El ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado fue condenado nuevamente, esta vez a 3 años de prisión por el delito de administración fraudulenta contra el Estado.
De esta forma Salgado deberá cumplir con una pena de 6 años, ya que la nueva sentencia se unificó con una anterior, la de junio de 2018, cuando fue condenado por varios delitos, a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La unificación es inapelable ya que la anterior fue dejada firme por la Corte y la de ayer, al ser en la modalidad de juicio abreviado –donde el imputado se declara culpable- no puede ser casada.
Ayer el juez Federico Rapaciolli fijo la pena, cerrando así un juicio abreviado convenido entre el Ministerio Público Fiscal representado por Gustavo Rosas como Fiscal de Instrucción y Oscar Sivori como Fiscal Jefe, según informaron oficialmente.
En el mismo juicio se condenó a otros dos funcionarios que acompañaron Salgado durante su gestión en el departamento sureño: Vicente Alfredo Lescano y a Walter Fernando Funes recibieron la pena de 2 años y 6 meses de prisión y además quedaron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos en la administración pública.
De esta forma se cerraron las 6 causas que investigaba el Ministerio Público Fiscal por administración fraudulenta contra el Estado en relación a 486 cheques que emitieron sin respaldo administrativo (sin expedientes).
Desde junio del año pasado en la cárcel de San Felipe, luego de que la Corte de Mendoza dejara firme una condena por varios casos de corrupción.
Uno de los delitos fue el manejo irregular que hizo de los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada, entre 2013 y 2016, donde también están imputados el concejal Marcial Ibarra (45) y su jefe de Acción Social, Flavio Araya (39). Salgado fue condenado como autor del delito de concusión y a los otros como partícipes necesarios.
También fue encontrado culpable de malversación de fondos por no haber construido una planta de destete que por convenio, la comuna había acordado on el Iscamen y por el que recibió $ 1,5 millón.
Además fue condenado por desobediencia (por no contestar un requerimiento de Fiscalía de Estado sobre una licitación) y por administración infiel (por la emisión de cheques del municipio en la compra de combustible a un lubricentro que nunca fue proveedor de la comuna).
