La justicia electoral de San Luis ratificó este martes el fallo que impide la aplicación de una serie de programas económicos impulsados por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá hasta después de las elecciones legislativas del 15 de noviembre.
Quedó confirmado luego de que el juez federal con competencia electoral Juan Esteban Maqueda rechazara la apelación del gobierno provincial contra la medida cautelar que suspendía los planes.
Según informó diario Clarín, el juez tampoco dio lugar a la recusación presentada contra el fiscal Federal Cristian Rachid, quien justamente materializó la medida tras una denuncia impulsada por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, que cuestionó a Rodríguez Saá por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”.
Se trata de 400 millones de pesos que se otorgaran en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.
De esta manera, quedaron en suspenso las tres medidas que había tomado la administración de Rodríguez Saá sobre un bono de 20 mil pesos para las familias sin trabajo, la complementación del sueldo de los trabajadores privados que cobran menos de 70 mil pesos por seis meses y los microcréditos de hasta 50 mil pesos para la compra de insumos y materiales.
