A 5 años y medio de la muerte de la docente sancarlina María del Carmen Solís (52), se elevó a juicio la causa que tiene como imputado por femicidio al médico forense jubilado Juan Muñoz, quien era su pareja y actualmente tiene 80 años.
Muñoz está acusado de una figura penal no muy frecuente: “homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso ideal, en calidad de autor por omisión”, es decir que el médico no habría hecho nada para evitar la muerte de su mujer, quien se quitó la vida ahorcándose con una cinta plástica.
El fiscal Jorge Quiroga ha elevado la causa a juicio y ahora ser verá si la defensa apela la medida.
Durante un largo camino judicial la muerte de María del Carmen fue interpretada de maneras muy diferentes. Primero se pensó que la mujer se había suicidado durante una sesión de hipnosis “supervisada” por su marido.
Después el forense la había ahorcado desde atrás y había simulado un suicidio. Desde abril de este año, cuando la investigación quedó en manos del fiscal del Valle de Uco Jorge Quiroga bajo la supervisión de Sebastián Capizzi, el caso viró a femicidio “en calidad de autor por omisión”, es decir, que el imputado no habría hecho nada para evitar el fatal desenlace. Y de esta forma es como se ha elevado a juicio que se realizará el año próximo en la modalidad juicio por jurados y con el imputado con el beneficio de la prisión domiciliaria.
Si bien todos coinciden en que la mujer se quitó la vida, no se trató de un suicidio convencional: el 23 de abril de 2017, cerca de las 10, en una casa ubicada en Las Heras 416 de Eugenio Bustos, San Carlos, Solís murió ahorcada con una cinta plástica.
Pero a la luz de los protocolos de violencia de género, el contexto de esa muerte indica que existió un estado de sometimiento de años, en una relación disfuncional donde ella no podía tomar decisiones para separarse.
“Por los conocimientos del imputado, sus conductas agresivas previas, el estado de convivencia con la víctima y la situación de vulnerabilidad de ella es válido concluir que tenía el deber de evitar la muerte de su mujer y podría haberlo evitado, si lo hubiese querido”, sostiene la acusación.
Es que durante un tiempo prolongado la mujer habría sido víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte del imputado, en el marco de la convivencia que mantenían.
Es más, al momento de su muerte, la docente se encontraba en un estado de “debilidad, deterioro fisiológico, agotamiento psicoemocional y abatimiento, con un deterioro significativo en lo social, laboral y en otras áreas de su vida, resurgiendo un estado anímico de depresión similar al sufrido seis años atrás cuando falleció su madre, lo que aumentaba la potencialidad de riesgo suicida”, de acuerdo al expediente.
Al existir una relación de pareja, el hombre tenía “el deber legal de asistencia, según lo ordena el Código Civil y Comercial de la Nación”.
Además, de esta particular situación de convivencia, no hay que olvidar que el imputado “es un médico cirujano, legista o forense que en varias oportunidades le había diagnosticado a la víctima diversas enfermedades para que presentara certificados en su lugar de trabajo” e incluso le había recetado psicofármacos como Alprazolam, “por lo que conocía los problemas de salud de su mujer”, sostiene acusación.
Un largo camino judicial
En 2018 cuando la causa se tramitaba con el viejo código penal, los jueces Luis Correa Llano, Marcelo Gutiérrez de Barrio y Diego Lusverti, ya había confirmado el procesamiento dictado por el juez Oscar Balmes.
Los camaristas ya advertían que se trata de un femicidio ya que habría elementos para sostener que hubo violencia física y psicológica por parte del imputado.
Además, afirmaron que la mecánica del hecho no se corresponde con un suicidio, tal como lo había indicado la Cuarta Cámara del Crimen.
Uno de los testimonios que se valoraron en ese momento fue el del médico psiquiatra que trataba a la docente desde 2001. Para este profesional nunca la víctima tuvo indicadores que puedan hacer sospechar una tendencia suicida.
Una caso polémico
El mediodía del domingo 23 de abril Muñoz llamó al 911 para denunciar que su mujer se había suicidado en su casa, ubicada en Bonfanti y Las Heras, en el distrito de Eugenio Bustos, San Carlos.
El médico le dijo a la Policía que no estaba en su casa y que cuando llegó, vio a Carmen Solís ahorcada con una cuerda. Luego indicó que la había bajado del barral de un mueble porque había intentado resucitarla.
Policías de la Comisaría 18 llegaron a la vivienda y comenzaron a investigar el caso. La familia de la docente se enteró de la muerte de casualidad: una sobrina la llamó por teléfono y fue atendida por el comisario, quien le informó la novedad.
Minutos más tarde los familiares de la mujer llegaron a la vivienda de la pareja y, como nadie los atendía, llamaron a la abogada Lorena Martín.
La letrada tuvo que poner una denuncia diciendo que se trataba de homicidio y logró que llegara al lugar el juez Balmes, quien hizo detener a Muñoz tras imputarlo por femicidio.
