aquel entonces lo sentenciaron a tres años de prisión. Pero además lo inhabilitaron para manejar y esa pena aún seguía vigente.
El 7 de marzo pasado, la Policía de tránsito lo detuvo en un control rutinario y cuando no pudo presentar la licencia para manejar, los efectivos chequearon en el sistema y saltó la prohibición para conducir que pesaba sobre Parra, lo que derivó en su inmediata detención.
En un juicio abreviado, Parra fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva por quebrantar una pena impuesta por la justicia.
Para esquivar la sanción pero en el ámbito laboral, ya que se quedaría sin cobrar los haberes por todo ese tiempo, el estatal primero solicitó vacaciones y, cuando se cumplió el tiempo, comenzó a presentar certificados médicos que avalaban el pedido de licencia por problemas psiquiátricos.
Así se mantuvo hasta el 29 de julio que consiguió el beneficio de la libertad asistida y en agosto se reincorporó a trabajar, como si nada hubiera pasado.
Además, durante dos meses percibió el ítem “jornada doble”, que solo se les paga a los empleados que están en actividad y hacen alguna tarea extra.
“Acá hubo una especie de fraude al Estado porque el juzgado confirmó que estuvo detenido, no hay ninguna duda de eso.”, afirmó el abogado Alonso.
El intendente Walther Marcolini aprobó la suspensión por 90 días del agente municipal sin goce de haberes y además dio vía libre para que se inicie el sumario administrativo.
“Administrativamente corresponde iniciar el sumario que puede concluir con una sanción, la cesantía o directamente la exoneración. El trámite puede demandar unos 30 días porque ya fue notificado y ahora él tiene 10 días hábiles para contestar. De mínima lo que pretendemos es que devuelva el dinero que cobró indebidamente”, agregó el asesor legal.
Además se analizaba la posible presentación de una denuncia penal contra el empleado.
En cuanto al pago de la doble jornada, Alonso se excusó y dijo que estaba al tanto pero que ese aspecto también sería parte de la investigación sumaria.
Sobre cómo hizo un profesional para extender tan fácilmente un certificado médico a un obrero y así burló al Estado, Alonso no entró en conflictos y solo se limitó a decir que “eso debería ser parte de una investigación judicial”.
*Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.
