Una joven de 22 años fue el protagonista de un insólito robo a una dulcería en la localidad bonaerense de la Recoleta, cuando colocó entre sus prendas 35 barras de chocolate Milka. También lo multaron por haber violado el aislamiento.
Un empleado del local alcanzó a visualizar el hecho, por lo que lo retuvo e impidió que la chica saliera del lugar. Debido a esto, un tribunal decidió condenarlo a 6 meses de prisión en suspenso.
El hecho ocurrió el pasado16 de agosto en un comercio de Peña al 3000, en el barrio de Recoleta. Sin embargo la noticia se dio a conocer ahora, ya que la chica de 22 años, identificada como E.S.C. (se reservó la identidad porque el fallo puede ser apelado), reconoció su responsabilidad penal durante un juicio abreviado.
La Justicia determinó la pena de 6 meses de prisión en suspenso que fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°22, por los delitos de tentativa de hurto estuvo agravada por violación de las normas sanitarias tendientes a prevenir la propagación de la pandemia de Covid-19.
El hecho trascendió alrededor del mediodía del 16 de agosto, cuando la muchacha ingresó, junto a un hombre no identificado, a un supermercado de Peña 3.050. Ahí cargó las 35 barras de chocolate Milka en el changuito.
Sin embargo, según informó Télam, luego guardó esas golosinas entre sus ropas, mientras su cómplice hacía de “campana” para que la maniobra no fuera detectada. Pero un empleado vio todo por las imágenes de las cámaras de seguridad del local.
Ese empleado interceptó a la sospechosa y le impidió que dejara el comercio sin exhibir sus pertenencias. A E.S.C. no le quedó otra opción que entregar la mercadería, valuada en casi 11.000 pesos, que pretendía hurtar.
La joven fue aprehendida por la Policía de la Ciudad no sólo por el hurto sino por estar en la calle sin un permiso que le permitiera circular para desarrollar alguna de las actividades exceptuadas por el decreto sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia por coronavirus.
El juez Sergio Paduczack consideró que los elementos de prueba era suficientes para imponer la pena “en suspenso, en atención a la falta de antecedentes condenatorios” y, como accesoria, la obligó a fijar domicilio y someterse al control judicial.
