El Ministerio de Seguridad y Justicia presentará una norma para proteger activos digitales del Estado, con recomendaciones para el sector privado. Contempla embargos y congelamientos de activos en caso de fraudes patrimoniales.
El ministerio de Seguridad y Justicia presentará un proyecto de ley para prevenir ciberataques. | Foto: Archivo
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¿Qué pasaría si un hacker accediera a controlar las estratégicas cámaras de seguridad que captan las patentes de los autos en el Gran Mendoza? ¿Qué pasaría si se hackeara el sistema informático del Metrotranvía? ¿Y si ingresara a las bases de datos de la salud pública?
El ciberdelito –al ritmo de la tecnología- está en constante expansión: aunque no parezca está “a un sólo clic” de todos; no sólo del Estado, sino de las empresas (que tienen datos de sus clientes) y, claro, del ciudadano común -en mayor o menor medida, analfabeto digital-, siempre temeroso de que algún estafador pueda acceder no sólo a sus datos personales sino también a su flaca o abundante cuenta bancaria.
“El delito va a seguir siendo “físico” pero hay que prepararse para la embestida de lo que viene: ciberataques y ciberdelitos”, dice Mercedes Rus, Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza.
Es por eso que para prevenir estos ataques y garantizar la seguridad digital, el Ministerio de Seguridad y Justicia presentará durante el primer trimestre de este año un proyecto de ley que permita, entre otras cosas, proteger las “infraestructuras críticas”, es decir aquellas indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales: salud, seguridad o cualquier organismo estatal cuya destrucción o perturbación de datos afecte el funcionamiento social.
En este sentido y en relación a Seguridad, resulta prioritario la protección del Sistema Integral de Antecedentes (SIA), es decir la base de datos de detenidos que es fundamental para sostener el sistema judicial penal.
El sistema recopila información sobre causas judiciales, ingresos y egresos del sistema penitenciario, aprehensiones policiales, inhabilitaciones viales y licencias de conducir.
“Respecto a los ciberdelitos, se ha visto en las estadísticas locales, nacionales e internacionales, desde la pandemia de Covid hasta el presente, un aumento notable de las estafas defraudadorias a través de medios electrónicos y muchos casos de suplantación de identidad que por ahora no es delito”, dice la funcionaria.
Y no solo de estafas, apunta, sino también de “grooming y de tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes sino también de casos de acoso a través de las redes sociales”, asegura la funcionaria.
Frente a este tipo de delitos el proyecto oficial propone modificaciones en el Código Procesal Penal de Mendoza para que los fiscales puedan ordenar el embargo preventivo y la congelación de activos digitales en casos de defraudaciones patrimoniales graves.
También establece mecanismos de cooperación con plataformas internacionales para la obtención evidencia digital en investigaciones judiciales en curso.
Además, contempla medidas para facilitar la adquisición de tecnología y la posibilidad de disponer transitoriamente de fondos de cuentas especiales para afrontar necesidades urgentes.
La funcionaria apunta que la mejor forma de protegerse de los ciberdelincuentes “la alfabetización digital es la mejor herramienta del usuario”.
Y para graficar la situación apunta que “así como la gente pone rejas y alarmas en su casa para evitar la acción de potenciales delincuentes, también debe protegerse en el ciberespacio: usar dobles claves, no mostrar contraseñas, no ofrecer información bancaria y otro tipo de medidas que si bien se conocen, nunca se aplican en situaciones dudosas”.
Para proteger y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la iniciativa propone la creación del Comité Provincial de Ciberseguridad Mendoza (CoPCiM), que se encargará de diseñar y coordinar estrategias en todos los organismos estatales.
Este comité –conformado por especialistas de todos los ministerios y con un director general- elaborará un Plan Provincial de Ciberseguridad, supervisará políticas para la protección de infraestructuras críticas y coordinará respuestas ante incidentes cibernéticos.
En cuanto al sector privado la futura ley hará recomendaciones para que adopten estándares internacionales, informes a los consumidores y reportes incidentes relevantes.
“Mendoza tiene que dar un salto cualitativo, tener en cuenta los riesgos. No sólo el Estado sino también el sector privado. El sector turístico, por ejemplo, que tenga medidas de seguridad que protejan su negocio a sus clientes”, sostiene la funcionaria.
También propone la colaboración de los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones en la prevención y mitigación de ciberataques.
Por último se creará un equipo especializado en la respuesta a incidentes de seguridad informática, con la misión de monitorear amenazas, coordinar respuestas ante crisis y asesorar técnicamente a los organismos afectados.
En los últimos tiempos la Provincia, ha establecido algunas de las políticas al respecto de la ciberdelincuencia que se vienen implementando durante su gestión de Rus: en enero de 2024 se modificó el Código Procesal Penal creándose la figura del agente encubierto digital y el manejo de evidencia digital.
Uno de estos agentes encubiertos participó en una causa por tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y dos casos de grooming que, en agosto pasado, se realizó en San Rafael, y que permitió la detención de 15 personas y el secuestro de 5.000 videos y fotografías que circularon por las redes.
El Ministerio de Seguridad mantiene “activos” algunos avatares (identidades virtuales en entornos digitales) que navegan por las redes en la actualidad. Son agentes encubiertos digitales que mantienen interacción en ámbitos sospechosos y que se activan para investigar casos concretos.
En tanto que la trazabilidad de la evidencia digital no sólo permite trabajar en delitos sexuales sino también en robos y estafas, llegándose a recuperar bienes robados.
Por otra parte, se ha creado el Laboratorio Forense Digital dentro del área de Ciberdelitos que espera sumar en breve dispositivos UFED, que se utilizan para “abrir” teléfonos que están encriptados y otras tecnologías para establecer el geoposicionamiento de celulares y computadoras.
En cuanto a personal que trabaja en estos temas, desde el año pasado 40 jóvenes licenciados en criminalística ya se encuentran trabajando en Investigaciones sobre mercados en redes y ciberpatrullaje.
Por otra parte, desde la Subsecretaria de Tecnología aplicada a la Seguridad se impulsó la ley para que ingrese en esa dependencia personal con conocimientos informáticos que pueden acceder al estado policial y a sus beneficios.
En marzo próximo el ministerio de Seguridad ofrecerá un curso paras fiscales, abogados y personal de Investigaciones sobre ciberdelitos con certificación de la Boston University.