El oficialismo, citando a la Casa Rosada, hizo saber que “los números están” para que este año el aborto sea legal, pero cuando uno mira la foto no solamente no están sino que el escenario es cada vez peor.
Por caso, el radical pampeano Juan Carlos Marino, que figuraba como indefinido por su propia cuenta, anunció este jueves que finalmente votará en contra, porque así lo quiere la mayoría de sus conciudadanos provinciales, según argumentó.
Con este nuevo rechazo (Marino ya había votado en contra en 2018), son 33 los senadores que votarían a favor, 35 los que votarían en contra y 3 los indefinidos.
Los tres indefinidos son los entrerrianos Stella Maris Olalla (UCR) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) y la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino.
Los tres forman parte del plenario en que se debatió el proyecto en el Senado: Olalla y Crexell integran la comisión cabecera, Banca de la Mujer, y Kueider integra la de Justicia y Asuntos Penales (la otra es Salud).
Aunque no están obligados a hacerlo, por ser integrantes de las comisiones se supone que deberían estampar su firma en el dictamen a favor o en el de rechazo. Pero pueden, si así lo desearan, mantener su indefinición sin firmar nada.
Hasta ahora, no ha habido novedades de Olalla ni de Crexell, pero Kueider anoche terminó firmando en disidencia el dictamen de comisiones, de lo que cual se infiere que su voto podría ser favorable.
Modificaciones
En ese contexto, el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que no solamente está a favor de la legalización del aborto sino que es aliado del Frente de Todos en las votaciones, sorprendió este jueves al plantear una serie de objeciones a la media sanción de Diputados y señalar críticas respecto de su aplicabilidad.
A estas objeciones adhirió después el senador por Córdoba Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO).
Aunque Weretilneck no condicionó su voto favorable a la iniciativa, hizo saber a través de sus voceros que cuando planteó cambios hablaba muy en serio y que cree que la ley debe ser mejorada.
Tras las palabras de Weretilneck, el presidente comisión de Justicia, el ultrakirchnerista neuquino Oscar Parrilli, señaló que, aunque los planteos de Weretilneck y de cualquier otro senador serán tenidos en cuenta directamente en el recinto, algunas cuestiones podrían resolverse en el Poder Ejecutivo con la reglamentación.
En el caso de que el Senado le aplicara cambios a la media sanción, el proyecto debería volver en revisión a la Cámara de Diputados, lo que, pese a la demora, sería una buena noticia para los verdes porque en tal caso no hay riesgo de que caiga la ley. Es decir, ya habría ley, sí o sí.
Pero para eso, antes, deben estar los votos.
El oficialismo busca tranquilizar a las bases y sostiene que la ley va a salir, pero no muestra qué ases tiene bajo la manga. Es lógico: ningún jugador los mostraría antes de tiempo, sobre todo porque todavía faltan 11 días para la sesión.
Al cierre del debate, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”, contra las críticas de los celestes, que insisten en que se trató de un debate exprés, pese a que por la Cámara Alta desfilaron 54 expositores, varios de los cuales ya habían expuesto ante los mismos senadores hace dos años, en la anterior discusión que terminó en rechazo.
“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo la legisladora por Mendoza, vicepresidenta del bloque Frente de Todos.
Fue una respuesta al jefe de esa bancada, el formoseño José Mayans, que con denuedo y enjundia está peleando para que la ley de su propio gobierno no salga.
“En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’. No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”, dijo Mayans.
