El país empezará este miércoles a transitar 48 horas clave en la discusión nacional de la legalización del aborto, que por segunda vez en la historia llegará a discutirse en un recinto del Congreso, el de Diputados.
Tras el rechazo del Senado en la sesión del 8 de agosto de 2018, ahora, quienes promueven una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que despenalice y garantice la práctica en el sistema de salud, además de que sea gratuita, volverán a intentar cumplir el objetivo, pero esta vez con un elemento inédito: que el proyecto es del Poder Ejecutivo.
Tras el fin de semana XXL y después de escuchar a 60 expositores, el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Legislación Penal volverá a reunirse este miércoles para firmar los dictámenes, que serán votados el jueves, en una sesión que, como se espera que sea tan larga, podría terminar recién el viernes.
Es que la gran mayoría de los diputados, tanto verdes como celestes, van a querer hablar.
El tema atraviesa a los partidos y coaliciones políticas, al punto de que hay en todos los espacios diputados a favor, diputados en contra, diputados que se abstendrán de votar y diputados que están indefinidos, ya sea porque aún no decidieron cómo votar o porque ya lo saben pero no desean hacerlo público.
Pero todos, salvo unos pocos, no se querrán perder la oportunidad de figurar en los libros y en las crónicas periodísticas de un suceso tan trascendental.
Cuáles son los números
De acuerdo con un conteo realizado por Los Andes, en la Cámara Baja los verdes llevan ventaja: son 122 votos afirmativos (serían 123 con el massista José Ignacio de Mendiguren, que está de licencia en su banca) contra 109 negativos (serían 110 si se cuenta al macrista Eduardo Cáceres, que también está de licencia).
El conteo realizado por este medio se basa en un criterio estricto: sólo se toman los votos de 2018, de quienes eran diputados, las posturas públicas de quienes no lo eran aquel año y votarán ahora por primera vez.
En el medio hay 23 diputados indefinidos y la peronista cordobesa Alejandra Vigo, que para esta ocasión podría sostener su abstención de 2018.
Como hace dos años, ahora también hay todo tipo de versiones sobre cómo votaría uno u otro diputado.
Este medio pudo saber que de los 22 indefinidos hay por lo menos cinco que tendrían decidido su voto a favor del proyecto gubernamental.
Eso significa que llegarían a 127, que no es el número mágico para asegurarse la media sanción, 129 (la mitad más uno de los integrantes del cuerpo) pero igualmente los deja a tiro de cantar victoria solamente sumando un par de abstenciones.
De cualquier manera, aunque en el bando verde hay optimismo prefieren ser cautos: siempre puede sorprender algún contratiempo; algún diputado contado como verde que decida repensar su posición y ausentarse o abstenerse.
Esto ya ha ocurrido con dos diputadas de Juntos por el Cambio (JPC), la radical chaqueña Aída Ayala y la macrista correntina Sofía Brambilla, quienes en 2018 votaron a favor de la legalización del aborto y ahora hicieron saber que votarán en contra.
Los celestes, a su vez, sumarían el voto negativo al proyecto de al menos cinco de los indefinidos, pero quedarían lejos de los 129, con apenas 114.
Primero lo primero
Pero antes de la sesión, que volverá a ser mixta —es decir, con votación por el sistema remoto que funciona desde mayo—, aunque con mayor presencia física de diputados en el recinto de la Cámara Baja, se firmarán los dictámenes del plenario de comisiones.
De acuerdo con un cálculo elaborado por el portal especializado Parlamentario, la mayoría de las firmas de los diputados que integran las cuatro comisiones serán para el dictamen a favor del proyecto y menos firmas juntaría el dictamen de rechazo.
Esto significa que el dictamen a favor de la iniciativa será el primero en votarse, pero no significa que esté garantizada la media sanción.
En 2010, para el debate del Senado sobre el Matrimonio Igualitario, el dictamen de rechazo fue el que más firmas cosechó en las comisiones pero después terminó siendo rechazado por el pleno, tras lo cual se sometió a votación el dictamen de minoría (a favor) y se sancionó la ley.
Qué dice el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, a la que hasta el momento desde el bando verde no le han señalado ningún posible cambio, declara legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, en línea con el proyecto que viene presentando desde hace 15 años la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones.
Por fuera de ese plazo, según el proyecto gubernamental, el aborto será legal solo con las siguientes causales: violación, embarazo de menores de 13 años (personas consideradas abusadas sexualmente) y peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La propuesta, que es una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, y que tiene a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, como principal impulsora dentro de su Gabinete, además de los ministros de Salud, Ginés González García, y de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, incluye el derecho del médico a la objeción de conciencia. Deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, dice la iniciativa.
Establece que “el personal de salud no podrá negarse” a la realización del aborto “en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable”.
El artículo 11º, además, establece que el aborto será gratuito, tal como lo viene reclamando desde siempre la Campaña.
Con respecto a la despenalización, de aprobarse el proyecto del Gobierno, el artículo 86 del Código Penal quedaría redactado de la siguiente manera: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”.
El plazo máximo para acceder al aborto, de acuerdo con el proyecto oficial, es de 10 días. Además, de acuerdo con el artículo 12º, la Nación, las provincias, la Capital y los municipios tendrán “la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral”, con “políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva”.
El complemento
Las reglas de juego de la sesión de mañana también se conocerán este miércoles, en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que es la que preside el presidente de la Cámara, en este caso Sergio Massa, con los jefes de los bloques políticos, para definir temario y un sinfín de detalles de cada reunión del pleno de los diputados.
Sin embargo, se prevé una sesión, como se dice comúnmente, maratónica. Por eso, una idea que surgió es, antes de poner en debate la ley de IVE, discutir un proyecto complementario, también enviado por el Gobierno, respecto del cual no hay grieta: el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.
En números
122 a favor
109 en contra
24 indefinidos
2 licencias
129 la mitad más uno de los diputados
