Tras la agresión fallida a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos por parte de un recluso armado, la jornada de audiencias en el Polo Judicial se vio resentida ayer, en tanto que se habla de que, para evitar situaciones violentas, se propone realizar audiencias virtuales con presos de alta peligrosidad.
Ayer la jornada comenzó con el personal de Polo Judicial en estado de asamblea, con una reunión que se realizó en el ingreso al edificio. A la misma fue convocada José Valerio, uno de los integrantes de la Corte a quien se le hizo un reclamo por la seguridad.
De esta forma, las audiencias que se habían pautado para la jornada con la presencia de detenidos fueron suspendidas y sólo se realizaron las que no tenían detenidos y algunas otras de forma virtual.
Así las cosas, el cronograma de debates y audiencias por otros temas quedó parcialmente paralizada al no tener los magistrados la colaboración de los empleados.
Durante la reunión, los judiciales plantearon sus quejas sobre el sistema de seguridad y Valerio explicó parte de lo que se habló el mismo miércoles en la reunión que mantuvieron algunos integrantes de la Corte con el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana.
Investigaciones abiertas
La Suprema Corte quiere saber primero si se trató de una falla humana, si se debió a una falta en el sistema de requisas, o bien si existió connivencia entre los detenidos y los guardiacárceles.
El desempeño de los penitenciarios implicados es investigada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien también tiene una causa abierta por “averiguación hecho” en relación al ataque que el recluso Hugo Eduardo Arredondo (37) intentó realizar contra Ríos y que fue neutralizado por la fiscal con gas pimienta, y las lesiones que les produjo a un empleado judicial y a una pasante.
El caso podría caratularse a futuro desde “lesiones” a “tentativa de homicidio”, pasando por “privación ilegítima de la libertad”, según se dice.
También hay una investigación administrativa. Desde la Inspección General de Seguridad (IGS) informaron que son ocho los penitenciarios que han sido sumariados y que, por lo tanto, sólo podrán cobrar la mitad de sus sueldos mientras estén bajo la investigación.
“Es personal de jerarquía y vamos a sacar compulsa para la Fiscalía de Homicidios para que se los investigue por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es un asunto muy grave”, informaron desde el organismo que conduce Marcelo Puertas.
Los uniformados sumariados son los cinco penitenciarios que estaban en la sala 15 del Polo Judicial cuando se produjo el ataque a la fiscal Ríos, el oficial a cargo del fallido operativo, el director de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) que tendría que haber supervisado el traslado, y el director de traslados, quien tiene la jerarquía de alcaide.
Mejores requisas y audiencias virtuales
Por lo pronto, todos coinciden en que hay que reforzar y mejorar el sistema de requisas ya que, sostienen, el edificio del Polo Judicial es seguro porque tiene sistema de circulaciones diferenciadas, es decir que nunca interactúan los detenidos con el personal y los visitantes.
Por otra parte, se piensa que cuando los presos de alta peligrosidad deban enfrentar cualquier tipo de audiencia, incluso los debates, estos se realicen de forma virtual. Se trata, sobre todo, de los condenados a prisión perpetua, “que están jugados y no tienen nada que perder” o los homicidas. De esta forma se evitarán situaciones peligrosas, al tiempo que se ahorrará tiempo, dinero y personal.
Habrá que ver si esta medida es aceptada por los abogados defensores, que sienten resentido su trabajo si no están cerca de sus clientes. Además, habrá que acondicionar y equipar salas en cada uno de los penales para hacer los debates.
“Los empleados están preocupados por la situación. Han planteado una serie de cuestiones que entienden que son de seguridad. Les hemos dicho que esta tarde (por ayer) tenemos una reunión programada con los jueces, y mañana (por hoy) vamos a convocar una reunión a la que van a ir los administradores, el funcionario nexo con el Servicio Penitenciario para temas de seguridad y los representantes de los gremios de judiciales”, anunció Valerio en radio Mitre.
Y luego apuntó a los penitenciarios: “El Servicio Penitenciario es responsable de la persona privada de libertad, desde la unidad carcelaria hasta la sala de debates y del traslado”.
Sobre este punto nadie tiene dudas. El propio director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, reconoció que “la responsabilidad mayor” fue de su organismo y sostuvo que “hubo falla humana” en el operativo, en las requisas y en el paso del agresor por los detectores de metales.
