La historia lo ha dejado claramente demostrado: cada vez que los gobiernos han intentado incursionar en la industria vitivinícola han surgido problemas que terminaron por afectarla. El tema volvió a la palestra días pasados, cuando el Gobernador de la Provincia decidió no participar en el tradicional agasajo organizado por Bodegas de Argentina y sí hacerlo en el asado que, impulsado por Proviar, un organismo dependiente de la Coviar, congregó a productores que habían recibido préstamos a bajo interés para actualizar sus viñedos.
El endeble argumento esgrimido por el mandatario provincial, en el sentido de que no había podido ingresar al lugar donde se realizaba el agasajo por los reclamos que estaban realizando distintas entidades, no alcanzó, ni mucho menos, para calmar los ánimos de los organizadores.
La relación Gobierno-entidades vitivinícolas fue, durante muchos años, bastante conflictiva, especialmente cuando eran los gobiernos provinciales los que determinaban las políticas a implementar, entre las que se pueden mencionar los bloqueos, los prorrateos o las cupificaciones, que ataban a la industria a determinaciones políticas. A esos aspectos debe sumarse la utilización de Giol, por entonces bodega estatal, para la compra de uvas o de vinos y así regular el mercado.
Quizás el momento culminante de aquellas diferencias se dio cuando, durante un almuerzo de las Fuerzas Vivas, realizado en la bodega Santa Ana, los discursos del presidente del entonces Centro de Bodegueros y del titular de YPF, Facundo Suárez, quien había concurrido en representación del Presidente, fueron tan cruzados que todo terminó con una fuerte discusión en la que no faltaron algunos episodios de violencia.
Los gobiernos no sólo participaban en las decisiones políticas en sus provincias, sino que tenían una fuerte inclusión en el directorio del INV, fijado por la ley de creación del organismo, la 14.878, que también comprendía a representantes de los sectores privados. Fueron épocas en que se “arreglaban” los grados alcohólicos, las fechas de terminación de cosecha y de liberación de los vinos de acuerdo con la conveniencia de cada provincia o entidad.
El gran cambio se produjo con la ley de desregulación económica de los años ’90, en que se determinó la disolución del directorio del organismo nacional y la titularidad en una persona que debe cumplir normas técnicas, dejando las decisiones políticas de la industria a la actividad privada. Precisamente, y con el objeto de acordar políticas necesarias, los sectores privados impulsaron primero la conformación de un plan estratégico que dio excelentes resultados y luego la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina, destinada a fijar decisiones que tuvieran relación con los problemas estructurales -no coyunturales- de la industria.
Sin embargo, algunas decisiones políticas de parte de las gestiones gubernamentales han generado problemas dentro del desenvolvimiento de la Coviar. Por ley, la presidencia de la entidad debe quedar en manos del sector privado, que es el que aporta económicamente para el funcionamiento de la entidad pero, según afirman integrantes entidades gremial-empresarias, desde las sombras hubo impulsos “oficiales” a determinadas personas para que presidieran el organismo.
Las diferencias se han profundizado en el caso de la Coviar y ya comienzan a salir a la superficie. Fueron potenciadas por la actitud del Gobernador de no asistir al agasajo de Bodegas de Argentina y sí hacerlo al de un organismo dependiente de la Coviar. La industria, actuando en forma independiente y sólo con el apoyo técnico del Gobierno, ha demostrado que es capaz de crecer exponencialmente y también ha quedado demostrado que la incursión política de los gobiernos en la toma de decisiones siempre ha sido negativa.
