A más de 40 meses del incidente que el ex senador Marcelo Romano tuvo con la Policía, el desafuero y un festival de apelaciones, el ex senador del Partido Verde fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos y deber cumplir buena conducta por dos años. Apelará la sentencia.
Allá por agosto del 2019, Marcelo Romano era noticia por un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz. La Policía había retenido a su hija, quien conducía un Renault Clio.
“Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”, habría dicho el sancarlino y todo derivó en una causa que acumuló varios capítulos. El delito por el que se lo investigaba era el de “atentado contra la autoridad”, que establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
El Ministerio Público Fiscal había pedido el desafuero del funcionario legislativo, algo que ocurrió a fines de mayo de 2020. Desde allí la causa siguió su curso y en febrero del 2022, se concretó la imputación por el delito de atentado contra la autoridad según confirmaba el propio Romano a Los Andes. “Es una causa política”, insistió y ahora será el turno de testigos.
Fuentes judiciales con acceso a la causa explicaron que la imputación se demoró desde mayo del 2020, cuando Romano perdió los fueros, porque “ellos (la defensa) plantearon la nulidad de los informes policiales y declaraciones de los policías y apelaron los fallos en primera y segunda instancia”.
Para la Justicia penal, fue válida la declaración de la policía que expresó haber escuchado a Romano decirles “que es miembro de la Bicameral de Seguridad y es amigo del entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier”.
En tribunales dicen que Romano “apeló hasta los sorteos” y algunos hechos lo confirmaron. A María Cristina Pietrasanta, jueza de Garantías que intervino en el caso, le rechazaron todo, hasta su designación en la causa.
La causa se elevó a juicio y fue María José Cerdera, magistrada del Juzgado Penal Colegiado quien sentenció a Marcelo Romano a 10 meses de prisión en suspenso, pero también a estar inhabilitado a ejercer cargos públicos por 20 meses (el doble de la condena).
Además, se le impuso al ex legislador por dos años, una serie de reglas de conducta, bajo apercibimiento de ley, por dos años. Debe fijar y mantener domicilio, debiendo comunicar cualquier cambio o ausencia prolongada del mismo; concurrir al Tribunal cada vez que sea citado y no cometer nuevos hechos delictivos.
“La sentencia no está firme, y es lógico que vamos a recurrirla. No es más que lo que venimos viendo desde el 2019, un atropello a los derechos de mi defendido y una rencilla política, en el ámbito de Tribunales”, dijo Luis Romano, abogado del ex legislador, a Los Andes.
