Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
Nuevamente la política vuelve a mezclarse con negocios privados y a levantar sospechas. Esta vez en la mira está la Universidad Champagnat, institución que viene desde hace años atravesando distintos problemas institucionales.
La abogada Susana Monzó, quien formaba parte de la casa de estudios hasta fines de mayo, denunció ante la Dirección de Personas Jurídicas que funcionarios públicos que ocupaban puestos claves en el Estado provincial llegaron al Consejo de Administración, luego de que el ex gobernador Celso Jaque a través del decreto 2.405 publicado en noviembre de 2011, a casi un mes de dejar la gobernación, designara interventor de la Champagnat a Jorge Giaquinta por 60 días.
A partir de ese momento según Monzó, llegaron al Consejo de Administración, distintos miembros del justicialismo que desempeñaban otras funciones también en la casa de estudios.
Monzó entiende que los miembros del Consejo de Administración cobraban por esa función y que eso no está permitido por la Ley de Fundaciones. También considera que hubo desvío de poder debido a que el gobierno fue designando a distintas personas en diferentes puestos de la Champagnat y esa práctica, según la denunciante, constituye un “acto administrativo del gobierno que luego se benefició con esas designaciones”.
Por estos y otros motivos pide que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, intervenga la Fundación Santa María.
Que en la Universidad Champagnat hay varios profesores y personas que ocupan distintos cargos y que, en mayor o menor medida, están relacionadas con ex funcionarios justicialistas es cierto. Ahora, hay que diferenciar los móviles políticos de otras intenciones. Están las instituciones que deberán investigar si lo que expone Monzó es cierto.
¿De dónde vienen los funcionarios justicialistas? Algunos son familiares del ex Secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Otros están en Fiscalía de Estado, repartición a cargo de Fernando Simón quien estaba a cargo de la Secretaría Legal y Técnica también durante el gobierno de Jaque. Aparece además el titular de la Dirección de Personas Jurídicas durante la administración jaquista, Andrés Nicosia, repartición que controla el accionar de las fundaciones.
Así las cosas, muchos infieren que algunos funcionarios de Jaque detectaron la posibilidad de desembarcar en la Universidad Champagnat, debido a que estaba “flojita de papeles” y aprovecharon la oportunidad. Algo frecuente en la política. Por eso es que hay prestigiosos penalistas que entienden que, entre otras cosas, se podría aplicar el artículo 18 de la Convención Internacional contra la Corrupción que es ley suprema en Argentina y que se refiere al tráfico de influencias.
Pero qué dicen los actores sobre esto. Andrés Nicosia, quien estaba a cargo de la Personas Jurídicas cuando se decidió la intervención, hoy es vicerrector financiero de la Fundación Santa María y trabaja en Fiscalía de Estado, explicó que el Consejo Superior lo designó en ese cargo. El que podía validar las designaciones era el director de Personas Jurídicas y lo hice. Las resoluciones y designaciones fueron revisadas por la Justicia y las convalidaron, jamás hubo tráfico de influencias”.
Abel Albarracín, hoy es decano de la Facultad de Derecho, trabaja en Fiscalía de Estado. ¿Qué dice Albarracín? “Hoy soy decano, me fui del Consejo de Administración a mediados de 2015 y fui designado por el Consejo Superior que está normalizado desde 2012. Jamás nos manejamos por influencias ni buscamos beneficios. La Universidad no recibe dinero, solo tiene el que ingresa por las cuotas y los cursos, la Justicia ya revisó lo que hicimos”.
También habló el actual presidente de la Fundación Santamaría, Jorge Giaquinta. “La Fundación está normalizada, los miembros que forman parte de la Fundación pueden hacerlo en la Universidad como profesores o teniendo cargos administrativos dejando en claro que no reciben ningún sueldo”. Giaquinta también negó que exista tráfico de influencias.
“No hubo vinculación política partidaria. No hay tráfico de influencias y la Justicia lo ha dicho, había motivos para intervenir la Fundación. Luego se nombraron los cargos para que la Universidad designara autoridades; no designa el Consejo de Administración las autoridades académicas, eso lo hace el Consejo Superior. No nos manejamos con influencias, hasta tenemos convenios con la comuna de Godoy Cruz y les ayudamos en diferentes acciones relacionadas con el medio ambiente”. También dijo que cuando lo nombraron, la institución no tenía ejercicios contables presentados. “La gestión intervenida hizo juicio y nuestro accionar fue ratificado por la justicia y la Corte”.
Ahora la pelota la tiene el gobernador Alfredo Cornejo. La decisión no es menor porque sería un retroceso que intervenga la Fundación para que la controle gente allegada al radicalismo. También algunos dicen que podría no intervenirla y utilizarla como moneda de cambio en diferentes negociaciones que debe llevar adelante con importantes miembros del PJ que hoy ocupan puestos clave. Habrá que estar atentos. Un dato no menor: el proceso de intervención debe pasar por el Ministerio de Gobierno a cargo de Dalmiro Garay, quien da clases en la Champagnat.
