Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
Fue el tema central de las conversaciones a lo largo de la semana, pero todos fueron reacios a opinar abierta y públicamente sobre la situación. En ese esquema las respuestas fueron sacadas casi con un sacacorchos y con el compromiso de no personalizar “para evitar polémicas estériles e inconducentes que generalmente terminan en la nada”. Lo cierto y lo concreto es que todos hablaban de lo que podría graficarse como una incursión (intromisión sería un término demasiado amplio) de la política en la industria.
Hay coincidencias plenas en el sentido de que una y otra se necesitan, pero también advierten sobre la necesidad de que se complementen, en lugar de enfrentarse. Recuerdan que cuando la política se imponía abiertamente, llegando a tener inclusive una bodega en manos del Estado, la actividad se mantuvo en una meseta durante décadas, aún a pesar de que el consumo per cápita de vinos en la Argentina alcanzaba a los 90 litros, como sucedió en la década de 1960.
Y destacan también que el crecimiento exponencial se produjo cuando los propios industriales fijaron los objetivos, como el de ganar los mercados externos en base a una excelente relación precio-calidad, por ejemplo. De todos modos, se complementaron cuando se fijaron objetivos comunes, como el Plan Estratégico Vitivinícola, del que participaron la actividad privada y el Estado, a través de organismos específicos, como el INTA y el INV. Es más, en algunos casos se reclama una mayor participación de la política, esencialmente cuando la industria necesita que se abran algunas puertas en la Capital Federal para poder llevar los reclamos.
También debería destacarse que la molestia, o enojo, no es generalizado, sino sobre temas puntuales. La inquietud no alcanza tampoco al gobierno provincial, ya que en ese sentido se indica que existe muy buena relación con los funcionarios locales, especialmente con el ministro de Economía, Enrique Vaquié, sino con situaciones que se van dando con otros actores de la política.
Uno de los temas se planteó con la eliminación del impuesto a las bebidas suntuarias para el caso del champán. El decreto presidencial establecía que la bodega eludía el pago del impuesto siempre y cuando ese dinero fuera invertido en la propia industria, a los efectos de generar fuentes de trabajo, y tomaba como base el hecho de que el espumante es un vino gasificado. La intención de la industria pasaba por lograr que esa decisión dejara de basarse en un decreto que se ratificaba año tras año sino que quedara plasmada en una ley del Congreso.
El año pasado una norma en ese sentido fue aprobada por el Senado, pero quedó varada en Diputados, mientras este año la situación se ha modificado y todo va caminando muy bien en ese sentido. “Lo que nos preocupa es que en medio de las tratativas se saliera a decir que la industria no cumplía con las inversiones establecidas en el decreto, cuando ello no fue así sino que en muchos de los casos se superaron las inversiones, a lo que debe agregarse el hecho de que se amplió sustancialmente la cantidad de marcas en el mercado y por ende la franja de precios, lo que terminó también en beneficio de los consumidores”, dijo un dirigente consultado.
Otro de los aspectos que inquieta a la dirigencia se centra en lo ocurrido con la visita del titular del INV a la Legislatura, para informar sobre la cosecha y la determinación de grado alcohólico. En este aspecto indican que el instituto es un organismo estrictamente técnico y que, en ese sentido, no se puede discutir la gestión del actual titular.
“Fijar grados ‘políticos’ es un error como quedaba demostrado décadas atrás cuando se producían fuertes discusiones en el organismo y respecto de los grados diferentes por zona, también debemos remontarnos a lo que sucedió cuando las empresas se instalaban en San Rafael y, como el vino salía con el grado de despacho, se producían fuertes traslados desde San Juan y el norte de nuestra provincia”, indicó una fuente, la que agregó que ese problema quedó de lado cuando se fijó el grado único.
En relación al acuerdo con San Juan, consideran que la política puede intervenir, en razón de que fue aprobado por una ley provincial y que inclusive el porcentaje es ratificado año tras año por las cámaras legislativas. “Lo que lamentamos es que se haya buscado el camino equivocado y que, en lugar de elegir la discusión pública, no se haya trabajado de otra manera, convocando a los sectores, conversando y dialogando en la búsqueda de consensos, a los efectos de que cada uno pueda emitir su opinión sin ningún tipo de presiones. La industria ha demostrado a lo largo de los años que la mesa de diálogo es fundamental para alcanzar los objetivos comunes y que las diferencias públicas muchas veces le han hecho mal a la industria”, concluyó el dirigente.
