Las voces de alerta han surgido de parte de los productores del sur provincial. Dicen que “sólo por el momento” se encuentran exentos de las graves consecuencias que provoca la polilla de la vid y fundamentan su inquietud en la posibilidad de que el flagelo los alcance a través del traslado de uvas desde otras zonas de la provincia. Esta situación puede no darse si tanto productores como bodegueros cumplen con lo establecido por el INV, en acuerdo con el Senasa y el Iscamen, que prohíbe esos traslados y que permite que sólo se haga con el jugo de la uva para luego continuar la elaboración en el destino.
La situación cuenta con varias aristas a considerar. En primer término, el sur de la provincia, como consecuencia de una importante actividad que se desarrolla a través del Iscamen, ha conseguido la declaración de “libre de plagas” para su producción en el caso específico de la mosca de la fruta. Ello le permitió abrir mercados, especialmente el de los Estados Unidos, pero el hecho no fue fruto de la casualidad.
Fue el resultado del control estricto que se realiza en las barreras fitosanitarias que funcionan tanto en Zapata (Tunuyán) como en Ñacuñán (Santa Rosa) a las que se suman controles móviles. Esos controles continúan funcionando, pero la inquietud de los productores se centra en que existen caminos alternativos que podrían ser utilizados para el traslado de la uva. De concretarse este último aspecto, se tratará de una responsabilidad que cabe exclusivamente al sector privado.
El restante aspecto se centra en que en el sur provincial existen bodegas importantes que elaboran también vinos de alta gama y muchas veces no cuentan en sus zonas de origen con la uva suficiente para hacer frente a la demanda. Se ven obligadas entonces a adquirir productos desde otras zonas, especialmente desde el Valle de Uco. Advertidos de la situación y conscientes de que la polilla se traslada sólo a través del racimo, desde el INV surgió una resolución que establece que, en esos casos, la molienda de la uva se realice en el lugar de origen y que sea el jugo obtenido el que sea trasladado para continuar su elaboración en el sur provincial.
De todos modos no se trata de una resolución que haya surgido sólo por el caso Valle de Uco-sur provincial sino que se dio a conocer cuando la polilla apareció en el oasis norte (en la zona de Maipú) y, pese a las advertencias, hubo traslados de uva entre zonas que derivaron en la ampliación del problema. También en estos casos la responsabilidad de lo sucedido cabe a los sectores privados.
Días pasados, el diputado nacional por Mendoza, Roberto Pradines, anunció la presentación de un proyecto de ley a través del cual reclama la creación de un fondo nacional orientado a la erradicación de la polilla de la vid, cuyo objetivo principal sería el de ayudar a los productores afectados y exigir al Senasa que entregue, de manera gratuita, agroquímicos para combatirla, a la vez que plantea que no se imponga una multa a los productores que no realicen las tareas de curación con agroquímicos, en razón de que les insumiría costos que no pueden afrontar.
El reclamo del legislador resulta lógico, si nos atenemos al hecho de que la plaga ingresó a la provincia por una falla en los controles sanitarios que debe realizar el Senasa cuando fue advertido de la presencia del flagelo en la zona de Los Andes, en Chile. Pero está destinado a terminar con el problema a futuro y no al planteo que están realizando actualmente los productores del sur provincial.
La inquietud de los productores sureños es comprensible, pero es necesario advertir que todos deben colaborar para que la plaga no los afecte. Es mucho lo que está en juego y los problemas económicos que se pueden generar son importantes. Es necesario mantener a esa zona de la provincia con la calificación que les otorgaron los exigentes estudios realizados por organismos internacionales para su declaración de libre de plagas.
