“Porque creemos que es un problema de salud pública, vamos a empujar para que sea ley. Con garantía vienen las heladeras y los lavarropas. Los proyectos de ley no. Lo solía decir Cristina [Kirchner] en sus debates en el Senado”.
Con estas palabras, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, abrió el paraguas frente a un posible segundo fracaso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso, si faltaran votos. Esa es la foto de hoy, aunque no la película.
Es que, si la votación se realizara hoy mismo, el proyecto, que esta vez no será enviado por organizaciones feministas sino directamente por el Poder Ejecutivo —durante noviembre, según Ibarra— sería aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. Igual que hace dos años.
El cálculo surge de un conteo realizado por Los Andes, de acuerdo con las posturas públicas de cada diputado y de cada senador de la Nación, tanto las que constan en las planillas de las votaciones de 2018, de quienes eran entonces legisladores nacionales y lo siguen siendo en el presente, como de quienes no lo eran y en el último año han manifestado abiertamente una posición al respecto.
Este medio no contabilizó a favor ni en contra a ningún diputado ni senador que aún no hubiera hecho pública su postura sobre la legalización del aborto. Todos ellos, por ahora, cuentan como indefinidos.
Qué números hay
En la Cámara de Diputados se cuentan 121 votos a favor, 105 en contra y 29 indefinidos.
Del conteo se excluye a los oficialistas Sergio Massa y José de Mendiguren. Al primero, porque por ser presidente de la Cámara no vota, salvo que deba desempatar, y al segundo, porque está de licencia en su banca.
Los indefinidos son aquellos legisladores que no han hecho pública una posición porque están todavía definiéndola o porque, habiéndola definido aún no la han develado.
Para asegurarse la media sanción, a los verdes les falta conseguir el respaldo de tan solo 8 votos de los 29 indefinidos, porque 129 es la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. Están muy cerca.
Los celestes, en cambio, corren con una dura desventaja: necesitan que 24 de los 29 indefinidos voten en contra de la legalización del aborto. Hoy por hoy suena imposible que vaya a quebrarse esa tendencia.
Sin embargo, en el Senado los antiabortistas, como en 2018, tienen las de ganar.
Escenario reñido
En la Cámara Alta el rechazo cuenta con un piso de 35 voluntades, entre las de quienes ya han votado en contra del proyecto en 2018 y quienes, sin ser legisladores aquel año, ya han hecho pública su postura. Es decir 35 rechazos declarados.
Para hacer caer la ley de nuevo, los celestes necesitan sí o sí 37 votos, y no 36, como en 2018.
Ese año la vicepresidenta era la antiabortista Gabriela Michetti y ahora es Cristina Fernández de Kirchner, que en caso de empate, desempataría a favor de la ley, porque ya afirmativamente siendo senadora de Unidad Ciudadana.
Los verdes suman 32 apoyos y se cuentan 4 indefinidos: ellos son la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo de votar; el enterriano Edgardo Kueider y el santafesino Roberto Mirabella, ambos del Frente de Todos, y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR.
Es decir que para sacar la ley los verdes necesitan que voten afirmativamente los cuatro indefinidos, o bien que se den vuelta o falten a la sesión algunos celestes.
Así como en Diputados no se cuenta a Massa y a De Mendiguren, en el Senado no se cuenta al peronista tucumano José Alperovich (en 2018 rechazó la ley), quien cursa una licencia para afrontar una denuncia penal por violación que presentó en su contra una sobrina suya, y todo parece indicar que no retomará su banca en los próximos meses.
¿Cómo harán, entonces, el gobierno de Alberto Fernández y el sector que promueve el aborto legal para obtener un resultado favorable frente a ese escenario tan difícil?
Ibarra dijo que “los proyectos de ley vienen para ser debatidos” y que deben “persuadir, explicar y respetar” la postura de quienes se oponen.
La mano derecha del presidente Fernández fue audaz al no insinuar ninguna maniobra política extraña para torcer la propensión al rechazo en la Cámara Alta. Aunque no son pocos los que en el mundo parlamentario suponen que las ausencias, como en 2010, para el matrimonio igualitario, podrían jugar su rol.
Pero la clave está en la redacción del proyecto: los funcionarios nacionales se han preocupado por anticipar que tendrá una clara orientación hacia la salud pública, lo que podría ablandar a más de un antiabortista (sobre todo del oficialismo).
