El 7 de septiembre pasado fue el primer llamado de atención en Mendoza para actuar rápido. Lo sucedido, principalmente en Guernica, Buenos Aires, empezaba a funcionar como un efecto “contagio” y en varios puntos del país comenzaban a armarse tomas de tierras. Mendoza no es la excepción y esto obligó a la conformación del grupo “anti tomas”.
Un fiscal especialmente designado y que es monitoreado por un fiscal en jefe, ayudantes fiscales y altas autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad, integran este conjunto que busca desactivar las usurpaciones.
Incluso intervienen profesionales de los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) para aquellos casos donde hay menores de edad involucrados, que suelen ser llevados por sus familias a este tipo de movimientos.
El fiscal Fernando Giunta -también integra la Unidad Fiscal de Tránsito- es quien está al frente de estas causas y tuvo su debut el último miércoles en la noche, tras un llamado al 911 sobre la existencia de unas 20 personas en un terreno de la bodega Espiño e Hijos, en Mayor Drumond, Luján de Cuyo.
El primer antecedente, y que motivó la creación de esta “fuerza”, fue lo sucedido a comienzos del mes pasado en El Bermejo, Guaymallén, donde los hechos duraron varias horas y hasta se viralizaron videos con intercambios de agresiones entre la Policía y los usurpadores.
“La idea es intervenir de forma rápida; actuar inmediatamente para que la situación no sea más compleja. La gente plantea que tiene problemas habitacionales y, una vez que se desactiva la toma, se les da intervención a las municipalidades”, explicó Darío Tagua, fiscal en jefe de la fiscalía Correccional y coordinador de esta nueva agrupación de la Justicia.
“Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. Es muy prematuro, pero podemos decir que está dando resultados. Decidimos poner un solo fiscal, para unificar criterios”, agregó el investigador.
“Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; y el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble". Así sanciona el Código Penal, con el artículo 181, a quien comete este tipo de ilícitos.
Mendoza en el último tiempo no ha tenido imputados ni condenados por usurpaciones, aunque reconocen que ahora las alarmas se encendieron por esta tendencia ilegal creciente en el país. “Se ha actuado preventivamente por lo que se ve en otras ciudades. Nos mantenemos comunicados de forma permanente a través de un grupo de WhatsApp con jefes policiales y del Ministerio de Seguridad, y ni bien tenemos una denuncia, se activan los protocolos”, comentó Tagua.
“Asiste al lugar personal de la fiscalía, mediadores y, si es necesario, la fuerza pública. No hay negociación con quien quiere usurpar; la gente que está ahí tiene que entender que debe cesar en esa práctica”, insistió el funcionario judicial.
Acción para el grupo
Hace poco más de un mes Los Andes publicó un artículo sobre la duplicación de denuncias y llamados al 911 por intentos de ocupaciones ilegales en diferentes departamentos. Si bien las autoridades reconocen esto, aseguran que lo ocurrido en Guaymallén y Luján fueron los episodios más complejos y que en el resto no se terminó de configurar este delito.
En el primer caso, vecinos de los barrios cercanos al Lihué se desplazaron hacia un baldío ubicado en calle Delgado, entre Capilla de Nieve y Colón. Testigos llamaron al administrador de un terreno que está en sucesión y este notificó la Policía. Fueron varias horas de tensión y antes del desalojo hubo corridas, postas de gomas y piedrazos.
Ese primer acontecimiento generó preocupación y motivó el armado del grupo “anti tomas”, que trabajó en Mayor Drumond esta semana. Unas 20 personas, integrantes de cinco familias aproximadamente, se reunieron en las inmediaciones de la bodega Espiño e Hijos, con las intenciones de instalarse.
Un denunciante aseguró que se estaba desarrollando una usurpación frente a sus ojos: “Están con palos y elementos para dividir los terrenos y delimitar lotes en el playón de la bodega”, detalló. A los pocos minutos, policías se hicieron presentes para desalentar los planes, lo que finalmente ocurrió.
“Tenemos claro que la clave es la agilidad para actuar, no permitir la usurpación. Si demoramos ya la situación cambia y hay que sacar a la gente y a los niños que se han instalado”, cerró el fiscal Tagua.
