La Justicia ordenó que la mujer -detenida en Almafuerte- enfrente en agosto un debate por sustracción de menores y desobediencia judicial. Para el abogado de la sospechosa, “no hay delito”.
La arquitecta se encuentra detenida en la cárcel de mujeres en Cacheuta, Almafuerte II. Archivo Los Andes
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Luego de pasar casi dos años en la cárcel de mujeres de Cacheuta, sin que su hijo de 10 años tenga contacto con ella, la Justicia mendocina fijó fecha para que una arquitecta encarcelada por haberse llevado a su hijo a Buenos Aires, sea juzgada por sustracción de menores y por haber desobedecido una orden judicial. De ser encontrada culpable, podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.
La semana pasada, en una audiencia preliminar, la jueza Belén Renna estableció que el debate contra la arquitecta de 44 años -se reserva su nombre para no vulnerar los derechos del niño- se realice desde el 4 al 8 de agosto para finalizar el 27 del mismo mes.
Durante la audiencia, la magistrada escuchó el ofrecimiento de prueba que hizo el fiscal Gabriel Blanco de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, delitos contra los Animales y No Especializados y también el del abogado defensor de la mujer.
La imputación que pesa sobre la sospechosa es “sustracción de menores” –delito que tiene penas que van de los 5 a los 15 años de prisión y por lo tanto no es excarcelable- en concurso ideal con “desobediencia a la autoridad judicial, por haber impedido que el padre se vinculara con el chico, tal como lo había establecido la Justicia de Familia.
El 25 de mayo de 2023, un niño de 8 años, que había desaparecido el 5 de mayo en la Ciudad de Mendoza, fue encontrado por la Policía en un hotel de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto a su madre, la arquitecta.
La mujer fue detenida y el chico quedó a cargo del equipo del Sistema de Emergencia Social de Tigre y profesionales de la Secretaría de Mujeres Géneros e Infancias, junto a psicólogos y trabajadores Sociales de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Tigre, con la supervisión la Dirección de Protección de Derechos de Niños de Mendoza. Luego, ambos fueron traídos a Mendoza el 2 de mayo.
Previamente, el 17 de mayo, el juez de Familia y Violencia Familiar, Rodolfo Gabriel Díaz, informó a los medios locales que el chico era buscado porque habría sido víctima de un secuestro, permitiendo que se publicara fotos.
Según informó en ese momento, el Ministerio Público Fiscal “solicitó la intervención de la asociación dedicada a la búsqueda de personas Missing Children, en el marco de una investigación que se lleva adelante con el fin de hallarlo y disponer las medias necesarias para su adecuada protección y cumplimiento de sus derechos”.
Tras ser encontrados en Buenos Aires, se informó que la madre del niño se lo había llevado desde la escuela de Ciudad donde estudia.
La judicialización del caso es de larga data: seis años atrás, el padre había solicitado un régimen de comunicación con su hijo, tras separarse de su pareja, con la intención de verlo algunos días y fines de semana.
En ese momento, la madre denunció que el hombre (y su familia) había abusado del menor. De inmediato se inició una causa penal que concluyó cuando el padre fue sobreseído, determinándose así que no hubo abuso.
Durante los cuatro años en que duró ese proceso judicial, padre e hijo dejaron de verse. Pero cuando la causa penal se cerró, el padre volvió a solicitar la revinculación. Y el juez Díaz dio luz verde al pedido, generando dispositivos para que ese reencuentro se hiciera en lugares neutrales, bajo la supervisión de trabajadores sociales.
Este proceso fue obstaculizado por la madre. Se inició luego otro proceso de revinculación y el padre pidió la custodia. El juez, tras entrevistar a testigos, detectó algunas anomalías como faltas a la escuela y falta de cuidados en la higiene por le dio la custodia provisoria al padre. La madre apeló la orden y la cámara de apelaciones le dio la razón al juez. En ese momento la mujer optó por llevarse al pequeño.
Al momento de ser imputada, la mujer dio su versión de la situación explicando que un reconocido abogado (que declararía en el futuro juicio) no sólo la asesoró para que se fuera a Buenos Aires, sino que le hasta la llevó en el auto hasta el Este provincial y le facilitó dinero vía Mercado Pago.
El abogado defensor de la arquitecta sostuvo que si bien para el fiscal la mujer “sustrajo” al menor, para él, su clienta no cometió ningún delito: “No hay delito porque ella nunca pudo sustraer algo (el niño) que siempre estuvo bajo su custodia. Nadie le sacó la patria potestad ni el régimen de comunicación.
“Yo lo planteé durante la audiencia de prisión preventiva: no hay delito porque no se cumplen los elementos subjetivos y objetivos. No se sustrae ni se rapta a alguien que está bajo tu poder. La sustracción no apunta a los padres, ni a la familia. El fiscal entiende que sí hubo y sospecha que intentaba salir de país”, sostiene el letrado.
En cuanto a la orden judicial incumplida, sostuvo que su clienta nunca fue notificada por la Justicia, nunca firmó una notificación sobre la audiencia en la que tenía que entregar a su hijo y que el fallo afirmaba que tres días después de quedar firme debía hacerse la entrega del pequeño, pero sin establecer si ella debía llevárselo al padre o el padre debía ir a buscarlo.
Más allá de la situación de los padres, lo cierto es que el niño estuvo inicialmente cuatro años sin poder ver a su padre, de hecho, casi ni lo conocía, de tal forma que cuando se lo sacaron a la madre, pasó un par de meses en la casa de una docente. Ahora, luego de la detención de su madre, lleva ya dos años sin poder verla.
La arquitecta se encuentra en una celda de máxima seguridad del penal de mujeres de Almafuerte, en una celda RIF (resguardo de integridad física). Por Se encuentra separada de la población carcelaria, pasando tres horas de encierro por una de esparcimiento, según cuenta su abogado.
La mujer se encuentra bien de salud, pero cuando fue detenida sufría un severo cuadro de depresión y tomaba una batería de remedios recetados. En agosto de 2023 debió ser internada en el hospital psiquiátrico El Sauce, cuando su salud psicofísica mostró signos de deterioro. En un momento le dieron domiciliaria, pero dos meses después el beneficio fue revocado.
“Me parece excesivo tener a una mujer privada de libertad durante dos años cuando ella buscó lo mejor la para el chico. El niño no vio más a su madre. Y si llegara a quedar absuelta qué pasaría. Quién le devolvería el tiempo que pasó sin ver a su hijo”, dijo el abogado.