La mujer que denunció desde Rosario, recibió nuevas amenazas este viernes y el lunes ampliará su declaración. Desde un grupo que asiste a mujeres sordas advierten que hay integrantes de la presunta organización que siguen libres y piden acelerar las medidas. La causa pasó a la Justicia Federal, que investiga una posible red con conexiones en varias provincias.
Domicilio allanado en Rivadavia en la investigación por trata de personas.
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(Gentileza)La investigación por la presunta red de trata de personas que salió a la luz tras un allanamiento en Rivadavia sumó nuevas alertas. La mujer que denunció los hechos en Rosario recibió amenazas este viernes y tiene previsto ampliar su declaración el lunes, mientras quienes acompañan a las presuntas víctimas advierten que todavía habría integrantes de la organización que no fueron detenidos.
Entre las principales preocupaciones transmitidas por el grupo de asistencia a mujeres sordas figura la posible fuga de uno de los presuntos responsables de mayor jerarquía. Según información que consideran seria, el hombre estaría preparando su traslado a Bolivia, donde tendría el domicilio de una expareja.
La misma fuente sostiene que el sospechoso tendría más de diez cuentas de Facebook con distintos datos, una circunstancia que, a su entender, debería ser examinada por los investigadores para determinar si fueron utilizadas para captar mujeres o mantener contactos vinculados con la presunta organización.
Estas alertas todavía requieren confirmación oficial. Sin embargo, quienes las plantean reclaman que sean atendidas con rapidez, ante el temor de que otras personas involucradas puedan escapar o interferir en la investigación.
El expediente dejó la órbita de la Justicia provincial y pasó a la Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de la Fiscalía General Federal, a cargo de la fiscal federal Gloria André. La decisión se tomó después de que la Justicia provincial confirmara la hipótesis de explotación sexual.
La Justicia Federal trabaja ahora sobre la posibilidad de que detrás de los hechos exista una organización criminal con integrantes y conexiones en distintas provincias. Los investigadores consideran que la estructura sería más amplia que el grupo de personas aprehendidas hasta el momento.
De acuerdo con la información disponible, son cinco los sospechosos aprehendidos: tres mujeres y dos hombres. Algunos de ellos también serían personas con discapacidad auditiva. La investigación busca determinar qué función habría cumplido cada uno y establecer la identidad de quienes todavía no fueron localizados.
El caso se conoció después del allanamiento de una vivienda situada en la calle Liniers, en el barrio Río Tunuyán, de la ciudad de Rivadavia. Allí fueron encontradas ocho mujeres hipoacúsicas que, según la hipótesis investigada, permanecían encerradas y podían estar sometidas a distintas formas de explotación.
Hasta ahora, las actuaciones permitieron identificar al menos a dos presuntas víctimas. Sus testimonios serán fundamentales para reconstruir cómo se habría producido la captación, qué ofrecimientos recibieron, cómo fueron trasladadas y quiénes habrían intervenido en los hechos.
La posibilidad de que uno de los presuntos cabecillas se traslade a Bolivia es uno de los puntos que el grupo de asistencia pide poner en conocimiento de los investigadores con urgencia.
Según la información aportada por sus integrantes, el hombre sería uno de los principales responsables de la captación de mujeres. También señalan que tendría numerosos perfiles en redes sociales con diferentes identidades o datos personales.
La denuncia inicial y los testimonios reunidos abrieron una línea de investigación que podría extenderse a otras jurisdicciones. Los investigadores buscan establecer si existen vínculos entre personas que se moverían entre Mendoza y otras provincias, así como determinar si hubo más mujeres sometidas a situaciones similares.
En ese contexto, las amenazas denunciadas este viernes adquieren especial relevancia. La mujer de Rosario había sido quien aportó antecedentes sobre una presunta situación de explotación y cuya denuncia impulsó nuevas actuaciones judiciales. Su declaración ampliatoria, prevista para el lunes, podría aportar elementos para profundizar la pesquisa.
No se informó oficialmente, hasta el momento, si las amenazas motivaron medidas de protección específicas ni si la Justicia ordenó alguna actuación vinculada con la presunta salida del sospechoso hacia Bolivia.
Otro de los puntos de preocupación está relacionado con la comunicación con las presuntas víctimas. Desde el grupo que las acompaña sostienen que se habría convocado a una sola intérprete de lengua de señas, sin incorporar a un mediador lingüístico sordo que pueda facilitar la comprensión de los testimonios.
El planteo parte de una dificultad concreta: las lenguas de señas presentan diferencias regionales y las mujeres involucradas podrían utilizar señas aprendidas en Buenos Aires, Rosario o Mendoza. Por eso, advierten que la presencia de una única intérprete podría no ser suficiente para garantizar que todas comprendan las preguntas y puedan expresar con precisión lo que vivieron.
El grupo también manifestó objeciones serias respecto de la profesional convocada. No se cuenta, por ahora, con información independiente que permita evaluar esos cuestionamientos ni con una respuesta oficial sobre el criterio utilizado para designarla.
Quienes acompañan a las mujeres consideran necesario que intervengan intérpretes con formación en el ámbito judicial y mediadores sordos con experiencia en distintas variantes de la lengua de señas. Sostienen que una interpretación incompleta o equivocada podría afectar la calidad de los testimonios y, por lo tanto, el avance de la causa.
Además, aseguran que hay mujeres sordas que no se animan a denunciar por temor, en parte debido a experiencias anteriores de maltrato en situaciones similares. Por eso, reclaman condiciones de confianza, asistencia especializada y garantías para quienes puedan aportar información.
En paralelo, los investigadores procuran reconstruir los movimientos registrados en la vivienda allanada. Según testimonios de vecinos, en el lugar habría existido un movimiento frecuente de personas y una cantidad importante de ocupantes en espacios reducidos.
También surgieron referencias sobre una mujer embarazada que habría permanecido varios meses en la vivienda y luego desaparecido de la zona. Su situación no está aclarada y deberá ser verificada por la investigación.
En Rosario, por otra parte, existen actuaciones vinculadas con la denunciante que tramitaron en el Juzgado Unipersonal de Familia N.º 12, a cargo de la jueza Gabriela Ester Topino. Ese expediente se relaciona con aspectos familiares del caso, mientras la investigación penal por la presunta explotación quedó ahora bajo la órbita federal.
Con cinco sospechosos aprehendidos, al menos dos presuntas víctimas identificadas y nuevas amenazas denunciadas, la causa entra en una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar si existe una estructura criminal con presencia en varias provincias, identificar a todos sus integrantes y establecer las responsabilidades individuales.
Mientras tanto, el grupo de asistencia insiste en dos prioridades: que se investiguen de inmediato las advertencias sobre posibles fugas y que las mujeres puedan declarar con los apoyos lingüísticos necesarios para que sus testimonios sean comprendidos y valorados correctamente.
