La Justicia Federal suspendió el juicio por narcotráfico que debía enfrentar Diego Aguilera (48), hermano de Daniel “Rengo” Aguilera, ex líder de la hinchada de Godoy Cruz.
El Tribunal Federal 2 había fijado fecha, el 28 de agosto pasado, para el debate contra Diego Aguilera por ser el presunto líder de una organización distribución y comercialización de estupefacientes.
Se trata de una causa en el cual ya fueron condenados 13 integrantes y absueltas seis personas en septiembre de 2022, momento en que Aguilera se encontraba prófugo de la Justicia.
Las razones por las que el debate se suspendió fueron dos: el Ministerio Publico Fiscal solicitó al Tribunal la suspensión indicando razones de economía procesal. Diego iba a ser sometido a juicio junto a Raúl Eduardo Lucero. Pero además otro sospechoso, Gastón David Tur (35), debe enfrentar el mismo juicio.
El problema es que Tur fue detenido en mayo de este año y, por lo tanto, su expediente no ha sido aún elevado a juicio. Es por eso que se solicitó al Tribunal que se juzgue a los tres acusados en un solo debate.
Por su parte, las abogadas defensoras de “Asesino” o “Jefe” Aguilera –Gemina y Anahí Venier- solicitaron la suspensión por otras razones: la falta de comunicación que tienen las letradas con su cliente.
Es que el 6 de julio pasado el acusado fue trasladado desde la Unidad Penal Federal VI de Cacheuta hacia la Unidad Penal Federal 1 de Ezeiza, en Buenos Aires, por orden de la Servicio Penitenciario Federal.
“Solicitamos la suspensión del debate porque, desde que fue traslado el señor Aguilera, no hemos podido comunicarnos con él y, por lo tanto, no podemos realizar una defensa”, explicó Gemina Venier.
“Hemos solicitado al juzgado Federal 2 que vuelva a Mendoza y se respeten sus derechos constitucionales, que pueda tener contacto con sus familiares y abogadas. Estos traslados intempestivos están prohibidos por ley”, agregó la letrada.
Venier indicó también han interpuesto un pedido similar, pero ante la Cámara de Casación Penal, por Daniel Aguilera para que sea traslado de Ezeiza a Mendoza nuevamente para que siga cumpliendo con la condena de 12 años por narcotráfico.
Con este panorama, esta semana los jueces de Cámara Alberto Carelli, María Carolina Pereira y María Paula Marisi ordenaron que se amplíe la prisión preventiva dictada a Diego Aguilera y a Raúl Lucero por seis meses más o bien hasta día 12 de febrero de 2025, donde serán sometidos a un debate oral y público.
Problemas edilicios
Los jueces hacen mención a que “Tribunales Orales Federales de Mendoza cuentan con un problema fáctico: disponen de una sola sala de debate oral en la que se ventilan todos los juicios (comunes y de lesa humanidad). Se han habilitado dos pequeñas salas, pero son compartidas con los juzgados de instrucción, la Cámara Federal de Apelaciones, las secretarías de Ejecución Penal, las audiencias por videoconferencias con los establecimientos penitenciarios, las videoconferencias para cursos de capacitación y las audiencias de los dos tribunales orales”.
Esta situación se ha complejizado por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y la consecuente oralización de la investigación penal preparatoria.
Pedido de la familia Aguilera
El padre de Diego Aguilera presentó recientemente un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el traslado del imputado a Ezeiza, ante la dificultad para comunicarse o visitarlo.
“Mi hijo ha sido despojado del derecho a la dignidad absoluta que a cada ser humano le corresponde. Aún privado de libertad, está padeciendo un castigo moral, psicológico e inhumano, una tortura en contexto de encierro jamás contemplada por la Justicia”, dice el escrito.
Y agrega: “Se han violado sus garantías constitucionales y hasta el derecho de defenderse ante las autoridades judiciales; le han roto descaradamente su vínculo afectivo familiar, lo han privado de su libertad de expresión, del credo religioso, está soportando un trato degradante”.
Doce kilos de cocaína y armas
Durante la investigación liderada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez federal Marcelo Garnica se realizaron, entre el 5 y el 9 de abril de 2020, 37 allanamientos y se logró el secuestro de más de 12 kilos de cocaína, 23 armas de fuego y más de mil municiones.
El requerimiento de elevación a juicio sostiene que “se estableció la existencia de una organización delictiva, liderada por Diego Ramón Aguilera Maldonado -nombrado en la causa como “Negro”, “El Uno”, “El jefe” o “Diego”-, dedicada a la obtención, ocultamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, tanto en grandes cantidades como al menudeo, en la zona del Gran Mendoza, como así también en el Valle de Uco y en el Sur de la provincia de Mendoza, y que estos hechos habrían tenido lugar desde el inicio de la investigación que discurre en estos autos (a mediados de marzo del 2019) hasta el día 5 de junio del 2020″.
“El trabajo investigativo realizado por personal de la Policía de Mendoza comenzó tras una denuncia anónima. Primero se intervino una docena de teléfonos y comenzaron tareas de campo en el interior del barrio La Gloria, donde se detectó que hacían intercambios en calle Puerto San José, entre las manzanas A y B del barrio La Gloria donde se veían pasamanos de bolsos entre algunos sospechosos y se introducían en un hostel propiedad de los Aguilera”, añade el escrito.
Y cierra: “Ese era un lugar y punto de acopio, distribución, llegaba gran cantidad de supuesta mercancía y luego era repartida a diferentes personas las que salían con un bolsito. Todo esto surge a partir de las vigilancia que realizamos en el lugar las que a raíz de las circunstancias del lugar era bastante peligroso”.
