Acusan a un aliado de Orozco por millonaria deuda con Las Heras

Un concejal radical relaciona a la empresa KORY S.A, con el dirigente Roberto Lucas, actualmente en La Unión Mendocina. Un fallo judicial blanquea la deuda millonaria de la firma con la comuna, una empresa municipal, ATM y AFIP.

El Movimiento de Unidad Popular (MUP) se incorporó el 18 de agosto a La Unión Mendocina. En la foto aparecen Orozco y Lucas.
El Movimiento de Unidad Popular (MUP) se incorporó el 18 de agosto a La Unión Mendocina. En la foto aparecen Orozco y Lucas.

El robo en banda que sufrió, días atrás, una carnicería en Las Heras despertó suspicacias porque en las imágenes se advierte la presencia de Roberto Lucas, un ex concejal lasherino de extracción peronista, que está en las filas de La Unión Mendocina. Un causa en los Juzgados Concursales muestra el volumen de deuda con varios organismos, entre ellos la Municipalidad de Las Heras y la Empresa Municipal de Obras y Servicios S.A.U.

El concejal radical de Las Heras, Hernán Quevedo, vincula al dirigente con la firma KORY S.A. y lo acusa de haber llevado a la quiebra a la firma para no pagar. Es decir, le debe a su aliado. También hay una deuda millonaria con la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Los escándalos en Las Heras parecen estar lejos de calmarse. No sólo hay batallas judiciales en varias unidades fiscales, hubo intentos y robos en banda. Ahora se suma una situación judicial que vincula a Roberto Lucas, quien figura como apoderado de la firma Kory S.A, según su perfil en LinkedIn además de ser señalado por un edil radical enfrentado con el jefe comunal.

Lucas volvió a aparecer mediáticamente en la política mendocina cuando su imagen junto a Omar De Marchi, dándole la bienvenida al Movimiento de Unidad Popular (MUP) en La Unión Mendocina, se difundieron. Aunque hace tiempo que viene trabajando para la coalición y puntualmente, muy cerca de Daniel Orozco. Carlos Montero, actual director de Desarrollo Social del municipio, le responde políticamente.

Días después, con el robo en banda a una carnicería de Javier Mignani, su nombre apareció nuevamente en escena porque fue captado en algunas fotografías que recorrieron. Según indicaron, el dirigente trabaja allí desde hace mucho tiempo. En La Unión Mendocina asumen que Lucas es dueño de las carnicerías saqueadas.

Hernán Quevedo mostró la carta documento que le envió Roberto Lucas luego de su acusación.
Hernán Quevedo mostró la carta documento que le envió Roberto Lucas luego de su acusación.

Justamente cuando regresó a la arena política, y luego de los robos en banda a los locales comerciales lasherinos, desde Cambia Mendoza no tardaron en fustigar al frente. Lo cierto es que un fallo judicial exhibe la suma millonaria que debe la sociedad anónima, que sería de la que es apoderado Lucas, según ha descripto en Linkedin.

La deuda millonaria que salpica al aliado

La denuncia en las redes sociales la realizó el concejal radical Hernán Quevedo, cuyas publicaciones en la red social Equis (ex Twitter) tienen como blanco preferido la gestión de Orozco y la campaña de La Unión Mendocina. En uno de esos hilos, apuntó directamente contra Roberto Lucas.

La Unión Mendocina incorpora a sus filas a Roberto Luca, siempre oficialista, siempre deudor crónico de tasas municipales. Presentó a su empresa (Kory sa) en quiebra para no pagarle al municipio una deuda millonaria, entre otros. Nadie es orozquista gratis”, expresó el edil. El propio acusado le envió una carta documento, que fue compartida por Quevedo, emplazándolo a que se retracte.

Eso le dio envión al concejal para difundir una resolución judicial del Tercer Juzgado de Procesos Concursales del 25 de agosto de este año. La causa, caratulada como “KORY S.A. P/ QUIEBRA INDIRECTA” ya cuenta con pronunciamiento sobre los créditos y privilegios de acuerdo a lo que se ha solicitado durante el proceso judicial.

Los tecnicismos jurídicos hablan de “créditos quirografarios”, término que en la justicia alude a créditos para los cuales no se suele pedir garantías. Y en los que, normalmente, se sabe de antemano cómo se pagará. No tienen destino de inversiones.

En la lista de perjudicados por la firma que se vincula a Lucas, y que denuncia Quevedo, está la Municipalidad de Las Heras. El fallo resuelve declarar “verificado” un crédito quirografario con la Empresa Municipal de Obras y Servicios S.A.U. por $6.208.717,72. Pero además, hay una admisión por dos créditos, con distintos tecnicismos, pero por $805.201,14 y $269.546,36 con la propia comuna.

Daniel Orozco, intendente de Las Heras y candidato a Vice Gobernador en la fórmula con Omar De Marchi (La Unión Mendocina).
Daniel Orozco, intendente de Las Heras y candidato a Vice Gobernador en la fórmula con Omar De Marchi (La Unión Mendocina).

Otra de los damnificadas es la Administración Tributaria de Mendoza. En el mismo fallo, se admite una suma millonaria a pagar por la firma que de acuerdo al análisis, corresponde a multas por los períodos 04/2019 al 02/2023. Incluso, el organismo recaudatorio presentó constancias de las notificaciones, y otorgó un plazo para que la empresa recurriera el acto, cosa que no ocurrió según dice la resolución.

En el informe del tercer trimestre publicado por el Tribunal de Cuentas (el segundo todavía no está disponible), Kory S.A figura entre los principales deudores de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La falta de pago de los tributos en tiempo y forma adecuada importa una transgresión a la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, como asimismo, a una buena organización y marcha del mismo. Por ende, la omisión de pago en tiempo y forma constituye una infracción punible”, expresa el fallo del juzgado.

Lo admitido, según la resolución, tienen distintas denominaciones, pero supera los $48 millones. Con este escenario, ATM está dentro de la quiebra, por lo que tarde o temprano cobrará esa deuda.

No son los únicos, porque a estos organismos hay que agregar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) montos admitidos, también tipificados de distinta forma, pero acumulando casi $31 millones. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo se anota con un monto a cobrar por $708.137,40.

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