También fue imputado Pedro Giovanello apoderado de las bodegas de la reconocida familia bodeguera. Es por presunto vaciamiento de empresas para impedir el pago de los $25 millones de dólares a su hermana, tal como lo estableció la Corte de Mendoza.
Cristina y José Zuccardi.
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Los AndesFiscalía de Delitos Económicos e Informáticos imputó al reconocido empresario bodeguero José Alberto “Pepe” Zuccardi por los delitos de estafa por contrato simulado y defraudación en calidad de autor, luego de fuera denunciando por su hermana, la ingeniera agrónoma María Cristina Zuccardi.
La medida también alcanzó a Pedro Giovanello, -apoderado de La Agrícola S. A., de Viña Santa Julia S. A. y fiduciario del Fideicomiso “Familia Zuccardi”- quien fue imputado por los delitos de estafa de contrato simulado y defraudación en calidad de participe necesario. En tanto que Julia Zuccardi, hija del bodeguero y sobrina de la ingeniera, fue denunciada pero no ha sido imputada.
El delito de estafa por contrato simulado está en relación a las 112 marcas que el bodeguero habría traspasado a Giovanelli, marcas que tienen un valor en el mercado de 140 millones, según los abogados querellantes; en tanto que la defraudación está en relación con la sospecha de que Zuccardi se habría desprendido de su patrimonio tras conocerse el fallo de la corte mendocina. Durante la imputacion, los dos acusados optaron por no declarar y la fiscal Susana Muscianisi le impuso una caución al empresario de 10.000 dólares.
Esta causa es un desprendimiento de un fallo de la Suprema Corte de Mendoza de agosto de 2024, que ordenó que José le pague a su hermana 12 millones de dólares (cifra que actualizada sería de unos 25 millones) por el dispar reparto de herencia que los padres de ambos hicieron, favoreciendo al varón, en detrimento de los derechos de su hermana.
Ante la sospecha de no poder cobrar el dinero, la mujer lo denunció en diciembre pasado por un presunto vaciamiento de empresas que tendría como objetivo no pagarle el dinero establecido por el Máximo tribunal.
El caso “Zuccardi vs. Zuccardi”, tiene además otras causas abiertas: el 5 de agosto pasado la jueza María Paula Culotta, del Tercer Juzgado Civil de Mendoza dio lugar al pedido de los abogados de la ingeniera agrónoma para poder ejecutar la sentencia de máximo tribunal, estableciendo que “prosiga el trámite del presente juicio hasta que haga íntegro pago a la actora del capital fijado en estos autos, o sea la suma de U$S 12.002.827,72, con más sus intereses y costas”.
Desde la defensa de la ingeniera agrónoma explicaron que el fallo de la jueza permite embargar y posteriormente rematar bienes, cuando este fallo quede firme.
Además, los abogados de José llevaron el fallo de la Corte local a la Corte Nacional, solicitando que revise el dictamen de los magistrados María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo. Esta “queja” no ha sida aun aceptada por el máximo tribunal nacional. De ser aceptada, podría detener todos los procesos abiertos.
La imputación que recayó hoy sobre Zuccardi y Giovanello es el resultado la investigación de la Fiscalía Delitos Económicos e Informáticos que en los últimos meses ha realizado allanamientos en los que secuestró libros contables, ha realizado pericias contables, ha pedido información sobre propiedades y marcas registradas como así también informes en escribanías que considera de interés para la investigación”.
La denuncia, presentada por los abogados de la ingeniera agrónoma Zuccardi –Enoc Ortiz y Carlos Varela- sostiene que José Zuccardi habría y estaría realizando en el presente “actos tendientes a insolventarse”, y estaría licuando su patrimonio, fraguándolo, escondiéndolo y disminuyéndolo “en conjunto con Giovanello y su hija”.
Y para ello, habría transferido “112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran sólo sus hijos en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar de María Cristina Zuccardi”.
Haciendo mención a la demanda que la mujer ganó ante la Corte, sostiene que se habrían producido “movimientos sospechosos en la empresa La Agrícola, advirtiendo que “es necesario recordar que toda la demanda gira en relación a la empresa familiar La Agrícola, que es donde se produce la presunta violación de la vocación hereditaria”.
La Agrícola es la empresa que ha comercializado los vinos y productos más conocidos de la “Familia Zuccardi” con vastos premios y reconocimientos internacionales.
La denuncia sostiene que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de sentencia civil de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es del 5 de agosto del 2024 por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto entre otros precisamente por las marcas que se habrían transferido.
Y este presunto traspaso de acciones habría ido a Viña Santa Julia SA., propiedad exclusiva de sus tres hijos. “Para ser claros, una donación encubierta mediante una insolvencia defraudatoria, con una única perjudicada patrimonialmente; Cristina Zuccardi y en burla a las decisiones judiciales de la máxima instancia”.
Por eso el fallo emitido por María Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo, analizó la cuestión desde una perspectiva de género: “Por el sólo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Según esa evaluación, sus padres no habrían considerado que tuviera la capacidad, la aptitud, la creatividad y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar, cualidades que encontraron sólo en el hijo varón.
La actora nació mujer, “inmanejable, incontrolable, rebelde, contestataria, siendo más conveniente para toda la familia alejarla de los asuntos de la empresa”, afirma el fallo.