El Gobierno provincial comenzó esta semana con un trabajo que a simple vista se ve complicado y con un panorama oscuro: tener el aval del peronismo para reformar la Constitución. El proyecto, que había quedado dormido en la Cámara de Senadores, volverá a tener impulso y el radicalismo asegura que intentará torcer el rumbo y la posición que ya tomó meses atrás el Frente de Todos, que señaló que no daría los votos necesarios para activar el mecanismo de reforma.
Se podría decir que la nueva conformación legislativa viene a traer aire nuevo para tratar temas que quedaron en el tintero, y así lo ven desde el radicalismo. Sin embargo, la reforma constitucional ha trascendido lo meramente legislativo, y se ha llevado más a un plano de discusión y de enfrentamiento entre el frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos.
Lo cierto es que el oficialismo en los próximos días se comenzará junto con la oposición a conformar las nuevas comisiones legislativas, con la mirada puesta en Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, donde el actual presidente, Marcelo Rubio, bien cercano al gobernador Rodolfo Suárez, tiene todos los números para seguir en ese puesto.
De hecho, es en esa comisión donde hoy reside el proyecto y será clave a la hora de negociar y debatir con el PJ en lo estrictamente a los temas que tendría o no el proyecto de necesidad de reforma.
No obstante, y si bien se van a motorizar las acciones de diálogo a futuro entre las partes, el radicalismo no tiene una fecha marcada para dar el debate: “Lo anunció Suárez pero no está determinada su urgencia”, comentaron a este medio desde Casa de Gobierno, quienes también dejaron en claro que el texto “está abierto” para ser discutido e ingresar posibles modificaciones.
Sin embargo, en el bloque oficialista del Senado marcaron que tienen “todo listo” para reabrir el debate en comisiones, y esperan motorizarlo en cuanto el Frente de Todos determine los miembros en cada una de dichas comisiones.
La búsqueda del consenso en la Legislatura
El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, declaró por su parte que el ámbito natural donde oficialismo y oposición deben debatir un tema de esta envergadura “es en la Legislatura”, y evitarán lo que ha sugerido o deslizado el peronismo, que es consensuar los detalles de la ley por fuera del recinto legislativo.
“Es de cara a la ciudadanía en la Legislatura, donde la ciudadanía les ha dado mandato a los legisladores”, aclaró Ibáñez.
Además dijo que desde el Poder Ejecutivo estarán “dispuestos a ser convocados a la Legislatura para trabajar y consensuar los puntos que considere la oposición poner a debate”.
“Estamos abiertos a la cantidad de reuniones que quieran tener con el Poder Ejecutivo para consensuar y clarificar punto por punto lo que se pueda poner en discusión respecto a la reforma institucional”, comentó a radio Aurora Argentina, y marcó que se seguirán recibiendo propuestas “no solo del PJ, sino también del resto de los partidos con o sin representación legislativa”.
Ibáñez también dejó un mensaje para el peronismo, al sostener que “siempre tenemos la posibilidad de repensar las cosas. Hoy la oposición tiene la posibilidad real de sumarse a un debate de mejora de cara a la ciudadanía, que también les puede producir un beneficio”.
En paralelo, desde el bloque oficialista aseguraron que ya tienen listos los miembros que integrarán las diferentes comisiones, aunque están aguardando a que el peronismo, que incluso había tenido problemas para determinar las autoridades en las cámaras legislativas, también lo resuelva.
Posición fuerte
Por el momento, y tal como ha adelantado este diario en su edición de ayer, no habrá habilitación por parte del PJ, y si bien no han hecho un planteo pormenorizado de qué puntos no les convence, cargan tintas contra el método propuesto por el oficialismo, que fue el de presentar el proyecto y buscar el debate en la Casa de las Leyes, sin antes “consensuar” con el peronismo, como declaró la presidenta del partido, Anabel Fernández Sagasti.
En la misma línea se mostró otro de los referentes, en este caso el diputado nacional Adolfo Bermejo. “Hay un mandato partidario con el cual tomamos la decisión de no avanzar en la reforma”, indicó el legislador, aunque no ahondó en los detalles punto por punto sobre los cuales se encuentran en contra.
De hecho, Bermejo le respondió a Ibáñez: “Lo escuchaba al Ministro decir que el Poder Ejecutivo puede ser convocado a la Legislatura, cuando es el Gobierno el que tiene que convocar y alcanzar los consenso y dialogos necesarios”, consideró.
Y lanzó: “Se fracasó con la reforma de la Constitución y con la de Educación, cuando como contrapartida está Mendoza Activa, donde el ministro (Enrique Vaquié) y el vicegobernador (Mario Abed) convocaron a los intendentes y a la oposición, y tuvo casi unanimidad el proyecto”.
En el peronismo también pegaron fuerte las críticas de Suárez del domingo en su apertura de sesiones ordinarias, ya que Bermejo manifestó que el gobierno “debería dejar de mirar los números sobrados que tiene en la legislatura porque solo cuando necesita los dos tercios busca a la oposición”.
“Lejos de decirnos que salgamos de la burbuja, me parece que hay que convocar con mas respeto a todos los legisladores”, opinó.
Por último, consideró que “no alcanza con presentar un proyecto a la Legislatura y decir que queremos bajar los costos políticos, como si esta situación sólo dependiera de los legisladores únicamente para hacernos quedar mal ante la sociedad. No son los modos ni la forma. Estamos en una situación delicada y seguiremos así por un tiempo largo”, puntualizó Bermejo.
No obstante, desde el radicalismo en la Legislatura insistieron que el debate “tiene que ser de cara a la gente” y que esta reforma que se discutirá tiene un “gran impacto en la realidad de los mendocinos. En el peronismo le quitan valor, pero sí impactará en la gente, porque por ejemplo se habla de que el equilibrio fiscal tenga rango constitucional”, acotaron.
“Si lográs eso, significa que el Estado estará ordenado en sus cuentas públicas, y hay más chances que un Estado ordenado pueda bajar los impuestos. Ese es solo uno de todos los argumentos y ejemplos que se pueden dar de la reforma constitucional”, marcaron.
El comunicado de la discordia
Recordemos que en aquel comunicado del 17 de febrero del 2021, en el PJ se mostraron principalmente en contra de la unicameralidad, al indicar que “perjudicará la representación de minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión”.
También comentaron que el objetivo de disminuir el gasto público con ese paso a la unicameralidad, “no solo no cumpliría con ese objetivo sino que además generaría un daño a la vida institucional de la provincia”.
En tanto, propusieron, en vez de una reforma constitucional, una “enmienda de un solo artículo de la Constitución de Mendoza de acuerdo con la modalidad determinada en el art 223º de la misma a fin de establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la provincia”, como alternativa para la baja del gasto político de la Legislatura.
