La Fundación Nuestra Mendoza, junto al ex gobernador Arturo Lafalla y Gustavo Gutiérrez, patrocinados por Luis Correa y Alicia Barrionuevo, interpusieron esta mañana un pedido de inconstitucionalidad por dos decretos publicados en el Boletín Oficial y firmados por el gobernador Rodolfo Suárez. Solicitan ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una medida cautelar para que Edemsa no pueda operar con el objeto ampliado, de acuerdo a la modificación del Estatuto Social aprobado el 6 de octubre, pero publicado el 27 de ese mes. Además, cuestionan el Acuerdo Transaccional firmado entre las partes que permite la extender la concesión de la firma para prestar el servicio de energía eléctrica.
“Se interpone acción por inconstitucionalidad (...) contra la Provincia de Mendoza, con domicilio en la oficina de Asesoría de Gobierno, ubicada en calle Peltier 351, primer piso, cuerpo central de la Casa de Gobierno, Ciudad, Capital, Mendoza; a efectos de impugnar la constitucionalidad del Decreto Nº 2074/2023 publicado el 27-10-2023 en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y del Decreto Nº 70/2023 publicado el 31/01/2023 en el Boletin Oficial de Mendoza; y por ende, que sean revocados y que no produzcan efectos jurídicos respecto de las y los usuarios comprendidos en la clase representada”, dice el escrito que conta de 33 páginas y fue presentado ante el máximo tribunal. Lo firman Lafalla, Gutiérrez, Pérez Hualde y los abogados que los representan.
El Gobierno provincial ratificó por decreto, publicado el 31 de octubre de este año, el Acuerdo Transaccional permitiendo que EDEMSA siga prestando el servicio eléctrico por los próximos 20 años. En la renegociación, la Provincia firmó el contrato cinco años antes de que se termine la concesión), a cambio de condonar la acreencia. Además se redujo el canon que Edemsa paga por año, de 10% a 6% -mínimo permitido por ley- y se han reconocido los planes de pago que mantienen con Cammesa -mediante los cuales han regularizado su deuda con esta última- en los cuadros tarifarios.
El 27 de octubre se publicó otro decreto autorizando modificaciones en el Estatuto Social de la empresa. Estas normas son cuestionadas legalmente ante la Suprema Corte de Justicia. Este acuerdo para saldar esa deuda abrió la puerta para un nuevo estatuto de la empresa, que fue aprobado por directorio en mayo, pero que para quedar operativo necesitaba del aval del Ejecutivo. A partir del decreto 2074 firmado por Suárez, le permite a Edemsa desarrollar nuevas actividades que abren posibilidades de negocios por desarrollo de tecnología y know how, e incluso por proyectos y obras de transporte de electricidad y de generación de energías renovables.
El directorio de la empresa votó un nuevo estatuto que fue aprobado por el Gobernador. A partir de ahora, la empresa podrá comercializar tecnología propia, dar consultoría construir líneas eléctricas hasta 132 kilovoltios y plantas de generación de energías renovables. Natalio Mema, Secretario de Servicios Públicos, había dicho a Los Andes que “una vez terminado el contrato original, regido por la ley de creación de Edemsa, el próximo contrato tenía que adoptar todos los avances tecnológicos que han ocurrido en los últimos 20 años, porque era muy rígido”.
Esta disposición es la que motivó a los denunciantes a solicitar una medida precautoria con la intención de que la Suprema Corte de Justicia le ordene a EDEMSA “que se abstenga de celebrar cualquier tipo de contrato o negocio de naturaleza alguna comprendido en la ampliación de su objeto aprobada en las normas que aquí se atacan por sus vicios groseros. Esta sola circunstancia acredita el peligro en la demora”.
Las razones de las medidas judiciales
“Los cuestionamientos se han hecho. ¿Cómo es que 4 años antes de que venza una concesión de 20 años de servicios publico se renueva por 20 años más? No digo que esperemos al ultimo día, pero, ¿4 años antes? Y además se la hace firmar a la provincia como concedente del servicio público, como socia dentro de Edemsa que es la concesionaria y ademas concediendo temas económicos muy importantes del tipo político”, explicó Pérez Hualde a Los Andes. Ya había expresado su opinión a este medio en dos ocasiones.
El ex ministro de máximo tribunal aclaró que acompaña la demanda con los estudios que viene realizando y remarcó su especialidad en Servicios Públicos. “Es la cátedra que doy en la carrera Derecho en distintas universidades. Tengo dos libros publicados sobre el tema”, subrayó. Y también aclaró que se esperó al último día para evitar cualquier tipo de connotación política a la acción judicial que decidieron.
Sobre el proceso de la renovación de la concesión a Edema, Pérez Hualde cree que “le ha faltado un control importante, no es admisible que se juegue así de esta manera, con esta concesión de 20 sin pasar por la Legislatura. La empresa Edemsa no es la que es hoy. Acá se ha permitido hace menos de 30 días, a través de un decreto, una reforma del objeto de Edemsa que la transforma en otra sociedad. Esta Edemsa no es la que, con autorización de ley, se de le dio la concesión hace 20 años. Y con autorización de ley, se intentó renegociar el contrato”.
“Esta es otra empresa porque tiene otro objeto y va a trabajar en sistemas bursátiles, en contratos internacionales, con una ampliación de objeto fenomenal teniendo como respaldo al patrimonio de la Provincia, porque es una sociedad del Estado provincial. Pero sin que la provincia pueda usufructuar ninguna de las utilidades que puedan surgir de ese negocio”, expresó el ex ‘supremo’.
En ese sentido, agregó que “en esas utilidades, la Provincia se obliga en las renegociaciones a permitir la libre disponibilidad de utilidades que otorgue a la sociedad gracias a esos negocios distintos. En cambio, las utilidades que le toquen a ella de esos negocios, está obligada a invertir en el servicio público. Lo de la Provincia es de todos, lo de los otros es de los otros”.
El Acuerdo Transaccional no convence a los litigantes, como ya vienen manifestando desde que se conocieron las condiciones del nuevo vínculo. Uno de los puntos que discute Pérez Hualde tiene que ver con los juicios varios que enfrenta Edemsa. “No he visto los juicios. No se si van a ganar o se van a perder. No se menciona toda la indemnización que recibió ya Edemsa de parte de Cammesa, la condonación de deuda. Cammesa le perdonó una deuda inmensa y no esta considerada en los acuerdos transaccionales. Hay agujeros que son imprecisiones inadmisibles en un contrato público”, expresó el reconocido jurista.
Pero Pérez Hualde pone la lupa en los litigios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que protege inversiones extranjeras en los países miembros- por la ruptura de la ecuación económico-financiera. “Se invoca el riesgo y el gran peligro del CIADI. Invocan como antecedente un juicio perdido por la República Argentina donde no tiene nada que ver Edemsa. Es un juicio de otra cosa, de otra materia, por otros temas. Sí claro que se perdió, pero la Argentina tuvo 40 juicios frente al CIADI y no ha perdido más de 10 juicios. Hay un cuco inventado”, aseguró.
Con respecto a la baja del canon, que pasa del 10% al 6%, el ex ‘supremo’ no lo ve irregular siempre y cuando “esté explicado el por qué. ¿Cuánto es eso? Qué monto significa y si con eso yo logro recomponer el equilibrio económico-financiero que merece ser recompuesto. No es malo en sí, lo que es malo es darlo sin una verdadera explicación y una determinación clara de cuál es el monto”.
En líneas generales, considera que hay “ausencia de un verdadero análisis público, abierto de toda esa renegociación y de esos acuerdos transaccionales. Y después, pasar por la Legislatura la conveniencia de tener a Edemsa como concesionaria de un servicios público, como es el de la electricidad. Sin licitación porque puede haber otras interesadas. La provincia tiene a otras empresas operando que prestan el servicio eléctrico que podrían estar interesados en prestarlo”.
“Y no embarcar a la prestadora en aventuras económicas que se van a ventilar, demandadas por negocios realizados en el extranjero en beneficio de la empresa donde no va a participar la Provincia en las utilidades pero sí pueden hacer quebrar la empresa, que es la que nos presta el servicio público”, remarcó.
El Gobierno defiende el proceso
Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, que conduce Natalio Mema, indicaron: “Nos estamos enterando ahora y, obviamente, parece lo han armado para los medios, no para la justicia. Porque si lo conocen ustedes antes que nosotros, es porque no lo han presentado o si lo han presentado no lo han notificado todavía”.
“En una primera vista, está fuera de plazo la inconstitucionalidad, y ya está firme el decreto. De todas formas siempre es conveniente que lo revise la Justicia, el proceso ha sido ajustado a derecho en todos sus términos”, agregaron.
