El gobernador Rodolfo Suárez reflotó este jueves la idea de denunciar a la Nación por discriminación en la entrega y reparto de los recursos discrecionales, a una semana de las elecciones primarias en Mendoza, que se desarrollarán el próximo 11 de junio.
En la nota presentada se adjuntaron cinco informes elaborados por el Ministerio de Hacienda local que, en su conjunto, dan cuenta de cómo en principio Mendoza ha quedado relegada al resto de jurisdicciones en la distribución de los recursos que no son coparticipables, y que entrega según su discreción el Gobierno Nacional.
La medida fue anunciada por el propio mandatario, que participó de una reunión con el asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quienes han trabajado en la denuncia formal y que preparan todo el material para ser presentado.
“Presentamos un reclamo ante la discriminación sufrida por Mendoza en el reparto de fondos nacionales. Ha sido claramente perjudicada, quedando por debajo de jurisdicciones con menos habitantes. Este es el primer paso para reparar el trato injusto y desigual hacia los mendocinos”, sostuvo el Gobernador en redes sociales.
Según informó Los Andes en la edición del 8 de abril, Mendoza es la provincia que menos recursos discrecionales recibió por tres años consecutivos, es decir, en la totalidad de la gestión de Alberto Fernández (ver aparte).
Según informó a Los Andes el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, se presentó ante el ministerio del Interior de Nación un “reclamo administrativo”, que es previo a una instancia judicial, a través de la ley de Procedimientos Administrativos nacional.
Además, marcó que este trabajo “no es nuevo” sino que recordó que el Gobernador “hace tiempo pidió al Asesor de Gobierno que iniciara un trabajo de estudio junto a Hacienda por la situación en la cual Mendoza se encuentra discriminada en el reparto de fondos públicos nacionales. Este no es un acto reciente, lleva un tiempo prudencial”.
Por otro lado, expresó que la base natural del reclamo “tiene naturaleza constitucional”. “La ley habla que la coparticipación tiene parámetros, en la que se deben repartir fondos con criterios objetivos de reparto, equitativos y solidarios a las jurisdicciones”, planteó Ibáñez.
Pero además agregó que particularmente en el reparto de fondos discrecionales, que “el hecho que sean ‘discrecionales’, no significa que se puedan hacer conforme a banderías políticas. No es tan discrecional porque hay normas que cumplir. los Adelantos del Tesoro Nacional tienen que ser en razón de emergencia o por desequilibrios fiscales a las provincias”, mencionó.
También sostuvo que en la presentación se hace referencia a la mala situación en la que se encuentra Mendoza respecto al reparto de recursos coparticipables, en la cual “la ley estuvo pensada para provincias que han cambiado mucho”.
Además, se hizo referencia también a la ley de Consenso Fiscal, en el cual Nación “se comprometió a eliminar el subsidio diferencial al AMBA. Esta zona, a diciembre del 2022, ha recibido el 80% de los subsidios al transporte de pasajeros”, comentó.
Y sintetizó: “Hay una verdadera competencia desleal en térmnos federales. Sin lugar a dudas hay provincias que reciben mayores ventajas que Mendoza”.
Por último, expresó que en principio, Nación debería responder a este pedido en un plazo no mayor a 90 días. Si se agotan las vías administrativas, se formulará una demanda judicial, advirtieron.
Últimos cómodos
Según datos que difundió el diputado nacional radical, Lisandro Nieri, y que se generaron en el ministerio de Hacienda con datos de Nación durante toda la gestión Fernández (desde enero del 2020 a diciembre de 2022), Mendoza quedó última entre las 24 provincias en el reparto de recursos discrecionales.
La provincia recibió $35.756 por habitante en concepto de transferencias no automáticas, es decir, aportes cuya modalidad de distribución no está definida (a diferencia de como ocurre con la coparticipación) y es discrecional. Junto con Mendoza en las menos beneficiadas, quedaron Santa Fe ($54.977 per cápita) y Salta ($55.476 per cápita).
En la punta y mayor beneficiada, quedó La Rioja, gobernada por el peronista Ricardo Quintela, la cual recibió $355.693 por habitante; mientras que en segundo lugar resultó Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, con $167.233 por habitante. La diferencia entre Mendoza (última) con La Rioja (primera) fue de $319.937 per cápita.
Por otro lado, en promedio, la Nación giró a las provincias $83.818 por habitante. Esto significa que Mendoza recibió $48.062 menos que el promedio de las provincias por habitante, siguiendo los datos de Nieri.
Finalmente, el exministro de Hacienda mencionó que la provincia podría haber levantado por lo menos 8.935 casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). “Mendoza es la Provincia del país con menos transferencias per cápita recibidas. $96.797 millones es la plata que a Mendoza le correspondía recibir para ser promedio país y desde Nación no mandaron. 9 mil casas del IPV podríamos haber construido para ponerlo en términos reales”, dijo Nieri en Twitter.
Apoyo radical
Desde el radicalismo, el senador y precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, indicó que a este tema “lo hemos denunciado públicamente infinidad de veces. Hoy el Gobernador realizó la denuncia formal por la injusta y discriminatoria distribución de los recursos nacionales a las provincias, especialmente con Mendoza, que realiza el gobierno del Frente de Todos”.
“En la nota presentada se adjuntaron cinco informes elaborados por el Ministerio de Hacienda de Mendoza que, en su conjunto, dan cuenta de como han regado de dinero a los distritos amigos, especialmente a la provincia de Buenos Aires, en detrimento de provincias como Mendoza”, agregó.
Del lado de la senadora nacional Mariana Juri, ya había sostenido anteriormente que los mendocinos “somos los más discriminados en el reparto de fondos nacionales. Datos del ministerio de Economía de la Nación y el Archivo General de la Nación concluyen que recibimos 27 veces menos que Buenos Aires”.
Por ello, se presentó un proyecto de ley para “comenzar a corregir estas inequidades que perjudican a Mendoza”. El mismo determina, entre otros puntos, un coeficiente de distribución “que impide que una provincia reciba por habitante más del doble que otra”. Este jueves, sostuvo que “con decisión y coraje el Gobernador y su equipo siguen defendiendo el interés de Mendoza frente a un Gobierno nacional que claramente nos perjudica”.
Luis Petri, exdiputado nacional y precandidato a gobernador, enfrentando a Cornejo, dio a entender que era una propuesta suya de campaña. “Me alegro que el Gobernador nos haya escuchado! Hace meses que lo vengo sosteniendo, lo dijimos en nuestra presentación de propuestas, ¡Mendoza debe reclamarle a la Nación por la discriminación a Mendoza y castigo a todos los Mendocinos! ¡Es una gran noticia que se avance en este juicio justo!”, indicó.
El apoyo a Petri provino de su compañera de fórmula, Patricia Giménez, quien mencionó que “éstos y otros temas los vamos a resolver antes y mejor. Mendoza necesita salir de la pausa ya”.
De larga data
La denuncia a la Nación no es un tema nuevo en Mendoza. De hecho, fue un anuncio de campaña de parte del entonces candidato a senador nacional, Alfredo Cornejo, en 2021.
Fue en octubre cuando Cornejo adelantó a Los Andes que demandarían a Nación por los “millones que no le dieron a Mendoza durante la pandemia”. “Este es el Gobierno más centralista que hemos tenido del ‘83 a la fecha. Buenos Aires tiene un ‘dineroducto’ desde Nación. Lo asisten todo el tiempo por afuera de los fondos coparticipables”, dijo aquel 24 de octubre.
“Estamos estudiando el tema para demandar a la Nación, como en la Promoción Industrial, todo lo que le han estado dando a las provincias y no a Mendoza. Se generará un litigio provincial para que lo cobre algún gobierno a futuro. Es la estimación por el reparto de fondos discrecionales”, mencionó.
Sin embargo, en enero del 2022 Mendoza firmó el Consenso Fiscal con la Nación, por lo que debió abstenerse por el período de un año de iniciar demandas ante la Nación.
En el punto número 13 de dicho Consenso Fiscal, se estableció que las provincias “se comprometen a abstenerse por un período de un año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Acuerdo, con excepción de aquellos que cuenten con sentencia firme y aquellas acciones que se inicien al solo efecto de interrumpir la prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso antes referido”.
Más allá de la firma, desde el Gobierno aclararon que no se ha renunciado a ninguna demanda, y que se seguirá recopilando información en lo que respecta al envío de fondos discrecionales. Según la visión del Ejecutivo en base a datos de Nación, Mendoza fue perjudicada al no recibir por lo menos unos $16.000 millones en los últimos dos años en este concepto, si se compara con la media nacional.
