Se entregó a la justicia el empresario Gustavo Emilio Matar condenado 4 años de prisión por los delitos de chantaje y tentativa de chantaje, tras verse acorralado por la policía, ya que en su contra se habìa librado una orden de captura provincial y nacional dictada tras ser considerado prófugo.
El hombre, junto a su abogado se presentó el viernes pasado en el los tribunales sureños y fue traslado al penal de San Rafael por orden del juez Jorge Yapur.
El jueves, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había rechazado un Recurso Extraordinario Federal presentado por el defensor de Matar y había ordenado, entonces la ejecución de la pena.
Por ello el juez Jorge Yapur ordenó su captura y cuando la policía se presentó en la casa del condenado su familia informo que el hombre “estaba de viaje” por lo que el magistrado ordenó las siguientes medidas: captura provincial y nacional, notificar a migraciones por posibles salidas del país y prohibición de salida del país.
Al mismo tiempo el Ministerio Público Fiscal inició un expediente por “averiguación paradero” e informó a los medios para que cualquier persona que lo haya visto aporte la información al 911 o a la comisaría más cercana. Las medidas judiciales surtieron efecto ya que Matar decidió presentarse.
El chantaje
El 1 de diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia había ratificado que el empresario sanrafaelino debía cumplir 4 años de prisión por los delitos de chantaje y tentativa de chantaje.
La Sala Segunda que integran los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro rechazó un recurso de casación presentado por su abogado Juan Day y, de esta manera, confirmó la condena que recibió el 21 de septiembre de 2021 y quedó habilitada su detención.
Gustavo Matar y su hijo Brahim enfrentaron un juicio por chantaje y extorsión el año pasado, que concluyó con la culpabilidad del primero en cinco causas en que estaba acusado. En tanto que el hijo fue absuelto por falta de pruebas.
Luego, el juez Jorge Yapur condenó a Gustavo Matar a cuatro años de prisión. Durante el debate , el fiscal Javier Giaroli y la querella habían solicitado 7 años de cárcel.
El caso comenzó por la denuncia de Oscar Viscio, el dueño del boliche Plan B, que denunció a Matar porque le exigía sumas de dinero para no perjudicarlo con publicaciones en sus medios de comunicación. A ellos se sumaron las acusaciones que realizaron una ex concejala, una funcionaria municipal y el dueño de una playa de estacionamiento.
