El 20 de setiembre de 2005 Walter Ricardo Bento asumió formalmente al frente de Juzgado Federal 1 de Mendoza. Su nombre lo eligió Néstor Kirchner para ocupar la vacante que había dejado la destitución de Luis Leiva en mayo de 2002.
Desde 1992, Bento había sido el secretario penal de Alfredo Manuel Rodríguez, quien estaba a cargo del Juzgado Federal 3 de Mendoza.
A poco de asumir tuvo un desencuentro con el kirchnerismo. A mediados de noviembre de 2005, derivó las causas de violaciones a los derechos humanos a los estrados federales de Córdoba, con el argumento que lo sucedido en nuestra provincia fue por órdenes impartidas en la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, que tenía asiento en la provincia mediterránea.
Esta decisión desató el reclamo de familiares y víctimas del proceso militar, quienes incluso llegaron a pedir su juicio político. A fines de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que todo volviera a Mendoza y Bento debió investigar las causas.
A fines de 2011, Bento logró fama nacional. El 20 de diciembre de ese año, ordenó desde Mendoza allanar e intervenir la empresa Cablevisión, ubicada en Buenos Aires, por una causa iniciada por el grupo Vila-Manzano, entonces dueños de Supercanal, en sintonía con los ataques del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín. Todas las actuaciones de ese expediente y luego de casi dos años de tramitación, fueron “rechazados” por nulos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con serios cuestionamientos sobre el proceder del hoy imputado.
En julio de 2012, fue el kirchnerismo el que salvó a Bento en el Consejo de la Magistratura. Se debatieron dos denuncias en ese órgano: el allanamiento a la sede central de Cablevisión y la contratación de su esposa para hacer horas extras en la Secretaría Electoral, que estaba a su cargo.
Los votos a favor de desestimar las denuncias fueron de los consejeros Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), Marcelo Fuentes (senador del FPV), Stella Maris Córdoba (diputada del FPV), Carlos Moreno (diputado del FPV) y Manuel Urriza, del sector académico. En contra votaron Alejandro Fargosi y Ricardo Recondo. Mario Fera (representante por la Lista Celeste de los jueces) se abstuvo, en línea con la posición oficial.
