En un caso complejo y de impacto nacional, parte de la atención se ha centrado en Mendoza, principalmente en la zona Este. Por la búsqueda de Guadalupe Lucero (5), la nena de San Luis desaparecida hace 17 días, una brigada conjunta trabaja e investiga en nuestra provincia ante la posibilidad de que la niña esté aquí.
Los teléfonos en la Fiscalía de Instrucción de San Martín sonaron el lunes por la mañana y encontraron de turno al fiscal Martín Scattareggi. Desde tierras puntanas se comunicó la fiscal de Cámara Virginia Palacios, a cargo del expediente, pidiendo “colaboración para eventuales medidas”, tal como le confiaron las fuentes a Los Andes.
La solicitud fue concreta: autorizar a policías de San Luis para que pudieran participar de posibles allanamientos en busca de rastros de la pequeña. Por una cuestión de jurisdicción estos efectivos no podrían intervenir, sin embargo, el fiscal local instrumentó un decreto para autorizarlos y así empezar con las tareas.
Palacios también planteó la posibilidad de un apoyo con uniformados mendocinos, por lo cual se dispuso que algunos integrantes de la Unidad Investigativa de San Martín comiencen a intervenir en la pesquisa.
De esta manera se armó una brigada conjunta, liderada por los policías de San Luis que traen datos e informaciones, y sus pares de Mendoza que se suman con los trabajos de inteligencia y de campo.
Así se están moviendo desde el martes y realizando diversas averiguaciones que, ocasionalmente, pueden desembocar en un allanamiento. En caso de ser necesario, será Scattareggi quien le pida al juez de San Martín que esté de turno la aprobación para allanar algún domicilio.
La hipótesis local
La pista que conduce hacia Mendoza es concreta. Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, tiene familiares en el Este provincial y, como los sabuesos deben agotar todas las instancias, no descartan que algún pariente tenga a la menor cautiva aquí.
También hay otra sospecha que apunta a la ex pareja de Yamila y padre biológico de la nena, quien tendría residencia en esta misma región. Si bien la investigación se extiende por toda la zona, se enfocan casi exclusivamente en San Martín.
Justamente desde este departamento la semana pasada hubo un llamado al 911 alertando sobre la presencia en la calle de una nena de similares características, pero se corroboró rápidamente que no era la pequeña buscada. También desde Phillips, Junín, llegó una denuncia que luego se descartó.
Que el destino de Guadalupe haya sido Mendoza no es descabellado por estas relaciones de parentesco y porque su casa está a 78 kilómetros del arco Desaguadero, límite de las provincias. Incluso la menor vive en el barrio 544 Viviendas, muy cerca de la ruta nacional 7. Allí fue vista por última vez, mientras jugaba en la calle el pasado 14 de junio.
Más allanamientos y reunión con el gobernador
Además de la búsqueda en Mendoza, en San Luis se intensifican los operativos y rastrillajes para dar con “Guada”. Ya se han realizado más de 300 medidas, todas por ahora con resultados negativos.
Participan policías, agentes federales y perros adiestrados para conseguir pruebas concretas del paradero de la chiquita. Ayer las tareas se centraron en el barrio Vial Provincial, situado a 10 kilómetros de su casa, y en otros sectores aledaños.
En paralelo, la Justicia espera por el resultado de los análisis que se hicieron sobre una mancha de sangre detectada en una propiedad y en el colín que se encontró con cabellos.
Mientras, también este miércoles, la madre Yamila y el padre adoptivo, Eric Lucero, se reunieron con el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.
El encuentro se concretó luego de que en los últimos dos días la pareja organizara marchas para pedir por la aparición con vida de la víctima.
“Guadalupe ya es de todo el pueblo”, dijo Eric en la plaza Pringles. Un centenar de personas los acompañaron para pedir que los “escuchen” e insistieron: “Guada pudo ser tu hija, tu sobrina, tu nieta. Hoy Guada es de todos”.
Esta semana, el hombre declaró haber recibido mensajes en los que le pedían un rescate económico para liberarla. Aseguró que le habían exigido 70.000 pesos a cambio de entregar a su hija y por eso volvió a reclamar que la investigación sea derivada a la Justicia Federal, algo que por el momento está descartado.
